Periodistas venezolanos conmemoran su día en medio de limitaciones informativas

• De acuerdo con el equipo de monitoreo de IPYSve, entre enero y el 25 de junio de 2020, se registraron 135 casos de vulneraciones a las libertades informativas que afectaron a 131 periodistas

• En el marco del Día Nacional del Periodista, IPYS Venezuela exige al Estado venezolano la liberación plena de comunicadores sociales y el cese de las detenciones arbitrarias contra estos profesionales

IPYS Venezuela, junio de 2020. El Día Nacional del Periodista se celebra en el país desde 1965 como una forma de honrar y homenajear la labor que los comunicadores realizan en pro de la sociedad. A lo largo de los años, el profesional de la comunicación ha sido un vehículo para informar y, al mismo tiempo, ha sido un motor esencial en la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información.

No obstante, en Venezuela, en los últimos años, el periodista se ha convertido en el foco de agresiones y ataques tanto en espacios físicos como en entornos digitales. Ha sido objeto de detenciones arbitrarias y de persecuciones, de amedrentamiento y de intimidación, de declaraciones agraviantes y de amenazas orquestadas desde diferentes frentes, principalmente desde el poder estatal.

La opacidad informativa, la censura, la autocensura y las complicadas condiciones para el ejercicio de sus funciones también dicen presente en el camino de los periodistas venezolanos. Pese a ello, el compromiso con los derechos ciudadanos parece seguir firme y el profesionalismo entregado a aquellos que no tienen voz da muestras de seguir intacto.

Labor obstaculizada. La labor de informar en el país atraviesa por momentos difíciles. Según el equipo de Monitoreo de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, entre enero y el 25 de junio de 2020, se registraron 135 casos de los cuales 131 fueron vulneraciones que afectaron directamente a periodistas, 71 de ellos mujeres y 60 hombres.

Igualmente, durante el Estado de Alarma decretado por la pandemia de Covid-19 en el país, los ataques contra los profesionales de la comunicación han continuado. Entre el 13 de marzo y el 25 de junio de 2020, se contabilizaron 83 casos de agresiones que afectaron a 82 periodistas. Tales ataques corresponden en su mayoría a agresiones físicas y a uso abusivo del poder estatal. Con respecto a los victimarios, los cuerpos de seguridad del Estado fueron los principales responsables de las agresiones contra periodistas, seguidos por los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro.

Profesión con retos. Indudablemente, la crisis que vive la nación ha incidido de manera notable en el desempeño laboral de aquellos que van tras la información. “En una Venezuela con una situación política, económica y social bien compleja, el ejercicio del periodismo se ha convertido en un acto heroico. De ser buscadores de noticias, ahora también nos hemos convertido en la noticia”, expresó Carolina Azavache, periodista del estado Amazonas.

El escenario se complejiza ante las reiteradas fallas en los servicios públicos que, de manera generalizada, se suscitan en las regiones venezolanas. “Hemos tenido que aprender a convivir con cortes eléctricos que van de entre 4 y 6 horas diarias. La electricidad y el internet se han convertido en dos grandes problemas para el buen desempeño de nuestras funciones”, indicó Johanny Pernía, periodista del estado Zulia. Los apagones junto a la inestabilidad del internet y de la señal telefónica son, sin duda, los impedimentos más frecuentes a lo largo del territorio nacional. “En el estado Táchira se va la electricidad entre 12 y 15 horas diarias en muchos sectores, incluyendo San Cristóbal, lo que impide trabajar”, señaló Judith Valderrama, periodista de la entidad tachirense.

Otra de las barreras que deben sortear los profesionales de la comunicación es el suministro del combustible, ya que compromete su movilización hacia los sitios donde se registran hechos noticiosos. “Los periodistas de la región también se han visto limitados en su ejercicio ante la grave escasez de gasolina que se ha venido presentando en la entidad, inclusive meses antes que se decretaran las medidas de cuarentena por la propagación del Covid-19”, detalló Gregoria Díaz, periodista del estado Aragua. 

La recurrente negativa de los voceros oficiales para dar datos relacionados con temáticas que les compete, se cuenta también entre los retos. “El acceso a la información en la entidad llanera es limitado por los entes gubernamentales que no ofrecen información oficial acerca de temas de interés para la población”, manifestó María Eugenia Díaz, periodista del estado Apure.

Todo lo anterior péndula en torno a un desafío aún mayor y es la concepción del comunicador social que tienen los funcionarios públicos en algunas regiones y que es extrapolable al resto del país. “Existe en la entidad una criminalización del periodista, sobre todo de aquellos que se dedican al periodismo independiente”, reveló Ricardo Tarazona, periodista del estado Yaracuy.

Reivindicaciones pendientes. Ante la realidad que enfrentan los comunicadores sociales del país, y en el marco del Día Nacional del Periodista, desde IPYS Venezuela exigimos al Estado venezolano:

• La plena liberación de los periodistas que han sido víctimas de procedimientos judiciales irregulares y a los que se les ha aplicado medidas de excarcelación incongruentes bajo la justificación de la aplicación de la justicia. Citamos concretamente los casos de los comunicadores Darvinson Rojas, Carol Romero, Eduardo Galindo, Arnaldo Sumoza, Jorge Cortez, Marco Antoima y María Luisa “Mimi” Arriaga. 
• El cese de las detenciones arbitrarias contra los profesionales de la comunicación, cuyo motivo subyacente ha sido informar sobre temas de interés público y significación social, tales como la pandemia de COVID-19 y la distribución de combustible, entre otros.
• La debida protección y resguardo de los periodistas durante el desarrollo de su labor informativa, así como también el respeto a su integridad. La seguridad de los comunicadores es un requisito indispensable para que estos cumplan con su trabajo, de gran relevancia en las sociedades democráticas.
• El respeto al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, dos garantías fundamentales no solo de los profesionales de la comunicación, sino también de toda la ciudadanía.
• El cese a la persecución y al ataque sistemático contra los periodistas y contra toda la prensa. Los profesionales de la comunicación no deben ser bajo ningún concepto el objetivo de agresiones del Estado, ni de sus fuerzas de seguridad ni de sus simpatizantes.
• El cumplimiento de las leyes y el ordenamiento jurídico nacional, especialmente de la Constitución de la República, norma suprema que consagra los derechos informativos de todos los venezolanos.   
• El seguimiento y la aplicación de las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), que han hecho exhortaciones en materia de libertades informativas, incluso durante coyunturas sanitarias globales.   
• El fin de la criminalización y de la satanización del periodista como profesional y, más aún, del periodismo como práctica. Brindar información de manera responsable, veraz y oportuna no debe considerarse como un delito en una sociedad democrática.