Balance IPYSve | Continúa la asfixia contra la libertad de expresión

En mayo el IPYS Venezuela evidenció cómo el poder sigue aplicando diferentes mecanismos para asediar a quienes promueven la libertad de expresión y las garantías informativas en el país. Este cerco pretende regular y criminalizar el trabajo de periodistas, activistas, medios de comunicación y organizaciones civiles que velan por los derechos humanos y la libertad de prensa como pilares de una sociedad democrática.

A continuación presentamos los datos más importantes que se evidenciaron durante el quinto mes de 2022 en el país:

• Luego que el pasado 15 de abril la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista iniciara la discusión del anteproyecto de “Ley de Cooperación Internacional” para luego ser elevada a la plenaria del Legislativo, el 18 de mayo 500 organizaciones y 250 personas de la sociedad civil suscribieron un pronunciamiento en el que rechazan la discusión y aprobación de dicho instrumento legal que, de ser promulgado, representaría un mecanismo de persecución por parte del gobierno que violaría el derecho a la libertad de asociación y la autonomía de las organizaciones no gubernamentales, y truncaría el trabajo a favor de los derechos humanos. 

Entre las disposiciones del proyecto de esta normativa están darle la potestad al Ejecutivo Nacional para reservarse el reconocimiento de las asociaciones civiles para recibir cooperación internacional y regular el financiamiento extranjero, y la obligación de las organizaciones a suministrar información a las autoridades públicas sobre su constitución, estatutos, actividades, fuentes y destinos de sus recursos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) exhortaron al Estado venezolano a abstenerse de aprobar la nueva ley. Mientras que organizaciones regionales defensoras de la libertad de expresión rechazaron la propuesta legislativa “que supone un riesgo para la existencia de las organizaciones sociales y civiles en el país”.

• Los bloqueos a los portales informativos en Venezuela continuaron aplicándose de forma constante durante el quinto mes del año. Así lo pudo comprobar el equipo de monitoreo del IPYS Venezuela a partir de 1.440 mediciones realizadas a través de la metodología del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI Run), a 45 medios de comunicación nacionales e internacionales y sus dominios alternos, así como a redes sociales y páginas de organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre el lunes 23 y el viernes 27 de mayo.

Del total de las mediciones, 479 arrojaron evidencias de bloqueos por parte de las empresas privadas Digitel (168), y Movistar (165), siendo estas las principales ejecutoras de la censura en la red durante los días observados, mientras que la estatal CANTV fue responsable de 146 limitaciones de acceso. Estas acciones restrictivas perjudicaron a 21 dominios de 20 medios de comunicación a través de bloqueos de DNS (345) y HTTP (134).

Los medios nacionales Armando.info, Efecto Cocuyo, La Patilla, AlbertoNews, Caraota Digital, Noticia al Día y Monitoreamos aparecieron bloqueados en 31 ocasiones cada uno desde las tres operadoras. Luego se ubicaron El Pitazo, Crónica Uno y El Nacional con restricciones en 21 oportunidades para cada portal. Aporrea y Runrunes completaron esta lista con 10 y una prueba de bloqueo, respectivamente.

En el caso de los medios internacionales y las OSC, la lista de evidencias de impedimentos estuvo encabezada por NTN24 (31) y Vivo Play (30), medio que también sufre limitaciones de acceso a través de su dominio alterno Mi Vivo Play, el cual registró 15 episodios de censura bajo la modalidad HTTP que se constataron en CANTV y Movistar. Los otros portales que arrojaron interrupciones fueron VPItv (21), Infobae (21), EVTV (20), El Tiempo de Colombia (20), y las organizaciones Mi Convive (21) y Acceso a la Justicia (9).

Las libertades informativas en el espacio digital siguen siendo obstaculizadas por los prestadores del servicio de internet en Venezuela. Esta organización y otras como VE sin Filtro han insistido recurrentemente a las autoridades públicas el cese de estas acciones que restan posibilidades de acceso a la información a los ciudadanos en todo el país.

• Las fallas de estructura también persistieron en mayo. Durante este tiempo el IPYS Venezuela constató 35 casos que afectaron las telecomunicaciones en el país y las operaciones de una emisora radial. De acuerdo con el registro, 21 de los hechos fueron causados por incidentes desconocidos, mientras que siete fueron producto de apagones o cortes eléctricos y otros siete, por cortes de fibra óptica. Las entidades más afectadas por estos incidentes fueron el Área Metropolitana de Caracas y el estado Aragua, con 11 sucesos cada una, seguidas por Lara (8) y Anzoátegui (6).

Los proveedores de internet que presentaron más dificultades de conectividad fueron la estatal CANTV, con 16 casos, e Inter, con ocho incidentes. Estas empresas tienen respectivamente el primer y tercer lugar en número de suscriptores al servicio de internet a nivel nacional, según cifras de 2020 publicadas por la Conatel el pasado marzo. De acuerdo con Libertades digitales en riesgo, el Reporte Anual Derechos Digitales 2021, publicado por IPYS Venezuela el pasado 16 de mayo, en 2021 “La falta de mantenimiento e inversión, y las carentes medidas de seguridad para proteger los equipos de conexión de operadoras fijas y móviles ocasionaron interrupciones temporales y continuas en todas las entidades del país”.

• En las últimas semanas destacó el inicio del juicio del periodista Roland Carreño, detenido arbitrariamente desde el 26 de octubre de 2020. La primera sesión judicial estuvo pautada para el 2 de mayo, pero la misma fue diferida, situación que se repitió con la segunda y la cuarta audiencia, tal como informó la defensa. Los abogados de Carreño destacaron que dos de los testigos de la Fiscalía presentaron relatos contradictorios de lo ocurrido cuando el comunicador fue encarcelado, lo que sigue dejando en evidencia las irregularidades dentro del caso.
• Otra arremetida del Estado contra la libertad de expresión fue representada mediante la demanda por “difamación agravada continuada” interpuesta por Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, contra Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), y Alfredo Infante, sacerdote jesuita y coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, dos meses después de que estos activistas exigieron investigar al mandatario regional por su presunta responsabilidad por los homicidios perpetrados por PoliCarabobo durante 2021. La notificación de demanda fue enviada el 16 de mayo por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo penal en función de juicio del estado Carabobo, a cargo del juez Luis Francisco Ovalles Landaeta. El 23 de mayo, la organización Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente dirigida a Lacava para exhortarlo a retirar la demanda contra Alvarado e Infante.
• En el estado Lara el periodista Daniel Oviedo fue víctima de amenazas y una campaña de desprestigio, insultos y agravios a través de la red social Instagram, posterior a la publicación de una nota informativa en el portal Noticias Barquisimeto sobre denuncias de mujeres víctimas de aparente mala praxis por parte de varios médicos en la entidad larense. A través de la cuenta en Instagram @justiciavnzuela_rs fueron publicadas fotografías de Oviedo con mensajes que desprestigiaban la labor informativa del reportero y que promovieron ataques y amenazas contra el periodista a través de su perfil en la red social. La campaña, iniciada por actores sin identificar desde finales de abril, se extendió hasta los primeros días del mes de mayo cuando la persona con el usuario @joseabel__ amenazó a Oviedo en varias publicaciones de la cuenta del comunicador. El reportero dijo al IPYS Venezuela que denunció las amenazas y el hostigamiento digital ante las autoridades locales para dar inicio a las investigaciones correspondientes.
• El 20 de mayo se hizo de conocimiento público el decreto de archivo judicial del caso del periodista Eduardo Galindo, quien tenía un proceso jurídico y arbitrario desde 2020 cuando estuvo detenido por 19 días junto a su esposa y a su sobrino por supuesta difusión de información falsa e incertidumbre pública, así como resistencia a la autoridad. Esta acción por parte del juez del Tribunal Tercero de Control del estado Apure ocurrió posterior a la petición de la defensa a falta de más pruebas por parte del Ministerio Público para continuar el caso. La decisión cesó las medidas cautelares que pesaban sobre Galindo y su familia, entre las que se encontraba un régimen de presentación cada 15 días y la prohibición de salida del estado Apure. Aunque el archivo judicial suspende las acciones restrictivas sobre la familia Galindo, el caso no está completamente cerrado, por lo cual el IPYS Venezuela exige el sobreseimiento de la causa a toda cuenta de ser un procedimiento arbitrario y cargado de serias violaciones a los derechos fundamentales del periodista y su familia.
• En el estado Barinas, la emisora Topacio 101.5 FM cesó sus operaciones por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el 20 de mayo. Funcionarios del organismo regulador, un representante del Ministerio Público y más de 50 efectivos oficiales obligaron a cerrar arbitrariamente la radio ubicada en Barrancas, en el municipio Cruz Paredes de la entidad llanera. Esta es la sexta emisora sacada del aire en el país por la Conatel durante 2022.

• El 17 de mayo fueron suspendidos las dos emisiones del noticiero “UniTV Noticias” y el programa de entrevistas informativas “Así comienza la tarde” de la parrilla del canal de televisión por cable UniTV del estado Nueva Esparta. Manuel Aceituno, gerente del medio, informó al personal que la medida se debía a la factibilidad económica del canal, situación que lo llevó a cambiar el esquema dentro de la televisora, eliminar todos los contenidos informativos y minimizar su personal. Aceituno destacó que aunque el medio continuará con sus operaciones, ahora solo transmitirá películas y series de entretenimiento. Esta medida dejó sin empleo a cuatro periodistas y seis trabajadores de la prensa.

Con la salida del aire de los espacios informativos de UniTV, cuya señal abarca nueve de los 11 municipios que conforman Nueva Esparta, aumentan los desiertos de noticias en la entidad insular. La crisis económica que ha atravesado el país ha sido un victimario indirecto que ha impactado a los medios de comunicación, los cuales han recurrido a reducir su programación informativa por baja rentabilidad, y se han visto forzados a migrar a la web o cesar sus operaciones de manera definitiva.

• Las instituciones y sus funcionarios siguen valiéndose de la inexistente separación de poderes y de la falta de procesos contralores para amordazar a quienes informan, disienten o exigen el cumplimiento del debido proceso. El IPYS Venezuela continúa firme en su rechazo al avance de normativas cuyo objetivo es institucionalizar la censura y la criminalización del trabajo humanitario, así como a las acciones restrictivas que se mantienen en los espacios públicos y digitales. El Estado venezolano sigue dejando de lado el cumplimiento irrestricto de sus responsabilidades y de los derechos de los ciudadanos.