El domingo 26 de septiembre de 2010, se presentaron incidentes entre los reporteros de medios de comunicación privados y militares del Plan República que impidieron el acceso a centros electorales o instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en varios puntos del país, durante el proceso electoral parlamentario.

El 15 de noviembre de 2010, Ángel Figueroa, funcionario encargado de defender los intereses gubernamentales en Upata, del estado Bolívar, en el sur del país, agredió físicamente al periodista Miguel Bellorín, de Radio Única 102.7 FM, tras irrumpir en las instalaciones de la emisora.

El viernes 7 de diciembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, máximo tribunal de Venezuela) ordenó una multa contra los diarios El Progreso y El Luchador, ambos de tendencia oficialista, del estado Bolívar, al sur del país, por 200 unidades tributarias (9.200 Bs.), como pena ante una demanda por protección de intereses difusos y colectivos, por la reiterada aparición de fotografías sangrientas de crímenes y accidentes en las páginas de sucesos de ambos diarios.

En la noche del jueves 14 de diciembre de 2012, desconocidos penetraron y destrozaron las instalaciones en la caseta intermedia de enlace por microondas de la televisora regional TV Guayana, ubicada en el Cerro de las Palmas, carretera vieja a Ciudad Bolívar, estado Bolívar (sur del país). Como consecuencia, la señal de la televisora quedó fuera del aire en esa ciudad.

El 16 de diciembre de 2012, Leonervis Hernández, Carla Ochoa y Andrehana Ortega, periodistas del Diario Primicia, de Ciudad Guayana, estado Bolívar (sur del país) indicaron que funcionarios del Plan República, les impidieron entrar a los centros de votación, para realizar la cobertura informativa de las elecciones de gobernadores y diputados regionales celebrados este domingo.

El 7 de octubre de 2012, se presentaron diversas limitaciones que obstaculizaron el acceso de la prensa a los centros de votación en Ciudad Guayana, estado Bolívar (oriente del país), por negativas arbitrarias de los funcionarios militares que custodiaban el proceso electoral.