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Misión Desconectar | Reporte trimestral IPYS Venezuela

  • Ciberataques y agresiones contra corresponsales extranjeros fueron los patrones crecientes para limitar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Venezuela en el primer trimestre de 2017

Por Indira Ramírez / IPYS Venezuela

Diez militares rodean, toman por la fuerza y agreden físicamente a una periodista venezolana a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Las imágenes el 31 de marzo, captadas en video e inicialmente difundidas por las redes sociales y los medios digitales de comunicación ilustran el deterioro del derecho a la libertad de expresión y la información en Venezuela, y fueron el inicio de un período de deterioro para el ejercicio periodístico y la democracia nacional.

Con el caso de la periodista de Radio Caracol Radio, Elyángelica González, cerró el registro de Ipys Venezuela sobre violaciones contra periodistas, trabajadores de los medios e infociudadanos durante el primer trimestre de 2017. Este es uno de los 82 casos de los que derivaron 139 violaciones a la libertad de expresión y la información, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017, meses en los que incrementaron los ataques y bloqueos contra el libre flujo de información en la web.

“No me van a callar” es la afirmación de Elyángelica González a pesar de que su agresión fue una demostración del poder estatal que busca con abuso, violencia e intolerancia desaparecer fotos, vídeos, tuits informativos e imponer las órdenes del silencio en las redacciones para dar cuenta de lo que ocurre en las calles del país

Las agresiones físicas, amenazas, intimidación y hostilidad contra reporteros y trabajadores de los medios de comunicación fueron las denuncias más reiteradas en este periodo. Con la historia de González comenzó una ola de represión contra los periodistas, que se ha extendido por más de 50 días en un marco de protestas ciudadanas continuas en gran parte del territorio nacional.

Entre enero y marzo de 2017 se mostró un recrudecimiento de la violencia en relación a la cobertura periodística, especialmente en la violencia contra los equipos reporteriles que estuvieron en la calle cubriendo los hechos de interés público. A simple vista se evidenció una reducción en el número de casos debido a que se produjo 16% menos incidentes que en el primer trimestre de 2016, cuando IPYS Venezuela registró 101. Sin embargo, el número de víctimas (183) de violaciones ha sido el mayor desde el año 2012.

 

La desconexión y aislamiento del país con las órdenes de bloqueos de los contenidos en internet, la expulsión de periodistas extranjeros, la censura y los amedrentamientos tuvo la intencionalidad de romper el debate público sobre los asuntos de interés nacional, desinformar y acallar las denuncias.

Responsabilidad estatal

El mayor victimario de estos actos de violencia contra la expresión fue el Poder Ejecutivo, con responsabilidad en el 61% de los casos; el Poder Legislativo fue el responsable del 5% restante de los obstáculos a la búsqueda, recepción o difusión de ideas e informaciones. No obstante, 34% de las 139 violaciones contabilizadas durante el primer trimestre fueron actos cometidos por actores no estatales, es decir, personas desconocidas, vinculadas a la delincuencia, civiles armados y directivos de medios.

A pesar de que el número de casos fue menor que en el primer trimestre de 2016, en este año el número de víctimas de violaciones a la libertad de expresión registró un aumento de 9% en relación al mismo período del 2016. Este año 183 personas, naturales (73) y jurídicas (110), vieron obstaculizado el ejercicio de ese derecho.

Los reporteros de las fuentes política y protestas fueron quienes resultaron más afectados por este contexto: 25 cubrían hechos políticos de interés público cuando fueron limitados en su trabajo, y 15 reportaban protestas. Los periodistas de la fuente comunitaria también sufrieron siete limitaciones. Estos hechos se dieron en un contexto en el que los ciudadanos estaban reclamando mejores condiciones básicas.  

La violencia como contraargumento

En el primer trimestre de 2017 prevaleció la violencia y la hostilidad. IPYS Venezuela registró 39 violaciones relacionadas con amenazas, ataques físicos y verbales contra periodistas y trabajadores de los medios en el ejercicio de su labor informativa, 32 ataques contra empresas de medios de comunicación, 28 restricciones de acceso a la información de interés público por hostilidad del gobierno, grupos políticos y sociales, y cinco detenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad del Estado, tres menos que en el año anterior.

Todas estas violaciones ocurrieron en un contexto de crisis social e inestabilidad institucional derivados del condicionamiento a la labor parlamentaria, a través de la vía judicial, que tuvo su máxima expresión en la anulación e conculcación de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Mediante las sentencias 155 y 156, con fechas 26 y 27 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como la prolongación del estado de excepción y emergencia económica, se precipita una crisis que, de acuerdo a la organizaciones de la sociedad civil, amenaza el ejercicio pleno y efectivo de derechos fundamentales, incluidos los derechos de asociación, reunión y expresión.  

Las 104 violaciones que comprometieron la integridad, seguridad y libertad de los periodistas, contabilizadas a inicios del año, mantienen una relación directa con la falta de garantías para el ejercicio sin presiones del periodismo, y constituyeron el 73% de las 139 violaciones registradas. Esto representó más de una al día.

Estas acciones abusivas y violentas encabezadas por cuerpos de seguridad del Estado, victimarios con los rostros cubiertos y grupos parapoliciales, junto con la impunidad y el irrespeto a las reglas democráticas, precipitaron el silencio e intensificaron en periodistas y ciudadanos el miedo a opinar e informar con libertad.

 

Internet vigilada

A principios de 2017 se consolidaron y agudizaron los patrones de violaciones que amenazan la libertad de expresión y el libre flujo de información en internet. El bloqueo y la vulnerabilidad del entorno digital en Venezuela, los ataques anónimos y selectivos contra servidores de medios de comunicación independientes y organizaciones defensoras de derechos humanos fueron tendencia. Esto ocurrió frente a un contexto en el que ha cambiado el ecosistema de medios en el país y ha predominado la práctica informativa a través de plataformas de internet, que han sido ventanas por las cuales los ciudadanos han logrado sortear la censura, que ha cooptado a los medios tradicionales.

De enero a marzo de 2017, se registraron 10 ciberagresiones de las que seis fueron ataques de Denegación de Servicio (DDoS). Uno de estos ataques fue masivo y afectó en el período de 72 horas a 10 portales de los medios independientes y organizaciones civiles. Entre los afectados estuvieron Caraota Digital, El Pitazo, Correo del Caroní, las ONG Acción Solidaria y Provea, y la Conferencia Episcopal Venezolana.

La ciberagresión ocurrió luego de que el portal web del programa televisivo Con el mazo dando, conducido por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, difundió el 3 de marzo de 2017 una nota en la que se acusaba a 45 organizaciones venezolanas de conspirar contra Venezuela. El motivo del señalamiento sería la petición de estas organizaciones a Luis Almagro, secretario general de la OEA, para que active la Carta Democrática al Estado venezolano.

Estos ciberataques se tradujeron también en acciones de hostilidad, declaraciones agraviantes por parte de altos funcionarios y agresiones físicas contra los trabajadores de medios digitales y defensores de derechos humanos. Al menos 80 de las víctimas de ataques a la libertad de expresión entre enero y marzo fueron organizaciones no gubernamentales y trabajadores o plataformas de medios digitales.

Aporrea.org  fue el primer caso de ataque DDoS registrado este 2017. Los contenidos de este medio estuvieron fuera de línea entre el 16 y el 20 de febrero de este año. Los administradores denunciaron que los ataques provenían principalmente de direcciones IP de Venezuela, Estados Unidos, Brasil y China. Sin embargo, IPYS Venezuela ha alertado que los agresores web pueden enmascarar sus identidades y ataques con el uso falso de los IP, que son las direcciones de conexión. De esta manera, las responsabilidades en las obstrucciones de la libertad en internet quedan diluidas.

Dólar Today y Maduradas.com, portales con una línea crítica al gobierno nacional, fueron bloqueados sin seguir un debido proceso durante este período. La web DólarToday, pese a tener dos años fuera de línea en el país, fue oficialmente bloqueada a partir del 26 de enero, acusada promover presuntamente hechos de desestabilización económica en el país, de acuerdo a declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Diez días después, el 7 de febrero, los cinco principales proveedores del servicio de internet aplicaron un bloqueo selectivo y por discriminación geográfica contra Maduradas.com. Esta organización realizó un monitoreo para determinar el alcance del bloqueo que afectó la circulación libre de los contenidos de Maduradas, inicialmente en 7 estados del país. La medida de censura persiste hasta la actualidad.

A lo largo de 2016 se registraron tres casos por ataque informático contra los portales Aporrea.org y Poderopedia; así como 36 ciberagresiones, la mayoría por intervención ilegal a cuentas en las redes sociales, ciberacosos, declaraciones agraviantes o señalamientos directos contra periodistas desde las plataformas digitales. IPYS Venezuela ha advertido que estos ataques y bloqueos amenazan los principios de acceso, pluralidad y libertad de la red sobre la promoción y protección de las garantías fundamentales de internet esbozados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otra amenaza contra contenidos específicos en internet fue la incertidumbre ante un posible apagón digital en 12 universidades del país. La presencia on line de las universidades públicas y autónomas, estuvo en riesgo por el incumplimiento en el pago de la membresía en el Registro de Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe (Lacnic, por sus siglas en inglés). Esta situación se extendió por un mes y se solventó con el pago de la deuda por parte del gobierno.

Fuera de circulación

Mientras se llevó a cabo esta serie de ataques contra los contenidos en internet, paralelamente, continuaron las acciones destinadas a cercar las labores de los medios impresos. En este período los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional se vieron irrespetados por el abuso, la discrecionalidad y los obstáculos burocráticos del gobierno, a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), en la asignación y venta de papel periódico.

El diario regional Notitarde, que circula en el estado Carabobo, redujo su paginación por problemas en la obtención de papel. De 32 páginas, ahora circula con 24. A través de un comunicado, y cuando celebraba 29 años de circulación, el diario El Nuevo País anunció el cambio en la periodicidad de sus ediciones por falta de papel. Desde ese día es un semanario. La Nación, único diario impreso que queda en Táchira, anunciaba que sus reservas de papel se agotaban. El anuncio de La Nación coincidió con la liquidación del Diario Católico. En total fueron cinco casos reportados en el primer trimestre que se suman a la lista de 48 medios impresos que han denunciado restricciones y problemas en la adquisición de materiales para la producción informativa.

Adiós a CNN

El anhelo presidencial de censurar y sacar la señal de la cadena internacional Cable News Network en español (CNN en español) del país, se cumplió tres días después con una sanción administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que prohibió a las cableoperadoras nacionales transmitir la señal de la televisora. La tarde del miércoles, 15 de febrero, a través de un comunicado firmado por su director general, Andrés Eloy Méndez, Conatel expresó: “sin argumento probatorio y de manera inadecuada difaman y distorsionan la verdad, dirigiendo las mismas a probables incitaciones de agresiones externas en contra de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”. Para entonces, IPYS Venezuela contabilizaba 18 alertas sobre violaciones a este medio o sus periodistas, entre 2013-2016.

La acción contra el canal constituyó una vulneración a los mandatos constitucionales de libertad de expresión, pero también una violación al debido proceso al no permitirle a esta empresa de comunicación defenderse de tales señalamientos.

Corresponsales expulsados

CNN no fue el único afectado. El gobierno agudizó su alergia a las miradas internacionales. Las acciones se extendieron a la prensa extranjera declarada non grata por las autoridades venezolanas. En un período de tres meses, a seis corresponsales extranjeros se les impidió ingresar al país o permanecer en Venezuela bajo el alegato de que habrían ingresado sin permiso de trabajo o presuntamente estaban ejerciendo actividades ilegales o de espionaje. Durante su encuentro con las fuerzas de seguridad y de inteligencia del país, algunos corresponsales sufrieron detenciones arbitrarias y la destrucción del material y de las herramientas de trabajo.

En un período de tres meses, a seis corresponsales extranjeros se les impidió ingresar al país o permanecer en Venezuela bajo el alegato de que habrían ingresado sin permiso de trabajo o presuntamente estaban ejerciendo actividades ilegales o de espionaje

El 22 de enero el corresponsal español, Aitor Saez de Deutsche Welle, estuvo retenido siete horas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por las autoridades de inmigración, y fue enviado de regreso a Colombia. Saez venía al país a cubrir una manifestación opositora.

Los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, junto con el equipo reporteril de la ONG Transparencia Venezuela -integrado por Jesús Urbina y María José Túa-, fueron detenidos arbitrariamente, sin orden judicial y durante 10 horas, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Esto ocurrió en la ciudad de Maracaibo, cuando realizaban tomas de una obra pública inconclusa que es parte de los proyectos de infraestructura asignados a Odebrecht durante el gobierno de Hugo Chávez, la trasnacional que está siendo investigada por cobro de comisiones.

El 23 de marzo los periodistas británicos Ian O’ Reilly y Stephen Sackur, de la BBC, que documentaban las condiciones de encarcelamiento de Leopoldo López, líder del partido opositor del partido Voluntad Popular,  permanecieron detenidos por 12 horas de acuerdo a información difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Los periodistas, acusados por los medios oficiales de “espías”, fueron expulsados de Venezuela.

Ese mismo día, en horas de la mañana, el periodista Patricio Nunes de canal 13 de Chile fue detenido por funcionarios policiales cuando grababa colas (filas) de personas para adquirir alimentos en un supermercado de Caracas. Los funcionarios escoltaron a Nunes hasta el hotel donde se hospedaba. Horas después el periodista chileno abandonó el país.

Desde 2016 el gobierno venezolano ha impedido el ingreso de 20 periodistas y colaboradores de la prensa extranjera. Venezuela es uno de los países de la región que pide más requisitos para el ingreso y permanencia de un periodista extranjero, así como para la acreditación de corresponsales en pautas o eventos públicos.

Al mando de la delincuencia

Desde enero hasta marzo, Ipys Venezuela registró 15 robos de equipos a trabajadores de la prensa y medios de comunicación. Las acciones perpetradas por personas al margen de la ley junto a la hostilidad gubernamental y de grupos parapoliciales incrementan los riesgos de la cobertura periodística en las calles e inhiben al reportero de ejercer su trabajo. Siete reporteros, dos reporteros gráficos, un corresponsal extranjero, un asistente de camarógrafo, tres emisoras y una sede regional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) fueron las víctimas por robo, y fue el Área Metropolitana de Caracas la zona donde se generó el mayor número de casos.

El Área Metropolitana de Caracas, la más afectada

El Área Metropolitana de Caracas, que aglutina municipios del Distrito Capital, Miranda y Vargas es la zona geográfica donde se concentró el mayor número de casos de violación a la libertad de expresión y la información en el primer trimestre de 2017. En total, se reportaron 20 casos en el Área Metropolitana de Caracas, de los cuales 10 ocurrieron en la ciudad de Caracas.

La mayoría de los reportes están relacionados con la negativa de las autoridades a permitir la cobertura de eventos oficiales, agresiones físicas contra periodistas en protestas o eventos cerca de sedes de órganos públicos o entes gubernamentales, y robos a mano armada contra periodistas en el campo de trabajo. Otros 14 casos afectaron el ejercicio libre del periodismo en todo el territorio nacional y 11 afectaron el flujo de información en internet.

En la región central del país -Aragua, Carabobo, Área Metropolitana de Caracas, Miranda y Vargas- ocurrieron 32 casos, de los cuales 17 fueron por agresiones físicas contra trabajadores de los medios de comunicación, cinco limitaciones de acceso a la cobertura de información de interés público, 10 casos donde se determinó que existió un uso abusivo del poder estatal, especialmente de grupos de seguridad. Algunos de éstos fueron el interrogatorio al que fue sometido el Locutor Rafael Hernández por denunciar el mal estado de un puente en el estado Vargas, y la censura interna en Aragua a un programa radial por permitir entrevistas a voceros críticos al gobierno de Nicolás Maduro. En estos cinco estados se registró el 38% de los casos.

En la región centro-occidental, integrada para este balance por los estados Cojedes, Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy y Zulia ocurrió el 15% de los casos. Los reporteros fueron los más afectados por estas violaciones, que se caracterizaron por intentos de ataques o ataques físicos, destrucción de las herramientas de trabajo, robos y limitaciones en la cobertura. Los corresponsales del portal independiente El Pitazo TV, en Yaracuy y Cojedes, sufrieron una campaña de agravios durante este período.

Diez violaciones se registraron en la región andina. En Táchira, Mérida y Trujillo los periodistas y ciudadanos vieron afectado el derecho a la libertad de expresión por robos de equipos a periodistas y medios de comunicación, y por la aplicación de censura interna en los contenidos periodísticos.

En los llanos y el oriente se registró el 5% de los casos. Tres en el estado Sucre y un caso en el estado Barinas

IPYS Venezuela reportó un caso de robo a un equipo de prensa de Diario de Guayana, en Bolívar.

Mandato internacional

Con este panorama el Estado venezolano acudió a la última sesión del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, que se celebró en Ginebra, Suiza, el pasado 16 de marzo. En el foro internacional se comprometió a adoptar 22 de las 30 recomendaciones hechas por 33 países sobre garantías y mejores condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y la información en el país. Este hecho se considera relevante debido a que en el primer ciclo del EPU, en el año 2011, el gobierno rechazó todas las sugerencias sobre libertad de expresión que dieron 13 Estados.

La atención internacional estuvo, especialmente, sobre acciones para garantizar el acceso a la información pública en un país opaco, donde los ciudadanos desconocen desde hace más de un año cifras socioeconómicas, necesarias para la toma de decisiones informadas.

En el discurso de los Estados fue recurrente el compromiso a la protección y la investigación imparcial de los casos que han perjudicado a la libertad de expresión en Venezuela. No obstante, 15 días después de la exposición del Estado venezolano en el foro mundial, se ha presenciado un recrudecimiento de las acciones destinadas a censurar y atacar a los medios y periodistas independientes, sobre todo en el contexto de las protestas ciudadanas que se desarrollan desde el 31 de marzo.

Ipys Venezuela ha registrado un accionar sostenido del Estado para imponer una voz única en los medios de comunicación social a partir del uso de la desinformación como estrategia política y órdenes directas de censura previa, al tiempo que las fuerzas de seguridad intimidan, detienen arbitrariamente, interrogan y hostigan a los trabajadores de los medios.

Con colaboración de la Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela Ana Karolina Mendoza (Zulia), Keren Torres (Lara), Dayana Rivas (Miranda), Gregoria Díaz (Aragua), Adriana Pérez Gilson (Falcón), Alba Perdomo (Bolívar y Delta Amacuro), Luis Javier Bazán (Portuguesa), Lorena Arráiz y Daniel Pabón (Táchira), Andrés Astudillo (Anzoátegui), Ronny Rodríguez (Monagas), Luis Borrero (Carabobo), Nairobi Rodríguez (Sucre) Miguel Cardoza (Apure), Aylin Hidalgo y Raúl Segovia (Trujillo).

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