Balance IPYSve | Violencia y persecución contra la prensa marcaron inicio de 2022

• Las campañas de descrédito contra periodistas y medios de comunicación, así como las restricciones de acceso a la información durante jornadas electorales, destacaron como evidentes patrones de censura durante enero

• A más de un mes del asesinato del comunicador popular José Urbina en Apure, aún se desconocen sus responsables y el Ministerio Público continúa sin pronunciarse

• Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y los simpatizantes oficialistas figuraron como los principales victimarios de los hechos registrados en las primeras semanas del año

Las limitaciones, agresiones y atropellos a la prensa continuaron durante enero de 2022, período en que el equipo de Monitoreo de IPYS Venezuela, con apoyo de su Red Nacional de Corresponsales, registró 19 casos que representaron 26 violaciones a las libertades informativas. Estas vulneraciones comprendieron un asesinato; un caso de censura; siete agresiones y ataques; siete restricciones de acceso a la información y 10 episodios de discurso estigmatizante.

En estos hechos de persecución se vieron afectados 33 trabajadores de la prensa, nueve medios de comunicación, dos organizaciones de derechos humanos, un activista por los derechos humanos, y fue sacado del aire un programa radial de corte informativo. Del total de víctimas, 24 fueron hombres y 10 fueron mujeres. Los principales agresores durante el primer mes de 2022 fueron los cuerpos de seguridad del Estado, con 11 registros, y los simpatizantes oficialistas, con ocho. 

Homicidio a la libertad de expresión

La noche del 10 de enero fue asesinado el comunicador popular José Gregorio Urbina, director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, en su vivienda en Puerto Páez, en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, por hombres desconocidos, quienes le propinaron 27 impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo.

1/3 #AvanceIPYSve | El comunicador popular José Gregorio Urbina, director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, fue asesinado la noche de ayer #10Ene en su residencia en el municipio #PedroCamejo del estado #Apure a manos de grupos armados que operan en esta zona fronteriza pic.twitter.com/i60pIHwh3L

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) January 11, 2022

Urbina, de 49 de años, quien era coordinador parroquial del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en Puerto Páez y formó parte del Movimiento V República (MVR), era conocido por denunciar constantemente irregularidades y atropellos por parte de los cuerpos de seguridad y los grupos criminales que operan en esta zona fronteriza del territorio venezolano con Colombia. 

Hasta la fecha de publicación de este balance aún se desconoce la información sobre los victimarios. Sin embargo, el pasado 13 de noviembre de 2021 Urbina denunció públicamente haber sido amenazado por el teniente coronel Ramón Sánchez, comandante del destacamento de la Guardia Nacional acantonado en Puerto Páez, y responsabilizó al oficial de lo que le ocurriera a su integridad física o cualquier persona de la comunidad mencionada.

Cuatro días después del asesinato, el viernes 14 de enero, una delegación del Buró Político del Comité Central del PCV consignó un documento dirigido a Tarek William Saab, fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, para denunciar el homicidio de Urbina y exigir al Ministerio Público (MP) acelerar la investigación para identificar y procesar a los culpables.

A más de un mes del asesinato del comunicador popular, ni Tarek William Saab ni el MP se han pronunciado al respecto.

Con el homicidio de José Urbina suman tres los comunicadores populares vinculados a la política y a las fuerzas de izquierda que son asesinados desde 2020. En Güiria, estado Sucre, José Carmelo Bislick, productor y moderador del programa “El pueblo en combate”, que salía al aire por la emisora Omega 94.1 FM, fue asesinado el 18 de agosto de 2020 por grupos irregulares. Tres días después, el 21 de agosto, Andrés Eloy Nieves Zacarías, de la televisora comunitaria Guacamaya TV, en Cabimas, estado Zulia, fue ejecutado por efectivos de las Fuerzas Armadas Especiales (FAES).

Cobertura electoral limitada

Las restricciones y atropellos a la prensa se han convertido en un patrón de censura constante durante los procesos electorales en el país. En enero tuvieron lugar los comicios regionales en el estado Barinas y la recolección de firmas para el referendo revocatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro, el 9 y el 26 de enero, respectivamente. IPYS Venezuela denunció 15 vulneraciones en total vinculadas a estos eventos, de las cuales siete fueron restricciones de acceso a la información y seis representaron agresiones y ataques.

El 26 de enero las labores de seis trabajadores de la prensa se vieron afectadas en tres entidades del país durante la jornada de recolección de firmas para activar el referendo revocatorio contra Maduro. Los reporteros afectados fueron Pilar Guerra, corresponsal de Venezolanos por la Información (VPITV); Mango Noticias y Termómetro Nacional; Alexander Olvera, de Moda 105.1 FM y Gregorio Villalonga, de Unión Radio, en Cojedes; Andreina Ramos, por VPITV y Yelitza Figueroa, por Crónica Uno, en Lara, y Juan Carlos Neira, fotógrafo de Noticiero Digital, en Caracas.

La prohibición de tomar fotografías, las órdenes de hacer la cobertura a determinado perímetro de distancia, la intimidación y los ataques fueron los mecanismos de censura ejecutados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y simpatizantes oficialistas. 

De manera similar, ocho reporteros fueron limitados por efectivos militares durante la repetición de los comicios electorales llevados a cabo el domingo 9 de enero para elegir al gobernador del estado Barinas. Intimidación, restricción de acceso a los centros de votación y órdenes de eliminar material informativo afectaron las labores de Fabiana Barrera, del diario La Prensa de Táchira; Reynaldo Mozo y Mairet Chourio, del medio digital Efecto Cocuyo; Yelitza Figueroa, corresponsal de Crónica Uno; José Leonel Gutiérrez, de Radio Fe y Alegría; Wolman Linares, por el portal Ok Prensa 24, Rayner Peña de la agencia EFE y Pilar Guerra, de VPITV.

Otros dos hechos vinculados a las elecciones regionales en la entidad llanera se registraron previo a los comicios. El viernes 7 de enero, el periodista Dimas Medina fue amenazado por Kardum Chariti, director de la emisora Impacto 107.1 FM, ubicada en el municipio Barinas, luego de denunciar vía Facebook y WhatsApp que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Jorge Arreaza prohibieron cubrir la campaña política del opositor Sergio Garrido en las radios de Barinas. Cuatro días antes, el 3 de enero, la Comisión, en compañía de efectivos de la GNB, ordenó sacar del aire el programa “Zamora en Unidad” que se transmitía por Ecos de Venezuela 91.1 FM. Su contenido se basaba en la campaña de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y era conducido por el locutor Luis Machado.

Pese a que el programa se transmitió por otras emisoras después de este incidente, la suspensión inicial de “Zamora en Unidad” fue el sexto caso en el que un espacio informativo o de opinión en Barinas fue censurado por medidas de la Conatel o presiones de funcionarios públicos en los días posteriores a las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre.

Persecución desde el poder

Durante el primer mes de 2022 las campañas de difamación contra periodistas y la criminalización de su labor informativa marcaron un mecanismo de persecución discursiva ejecutado principalmente por figuras y portales pro oficialistas. En enero IPYS Venezuela registró 10 hechos de discurso estigmatizante que perjudicaron a 18 comunicadores, nueve medios de comunicación, dos organizaciones defensoras de derechos humanos y un activista por los derechos humanos.

El 22 de enero, Mario Silvia, diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, criminalizó a través de su programa “La Hojilla”, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), el trabajo informativo del periodista de investigación Roberto Deniz. Cuando Silva hablaba con la abogada Indhiana Parada, integrante del equipo de defensa de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se refirió a Deniz como “mercenario mediático”.

En la emisión también fue transmitido un video del portal pro oficialista Venezuela News llamado “Reporte Internacional”, en el que la internacionalista Laila Tajeldine señala a los periodistas Roberto Deniz, Alfredo Meza y Luz Mely Reyes de servir “para generar matrices consonantes de la política de persecución norteamericana”, además de acusar a Deniz de trabajar en una “mafia de extorsión de empresas” donde solicita dinero para no publicar información de los aparentes actores que extorsiona.

Tres días antes, el 19 de enero, Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020 y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), también utilizó su programa en VTV, “Con el mazo dando”, como ventana para exponer y señalar de ladrones a los comunicadores Leopoldo Castillo, Luis Carlos Díaz, Naky Soto, Carla Angola, Alberto Rodríguez Palencia, Rafael Poleo y Alberto Ravell. El número dos del chavismo dijo que “se buscan por ladrones todos” mientras mostraba afiches con las frases “Se busca” y “ladrón” acompañadas por las fotos de los periodistas.

Cabello también mencionó la campaña de desprestigio ejecutada desde el 4 de enero por el empresario vinculado al chavismo y director general del canal La Tele Tuya (TLT), Esteban Trapiello, quien en su cuenta de Twitter publicó una serie de tuits en los que acusó sin pruebas a los periodistas Alonso Moleiro, Román Lozinski, Leopoldo Castillo, Carla Angola, Alberto Rodríguez Palencia, Luis Carlos Díaz, Gabriel Bastidas, Pedro Pablo Peñaloza, María Teresa Romero, Elizabeth Fuentes, Naky Soto y Carlos Correa, director de la organización defensora de derechos humanos Espacio Público, y más recientemente al periodista Roland Carreño, quien se encuentra detenido desde el 26 de octubre de 2020, de pertenecer a una supuesta lista de “1.600 enchufados” vinculados con el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. El vicepresidente del PSUV retuiteó varias de estas publicaciones.

Otros señalados por Trapiello como “enchufados” y ladrones fueron los medios Caraota Digital, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, TVV, VIVOPlay y La Patilla.

Por otro lado, el 7 de enero, mientras se desarrollaban los señalamientos de Trapiello, el portal Venezuela News publicó un artículo en el que desacreditan a periodistas y medios de comunicación. En el texto se señala a los medios Efecto Cocuyo, El Pitazo, Armando.Info y Runrunes como “mercenarios mediáticos” y extorsionadores. También se acusa al periodista Roberto Deniz de encabezar una banda de “ciberperiodistas” y al entrevistador peruano Jaime Bayly de “conspicuo mercenario”, además de difamar las labores de IPYS Venezuela y Espacio Público, organizaciones que velan por la libertad de expresión.

Comunicación interrumpida

A lo largo de enero las fallas de estructura fueron constantes, pues cada semana se registraron tres o más incidentes de esta naturaleza, los cuales resultaron en 18 casos que afectaron la conectividad y el trabajo periodístico durante el mes. En dicho período, 18 estados del país experimentaron estos impedimentos, los más impactados fueron Táchira, con siete casos; Delta Amacuro, con cinco, seguido por Apure, Barinas, Mérida, Monagas y Portuguesa, con cuatro acontecimientos cada uno. 

Las causas más frecuentes de estas limitaciones fueron los apagones y cortes eléctricos producto de las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con ocho casos, mientras que los cortes de fibra óptica causados por delincuentes produjeron cinco casos. En Guanare, estado Portuguesa, la emisora Universal 101.3 FM quedó fuera del aire el 18 de enero por una falla eléctrica que dañó su transmisor.

IPYS Venezuela registró tres fallas masivas que afectaron a cinco o más entidades al mismo tiempo.

La primera ocurrió el 6 de enero, cuando usuarios del internet de la estatal Cantv y de los datos del proveedor privado Digitel denunciaron deficiencias en estos servicios en varios estados del país. La Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela confirmó la caída de Digitel en Apure, Carabobo, Cojedes, Falcón, Miranda, Monagas y Nueva Esparta desde las 6:00 p.m. aproximadamente. Fran Monroy Moret, periodista especializado en telecomunicaciones, informó en su cuenta de Twitter que la caída de Digitel se originó por una falla importante de electricidad en el “corazón” de la operadora. ABA de Cantv, por su parte, falló en Apure, Carabobo, Cojedes, Monagas, Portuguesa y Táchira.

1/3 #AvanceIPYSve | Usuarios reportan fallas del internet de Cantv y de la señal de voz y de datos de Digitel en varios estados del país este #6Ene.

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) January 7, 2022

El 18 de enero, corresponsales de IPYS Venezuela en Apure, Cojedes, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida y Táchira reportaron la caída de la señal de datos de Digitel y Movistar tras fluctuaciones eléctricas y apagones en dichos estados aproximadamente a las 12:00 p.m. De acuerdo con una nota de El Pitazo, los estados Zulia, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Miranda, Vargas y Trujillo también se vieron perjudicados durante este evento. El medio informó que “La afectación del servicio eléctrico se debió a una falla en el Sistema Interconectado Nacional, específicamente en la subestación Yaracuy”, según un reporte de la Corporación Eléctrica Nacional que obtuvo El Pitazo.  A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Energía Eléctrica se refirió al hecho como “una nueva arremetida” contra el SEN.

Una semana más tarde, el 25 de enero, el observatorio VE sin Filtro reportó la caída de la conectividad nacional a 89 % tras un bajón eléctrico ocurrido a las 3:40 p.m. Los estados afectados fueron Barinas, con 52 % de su conectividad normal, Trujillo (70 %), Táchira (84 %), Portuguesa (86 %), Mérida (88 %) y Aragua (91 %).

IPYS Venezuela ve con preocupación que el acceso a la información de interés público se ha visto cada vez más reducido por las medidas arbitrarias impuestas por organismos e instituciones públicas, escenario que aumenta los agravios y obstáculos contra la libertad de expresión en el país. Esta organización denuncia, además, que mientras los canales estatales son empleados para hostigar a las voces disidentes de los intereses del poder, el Estado se mantiene en inacción al no garantizar la seguridad de los ciudadanos y perpetuar la impunidad, como en el caso del homicidio del comunicador popular José Urbina.