IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
- El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) registró 269 limitaciones de acceso a la información de interés público en los últimos tres años. De ellas, 91 alertas se contabilizaron en 2014; 84 en 2015 y 94 en los meses de enero a junio de 2016.
Las restricciones más frecuentes han sido las limitaciones arbitrarias de acceso a lugar, las limitaciones a la cobertura, que amenazan la integridad física de los comunicadores, y las limitaciones para consultar datos oficiales y contenidos en Internet. Su naturaleza responde a una estrategia que impide al venezolano tener información de interés público pertinente, veraz y oportuna sobre hechos y situaciones que le afectan directa e indirectamente.
De acuerdo a los registros históricos de IPYS Venezuela, las limitaciones de acceso a la información pública se agudizaron durante los primeros tres años de gestión presidencial de Nicolás Maduro, quien asumió este cargo luego del fallecimiento de Hugo Chávez, tras las elecciones que se celebraron en abril de 2013.
En 2013, predominaron las restricciones de acceso a la información en el entorno digital. Entre los casos que destacaron está el bloqueo de los dominios Bit.ly, un acortador de direcciones y localizadores web. La acción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dependencia del gobierno central, derivó en una acción de censura que impidió el acceso a contenidos publicados en Internet. Conatel inició estos procedimientos después de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, cuestionó en una alocución oficial, el 6 de noviembre de 2013, a varias páginas web que difundieron cotizaciones de moneda extranjera a precios distintos al establecido oficialmente por el gobierno nacional. Doce días después, el organismo inició procedimientos administrativos sancionatorios en contra de ocho proveedores web, y bloqueó 50 portales que difundieron información similar.
Estas restricciones al acceso de Internet, que comenzó con el bloqueo de portales, continuó en 2014 con acciones más directas y otras sutiles, como el bloqueo parcial en Twitter, ocurrido durante el conflicto de protestas civiles en el mes de febrero, y la lentitud e interrupciones en el servicio de Internet ABA -que ofrece la empresa estatal CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela)- que provee el servicio a más de 80% de los usuarios en el país.
IPYS Venezuela corroboró en el primer trimestre de 2014 que al menos 454 páginas web estaban bloqueadas desde los servicios de Internet de Venezuela. Esta medida de censura -que comenzó en noviembre de 2013- fue ordenada desde el gobierno contra 523 web[1], para evitar que se conociera información sobre el precio del dólar paralelo, debido al control cambiario y las restricciones para el manejo de las monedas extranjeras desde Venezuela. La medida se extendió también a portales que desplegaban distintos tipos de información.
Las 295 agresiones físicas registradas en 2014 determinaron la intención directa de impedir la cobertura reporteril acerca de situaciones de violencia y problemas sociopolíticos que se vivieron en el país
14 casos respondieron a amenazas de muerte por redes sociales, campañas de desprestigio, bloqueos, hackeos e intervención ilegal de las comunicaciones personales. En su mayoría, los afectados fueron periodistas, reporteros ciudadanos y activistas de DDHH.
[1] Este registro lo levantó IPYS Venezuela a partir de la lista http://orvtech.com/bloqueo-dns.txt
Opacidad en protestas ciudadanas
En febrero de 2014, San Cristóbal, capital del estado Táchira -en la frontera con Colombia-, fue el punto de inicio de una serie de manifestaciones que ocurrieron en las ciudades principales del país en los meses febrero, marzo y abril, que dejaron 43 muertos, según la información que ofreció el Ministerio Público. Durante la cobertura periodística de estas protestas, la inseguridad que vivieron los reporteros en la calle se evidenció con la mayor cifra de limitaciones por agresiones físicas y ataques contra las herramientas de trabajo, que IPYS Venezuela tiene en su registro histórico entre 2002 y el primer semestre de 2016. Las 295 agresiones físicas registradas ese año determinaron la intención directa de impedir la cobertura reporteril acerca de situaciones de violencia y los problemas sociopolíticos que se vivieron en el país.
Los 91 casos registrados en este contexto, comprendieron 38 limitaciones de cobertura por parte de funcionarios gubernamentales, 16 por grupos sociales y 12 por grupos criminales.
Mutismo en salud y economía
En 2015, los 84 casos de restricciones al acceso a la información púbica demuestra la situación de opacidad y mutismo que se ha impuesto en Venezuela y que afecta la labor periodística y restringe la posibilidad que los ciudadanos estén informados adecuadamente para tomar decisiones responsables sobre su vida en la sociedad. El registro más alto de este tipo ocurrió en el mes de diciembre, cuando hubo elecciones legislativas, y se registraron 26 limitaciones. La mayoría de estos impedimentos respondió a restricciones de hecho y acceso a los centros de votación durante la jornada electoral que tuvo alcance nacional.
En el 2015, IPYS Venezuela registró 37 limitaciones arbitrarias de acceso al lugar, en su mayoría a medios privados (29) por parte de actores estatales, específicamente de funcionarios de seguridad de instituciones públicas (10) y de cuerpos de seguridad del Estado (19). Las entidades con mayores restricciones al acceso a la información pública fueron el Área Metropolitana de Caracas (11), y los estados Monagas (6) y Mérida (3).
Las restricciones de acceso a la documentación pública oficial (9), no pasaron desapercibidas durante 2015. A lo largo del año no se conocieron los datos sobre los indicadores epidemiológicos, que debían ser difundidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Tampoco se conocieron los índices mensuales económicos, como la inflación (Índice Nacional de Precios al Consumidor), el Producto Interno Bruto (PIB) y escasez de productos, que debía ser difundida por el Banco Central de Venezuela (BCV). Estos dos registros aparecieron entre enero y marzo de 2016.
De igual manera, fue una constante el hecho de que altos funcionarios del poder ejecutivo negaran información a los periodistas en relación a la atención médica en los centros penitenciarios del país, los índices de criminalidad, y hechos de corrupción que pudiesen involucrar a funcionarios del Estado.
No solo los ministerios y sus dependencias obstruyeron el acceso a la documentación de interés público durante 2015. También los cuerpos de seguridad del Estado incurrieron en esta restricción. Así ocurrió con la Policía del Estado Monagas, que dio órdenes a sus funcionarios de prohibir a los periodistas el acceso a los libros de registros de emergencias del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar (Humnt) de Maturín, donde usualmente los reporteros de la fuente de sucesos consultan los datos acerca del número de heridos o fallecidos que ingresan al principal centro asistencial de ese estado.
Esta situación de mutismo en cuanto a la información de interés público se ha agudizado en Venezuela mientras que se han impuesto órdenes de censura y autocensura, en las que prevalece el silencio sobre asuntos que son de inminente interés público.
Otra de las limitantes que afectó las garantías periodísticas en 15 medios privados en el 2015 fue la inseguridad evidente que afecta a los periodistas para realizar cobertura en la calle. Por lo menos 18 de las violaciones ocurrieron por hostilidad del gobierno a través de los cuerpos de seguridad del Estado (16), específicamente, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), durante la cobertura de hechos noticiosos relacionados con la adquisición de alimentos y productos del hogar y aseo personal.
Estas acciones impidieron que periodistas, reporteros gráficos y reporteros ciudadanos recopilaran material periodístico. Este fue un patrón que empezó a surgir en diciembre de 2014 y se mantuvo durante los 12 meses de 2015.
Otros impedimentos recurrentes se dieron durante la cobertura informativa en marchas del sector oficial, protestas en la frontera colombo-venezolana y a lo largo del contexto electoral. También fueron una constante durante la cobertura de la fuente de sucesos, en la sede de la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses, conocida como la morgue de Bello Monte, y en diversos centros penitenciarios del país.
Hostilidad en la calle
Las limitaciones arbitrarias al derecho que tienen los periodistas de preguntar también han ocurrido en (2) oportunidades en los 6 primeros meses de 2016. Un caso emblemático ocurrió en el estado Aragua, en el que se limitó a los periodistas el acceso a la información y a la documentación pública. “Autoridades regionales imponen serias restricciones al trabajo de los periodistas de Aragua, toda vez que resulta imposible acceder a fuentes oficiales o estadísticas que corroboren las denuncias por parte de usuarios de la red social Twitter, sobre varios casos del virus Zika en la entidad”.
De enero a junio de 2016, la inseguridad a la que están expuestos los periodistas durante la cobertura en la calle se evidencia de manera continua
Las limitaciones de hecho al acceso a los funcionarios públicos, también han prevalecido en 2016. En, al menos, 5 oportunidades el alto funcionario no ha dado información a los periodistas en las fuentes de política (3) y comunidad (2). Entre los victimarios destacan: Cilia Flores, primera dama de la República, Eulogio Del Pino, ministro de Energía y Petróleo, Luis Salas, ministro de Economía, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Salvador Basile, director de Protección Civil en el estado Aragua, el General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, y el coronel Víctor Eloy Delgado, vocero principal del PSUV en el municipio Palavecino, y actual gerente de la Corporación Jacinto Lara.
En lo que respecta al acceso a las instituciones públicas, en 2016 se reportó el desalojo de un fotógrafo de la Prensa de Monagas del Hospital Núñez Tovar por parte de un funcionario de la GNB, cuando intentaba tomar una fotografía para reflejar el colapso del área de emergencia del centro asistencial.
Casos emblemáticos
El 12 /09 / 2014
Cobertura en salud sortea dificultades por opacidad oficial
El gobernador Tareck El Aissami acudió a la sede del Ministerio Público en Aragua, para solicitar una investigación judicial contra el presidente del Colegio de Médicos, Ángel Sarmiento, por por declarar, el 11 de septiembre de 2014, que en el Hospital Central de Maracay fallecieron ocho personas por un virus desconocido que presenta síntomas fiebre, dolores musculares, puntos rojos en la piel y hemorragias. El Presidente Nicolás Maduro amenazó con ejercer acciones legales contra 11 medios nacionales e internacionales, que presuntamente “promovieron una guerra psicológica contra el sistema de salud venezolano”. Desde el boletín 24, correspondiente a la semana del 8 al 24 de junio, hasta el número 36, el último que se publicó con fecha del 6 de septiembre de 2014, solo hay información general sobre la Chikungunya.
19/04/2016
Corresponsal colombiano fue retenido por tres horas durante cobertura
César Flechas, corresponsal de Caracol Radio, fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, cuando se encontraba haciendo una cobertura en los alrededores de un Abasto Bicentenario, en Caracas, donde un grupo de personas se encontraban haciendo fila para adquirir alimentos y productos de primera necesidad.
6/06/2016
Impidieron acceso a periodistas en juicio por desfalco a la Gobernación
Impidieron acceso a periodistas en juicio por desfalco a la Gobernación
El 1 de junio de 2016, personal de seguridad de un tribunal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, impidieron que Alexander Olvera y Gilbert Casadiego, periodistas de El Pitazo Informativo y el diario La Opinión, respectivamente, tuvieran acceso a una audiencia por el proceso que se sigue a un grupo de personas presuntamente vinculadas con un desfalco a la Dirección de Hacienda de la Gobernación de Cojedes. El hecho ocurrió en San Carlos, capital de esa entidad. El agente de seguridad les notificó que no podían tener acceso al proceso judicial por órdenes de “la jefa del Circuito Penal del estado Cojedes”. “El señor también nos dijo que si queríamos, podíamos esperar afuera”.
