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Balance IPYSve | Medio año de limitaciones informativas

17 diciembre, 2021

  • IPYS Venezuela registró 116 denuncias que mostraron patrones de abuso de poder estatal, restricciones de acceso a la información pública y persecución hacia periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, entre julio y las primeras dos semanas de diciembre de 2021

  • Con 57 registros, noviembre se posicionó como el periodo con el número más alto de casos reportados, 41 de ellos ocurridos durante los comicios regionales efectuados el 21 de ese mes

  • Durante este tiempo la radio venezolana se vio afectada por el cierre de cuatro emisoras y la salida del aire de 12 programas noticiosos y de opinión debido a decisiones arbitrarias o presiones políticas

Las agresiones, amenazas, la censura y las restricciones de acceso a la información pública fueron las limitaciones más frecuentes que coartaron el libre ejercicio de la prensa durante los últimos seis meses de 2021. En ese periodo, IPYS Venezuela registró 116 casos que comprendieron 161 violaciones a las libertades informativas de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.

La categoría de restricciones de acceso a la información obtuvo el mayor número de violaciones registradas, sumando 53 en total. También destacaron las agresiones y ataques con 52 hechos, mientras que las medidas de censura fueron 24. A estas incidencias le siguieron las acciones de persecución discursiva (22), el uso abusivo del poder estatal (6), las detenciones arbitrarias (2) y los procesos penales (2).

Entre los principales victimarios se encuentran el Estado a través de los funcionarios de cuerpos de seguridad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), las gobernaciones y sus dependencias. Igualmente, los directivos de medios de comunicación y desconocidos también limitaron la libertad de prensa durante la segunda mitad del año.

De los 116 casos de vulneraciones a las libertades informativas, 97 de ellos pertenecen a la categoría tradicional, mientras que 19 casos corresponden a incidencias relacionadas con los derechos digitales. El mes con mayor número de casos reportados fue noviembre, con 57 registros, de los cuales 41 ocurrieron durante la jornada electoral del 21 de ese mes, le siguen agosto (20), octubre (13), septiembre (11), julio (9) y diciembre (6).

La entidad con más denuncias en este periodo fue el Área Metropolitana de Caracas, en donde se reportaron 15 casos. Portuguesa fue el segundo estado con mayor número de incidencias, sumando ocho. Otras entidades donde se registraron seis o más limitaciones fueron Lara (7), Mérida (7), Monagas (7), Amazonas (7), Apure (6), Barinas (6) y Falcón (6).

Prensa limitada

Las restricciones de acceso a la información de interés público representaron una limitación frecuente durante los últimos seis meses de 2021. Las negativas para acceder a declaraciones de funcionarios públicos y las limitaciones para la cobertura de hechos noticiosos sumaron en total 53 violaciones que obstruyeron las labores a trabajadores de la prensa y medios de comunicación.

Estas limitaciones, con frecuencia perpetradas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, se han vuelto comunes cuando trabajadores de la prensa buscan información o intentan cubrir hechos noticiosos en espacios públicos. Tal es el caso de cuatro periodistas y un camarógrafo que fueron limitados e intimidados por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un oficial de la Policía del estado Monagas durante la cobertura de una donación de la Cruz Roja en el Hospital Central de Maturín el pasado 17 de noviembre.

Tras alegar que los reporteros necesitaban el permiso del director del centro asistencial, los uniformados prohibieron la entrada a Natacha Sánchez, de Crónica Uno y Azúkar 100.5 FM; Ninoska Cova, de Azúkar 100.5 FM; Luis Bustamante, de Venevisión; José Piñango, de Termómetro Digital; y Alexander González, camarógrafo de Venevisión y Globovisión. Luego de 40 minutos de espera, una funcionaria del hospital medió con representantes de la Cruz Roja y permitió que los comunicadores hicieran la cobertura. Durante ese lapso los efectivos de seguridad rondaron a los reporteros.

En el estado Lara, la comunicadora Andreina Ramos vivió una situación similar el 10 de noviembre. Un vigilante del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto le impidió hacer tomas de la fachada del centro de salud bajo el argumento de que la directora ordenó negar la entrada a los periodistas.

Cuatro meses antes, el 5 de julio, una oficial de la Policía del estado Yaracuy exigió eliminar el registro audiovisual que hacía el periodista Ricardo Tarazona, corresponsal del medio Qué Pasa en Venezuela y de IPYS Venezuela en dicha entidad, durante una concentración con motivo del Día de la Independencia de Venezuela. La uniformada alegaba que no estaba permitido grabar.

https://twitter.com/ipysvenezuela/status/1412080857267965955?s=08

Las limitaciones de esta naturaleza también fueron un patrón de censura destacable durante las elecciones regionales y municipales llevadas a cabo el pasado 21 de noviembre (21N). Así lo evidenció esta organización a partir de las denuncias de 33 casos de obstrucción de acceso a la información reportados ese día. Estos comicios se caracterizaron por las negativas de ofrecer declaraciones sobre el desarrollo del proceso y por prohibir el acceso de los trabajadores de la prensa a los centros de votación, incluso a aquellos que contaban con acreditación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En las semanas previas a las elecciones regionales también se denunciaron hechos vinculados a los comicios. El 28 de octubre, en Barquisimeto, estado Lara, tras una trifulca durante una marcha de los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD) por el inicio de la campaña electoral, un militante de la tolda blanca limitó al periodista y reportero gráfico Daniel Sosa, quien se encontraba realizando la cobertura del evento para el diario El Informador.

El partidario de AD trató de impedir que Sosa grabara en tres o cuatro oportunidades, a lo que el periodista respondió que debía respetarlo porque pertenecía a un medio de comunicación. El reportero retrocedió para evitar que le quitaran el teléfono y las cámaras que tenía en ese momento, pero no dejó de grabar.

También en octubre, el domingo 10 en el estado Portuguesa, la periodista Nayarí González fue limitada por funcionarios del Plan República en dos ocasiones en medio de la cobertura del simulacro electoral para los comicios del 21N. La primera vez ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. en el centro de votación Unidad Educativa Trina de Moreno, en Acarigua, cuando González quería ubicar al coordinador del CNE del plantel para obtener información y un efectivo le impidió el paso y alegó que no la dejaría entrar porque los medios de comunicación ya habían asistido temprano y le pidió que se retirara.

Posteriormente, González se trasladó a la escuela General Páez, en Araure. Pese a que el coordinador del CNE le permitió ingresar, la limitación se presentó cuando la periodista estaba grabando, desde la entrada, a un ciudadano depositando la boleta de votación. En ese momento, un militar le dijo que no podía estar filmando en ese espacio. La reportera mostró la imagen al coordinador, pero el oficial insistió en que el material debía ser borrado. La reportera conservó el video y se retiró del centro de votación.

Persecución y criminalización 

El asedio contra los trabajadores de la prensa y medios de comunicación se mantuvo durante la segunda mitad de 2021. Entre estas acciones contra las libertades informativas hay 52 violaciones por ataques, 22 hechos de discurso estigmatizante, seis actos de uso abusivo del poder estatal, dos procesos penales y dos detenciones arbitrarias. Estos incidentes comprenden agresiones, persecución discursiva y el uso de instrumentos legales para intimidar a reporteros y desprestigiar sus labores periodísticas, así como ataques y robos a medios de comunicación. Los victimarios más frecuentes en estas situaciones son cuerpos de seguridad del Estado, dirigentes políticos y simpatizantes del oficialismo.

El viernes 3 de diciembre el reportero Rayber Alvarado, del medio Caraota Digital, denunció que fue amenazado, intimidado y agredido verbalmente por un desconocido cuando hacía una cobertura en el Mercado Guaicaipuro en Caracas.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Alvarado relató que mientras hacía una entrevista en un local del mercado sobre los combos de productos navideños, un desconocido llegó, interrumpió la entrevista, lo sacó del negocio y lo amedrentó verbalmente. Aunque la encargada de la carnicería explicó al agresor que le había dado permiso al periodista para grabar dentro del establecimiento, el desconocido llamó “amarillista” al reportero y le dijo que necesitaba un permiso para grabar en la calle.

El 21 de octubre, el reportero Víctor Ugas fue intimidado por trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador de Caracas en el mercado de Quinta Crespo mientras buscaba información para un trabajo sobre los precios de los productos para una productora audiovisual extranjera. Los funcionarios le pidieron credenciales a Ugas, le dijeron que debía tener una autorización del personal de seguridad de la alcaldía y lo amenazaron con llamar a la GNB si no borraba el material que había grabado. El reportero borró los registros y fue sacado del mercado.

El 4 de agosto, en el estado Sucre, la periodista Regina Freites, corresponsal de Qué Pasa en Venezuela, también fue atacada, pero en este caso por funcionarios militares. Dos efectivos de la GNB enviados por Jhony La Rosa, representante de la gobernación de dicha entidad, obligaron a la reportera a entregar su teléfono cuando registraba un reclamo de una ciudadana en la Plaza Colón de Carúpano. Los uniformados forcejearon con Freites, quien no soltó su teléfono y exigió respeto por su labor informativa, acción que fue apoyada por reporteros y ciudadanos que se encontraban en el sitio en medio de una mesa técnica donde estaba el gobernador de Sucre.

Pero las agresiones y ofensas no solo ocurren durante el trabajo reporteril en la calle. El 16 de noviembre, Nicolás Maduro atacó discursivamente al medio internacional NTN24 a través de una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y Telesur. Maduro señaló que NTN24 es “cloaca de Álvaro Uribe (…), es la basura de la basura”.

Una actuación similar se evidenció el 20 de octubre cuando Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, atacó discursivamente a la periodista Sebastiana Barráez acusándola de tener vínculos con el “narcoparamilitarismo colombiano”, a través de su programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por VTV.

Los daños ocasionados a medios de comunicación por parte de terceros también se registraron durante este tiempo. La emisora Raudal Estéreo 92.9 FM y la televisora regional Amavisión, en el estado Amazonas, quedaron fuera del aire desde la noche del 13 de noviembre debido al robo de tuberías y cableado de sus equipos de refrigeración. Con este hecho es la tercera vez en dos meses, entre septiembre y noviembre, que ambos medios pertenecientes al Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho son víctimas de la delincuencia. La estación radial y la televisora volvieron al aire desde horas de la noche del lunes 15 de noviembre.

Entre los casos de ataques reiterados destacó la campaña de desprestigio en contra del periodista Roberto Deniz, directivo del medio digital Armando.Info, la cual pretende no solo intimidarle sino desacreditar sus trabajos de investigación periodística.

El 14 de octubre el Tribunal de Primera Instancia de Control número 32, a cargo de la jueza Yoly Mariana Torres Sandoval, dictó una orden de aprehensión en contra de Deniz “por la presunta comisión del delito de instigación al odio”, previsto y sancionado en el artículo 20 de la normativa Contra el Odio. Asimismo, en el oficio número 304-21 se le pidió a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) la emisión de la alerta roja en contra del periodista.

Al día siguiente en horas de la tarde, Deniz, quien se encuentra en el exilio desde 2018, denunció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron la vivienda de sus padres, ubicada en Caracas en la avenida Las Acacias, entre Libertador y Andrés Bello.

Lejos de cesar las agresiones contra el periodista, a lo largo de 2021 se han intensificado estos hechos que han sido respaldados por funcionarios públicos como el ex canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, así como por portales pro gubernamentales y simpatizantes oficialistas que han posicionado en varias ocasiones etiquetas en la red social Twitter para desprestigiar a Deniz y a su trabajo.

El hecho más reciente ocurrió el 10 de noviembre cuando posterior a la publicación de una nota en el portal de desinformación Lechuguinos, simpatizantes oficialistas fortalecieron sus ataques con la etiqueta #DenizExtorsionador donde además fue señalado de liderar una supuesta banda de extorsionadores y creadores de información falsa para desacreditar a personas como Álex Saab, señalado y detenido por hechos de corrupción.

En reiteradas oportunidades IPYS Venezuela ha expresado su preocupación por estas acciones de persecución discursiva y acoso judicial en contra de los trabajadores de la prensa. Una vez más esta organización exige al Estado venezolano y a los simpatizantes del oficialismo que cesen estos mecanismos de intimidación hacia Roberto Deniz que solo buscan silenciar las voces disidentes y obstaculizar el ejercicio informativo.

Voces silenciadas

La censura representó 24 violaciones en las que resaltó el asedio a los medios radiales a manos de la Conatel o los directivos de las emisoras, en forma de suspensión de espacios informativos y de opinión, cierres arbitrarios e incumplimiento de las garantías laborales de los locutores.

El sábado 4 de diciembre la periodista Valeria Piña Lara denunció, a través de su cuenta en Instagram, que fue suspendida de Onda 104.5 FM, perteneciente al circuito Unión Radio en Barquisimeto, capital del estado Lara. Piña expresó que fue injustamente expulsada sin derecho a despedirse de los oyentes de su programa “Como anillo al dedo”. 

De acuerdo con el testimonio de la locutora, Manolo Ferrer, miembro de la gerencia, le argumentó que la relación laboral habría tenido un deterioro comunicacional el pasado 30 de noviembre y tomó la medida de negarle el acceso a la emisora. La comunicadora también manifestó que esta decisión unilateral violó los acuerdos comerciales con los anunciantes de su programa, espacio que fue cerrado tras el despido de Piña, su única locutora.

La periodista relató que la discordia inició cuando, debido a la independencia y el estilo de su programa, se negó a entrevistar a un dirigente político con motivo al proceso electoral del pasado 21N y señaló que el jefe de campaña de dicho dirigente fue entrevistado en el espacio de las 11 de la mañana.

Con la suspensión arbitraria de Piña Lara, suma una trabajadora del medio radial afectada, seis programas informativos y de opinión sacados del aire, dos emisoras cerradas y un intento de censura a otra estación radiofónica en los días posteriores a las elecciones regionales del 21N.

En total, entre julio y diciembre de 2021, 12 programas radiales y cuatro emisoras en el territorio nacional han sido sacados del aire por decisiones arbitrarias de Conatel o presiones políticas. La eliminación de estas ventanas informativas afectan la difusión de contenidos de interés público.

Otra forma de impedir el acceso a la información ocurrió cuando el canal Venevisión censuró la canción “Patria y vida” de Descemer Bueno, Yotuel Romero y la agrupación Gente De Zona, tema de denuncia contra el régimen cubano, durante la transmisión de los premios Latin Grammy la noche del 18 de noviembre.

El canal transmitía en vivo la ceremonia y, en el momento en el que se anunció como ganadora del galardón por ser Canción del Año a “Patria y vida”, la señal fue cortada. El medio también censuró la presentación del tema en dicha gala.

Ataques en la red

En los últimos seis meses del año las libertades informativas y las garantías para su ejercicio también fueron vulneradas en los espacios digitales. Del total de casos registrados por IPYS Venezuela, 19 pertenecen a la categoría de derechos digitales. Los hackeos y bloqueos a portales informativos y la persecución discursiva a través de redes sociales fueron los patrones más destacables durante el periodo reportado.

El sábado 11 de diciembre el portal del medio Runrunes fue víctima de un ataque cibernético que impedía el acceso a los usuarios y los desviaba a una página con contenido pornográfico. Directivos del medio informaron que tampoco podían entrar al administrador de contenidos que a su vez los redirigía a la página de pornografía.

El ataque, iniciado en la tarde, se mantuvo durante al menos cuatro horas, entre las 4:50 p.m. y la 9:00 p.m. Días posteriores el equipo técnico informó que el portal fue víctima de la violación por medio de un exploit el cual se aprovecha de una vulneración de seguridad para ingresar a los sistemas y tener control de los administradores y su información. En este caso, de acuerdo con la información técnica, el exploit ingresó a través de un plugin con vulnerabilidades.

Nelson Eduardo Bocaranda, director del medio, informó que para el 15 de diciembre habían podido verificar que la información del portal no estaba comprometida y que los servicios de la página habían sido restablecidos al 100%.

Los ataques cibernéticos contra los medios se han vuelto frecuentes en Venezuela. El 24 de agosto, el medio digital Qué Pasa en Venezuela denunció un bloqueo que mantuvo inactivo su sitio web. Nueve días antes, el 15 de agosto, el portal de noticias VPITV informó que su página oficial de Facebook fue hackeada.

Leonardo Trechi, director de VPITV, explicó a IPYS Venezuela que si bien el medio recuperó la página, la red social les restringió algunas funciones debido a que el hacker “una de las primeras cosas que hizo fue subir una imagen con un escrito en árabe que de inmediato fue penalizado por Facebook”. La restricción de la cuenta impedía conectar el perfil de Instagram del medio con Facebook y utilizar las herramientas empresariales de la plataforma, por lo cual debían hacer las publicaciones una a una y no tenían acceso a métricas y estadísticas de las redes sociales mencionadas.

IPYS Venezuela intentó obtener más información sobre el tipo de ataque, pero el equipo de VPITV no respondió a las preguntas correspondientes.

Otro portal de noticias atacado en el ámbito digital ha sido Impacto Venezuela (@ImpactoVE), que el 22 de julio denunció que un perfil en redes sociales se encontraba suplantando la identidad del medio y ofrecía publicaciones a cambio de dinero. El perfil que estuvo haciendo la suplantación era una cuenta de Instagram llamada Veimpacto, y su eliminación de la red social se pudo constatar el 28 de julio. El mes anterior, el 14 de junio, la cuenta en Instagram de la directora del medio, Karla Flores, también había sido hackeada.

Las restricciones digitales no solo han limitado el trabajo de difusión de medios de comunicación enteros, sino a portales que alojan trabajos periodísticos específicos. El 14 de noviembre, el observatorio VE sin Filtro reportó el bloqueo del sitio web del nuevo trabajo de investigación de la periodista Ibéyise Pacheco.

El observatorio señaló que el acceso al portal se encuentra restringido por la empresa de telecomunicaciones estatal Cantv con un bloqueo HTTP, y los proveedores privados Inter, NetUno, Movistar y Digitel aplican un bloqueo DNS. A través de la herramienta OONI Probe, el equipo de Monitoreo de IPYS Venezuela pudo constatar que la página está bloqueada por Cantv con un bloqueo HTTP, y por Digitel con un bloqueo de manipulación de DNS.

Durante la segunda mitad de 2021, la suplantación de identidad y los ataques virtuales contra los trabajadores de la prensa también fueron constantes. Destacaron las agresiones a través de Twitter contra el periodista Roberto Deniz y los directivos del medio digital Armando.Info.

Entre el 14 y el 16 de septiembre, Deniz y Ewald Scharfenberg, directivos del portal de investigación, fueron atacados y amenazados a través de Twitter desde la cuenta llamada “Julio Denuncia” ligada a sectores que defienden al empresario Álex Saab, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y corrupción. Reiteradamente este perfil ha proferido ataques contra los periodistas, sumándose a otros amedrentamientos ejecutados por representantes del chavismo como Pedro Carvajalino y Mario Silva, ambos conductores del canal del Estado, VTV.

Asimismo, el 14 de septiembre la organización Cazadores de Fake News publicó una investigación que revela y analiza el uso de cuentas parodias en Twitter para hostigar a periodistas y medios venezolanos en el contexto de una campaña a favor de Álex Saab.

Dicho informe señala que existe una red de cuentas falsas que han suplantado la identidad de los periodistas Roberto Deniz, Luis Carlos Díaz, Carla Angola, Gustavo Azócar y Maibort Petit, y los portales Alberto News y Armando.Info. Estos perfiles falsos se han dedicado a desvirtuar las denuncias de los comunicadores y a impulsar narrativas alineadas con la defensa de Saab. La red está manejada, en su mayoría, por tuiteros reales que generan spam de forma coordinada.

El 1 de septiembre, IPYS Venezuela verificó y reportó que la identidad de Deniz había sido suplantada a través de una cuenta falsa en Twitter creada en marzo de 2018 como un perfil parodia. La reactivación de este usuario causó que simpatizantes del oficialismo tildaran al comunicador de delincuente, chismoso, burdo y otros insultos.

Los principales periodistas que se han dedicado a investigar los negocios de Saab con la administración de Nicolás Maduro han sufrido estos ataques a través de Twitter que forman parte de una campaña de desprestigio, criminalización, desinformación y persecución discursiva que se mantuvo a lo largo de 2021. Se pudo evidenciar y dejar registro de que este patrón de persecución recrudeció especialmente en momentos en los que surgieron nuevos hechos vinculados al caso del empresario colombiano.

Las limitaciones informativas registradas en los últimos seis meses son evidencia de la persecución sostenida en contra de los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación tanto en ámbitos tradicionales como digitales. Los casos presentados en este reporte muestran violaciones en las cuales los victimarios suelen actuar arbitrariamente, se toman decisiones unilaterales o bajo presiones políticas, y en las que autoridades del Estado incumplen el debido proceso. IPYS Venezuela condena estos hechos que obstruyen el libre ejercicio de la prensa e impiden que la población tenga acceso a información de interés público, ambos aspectos fundamentales para la toma de decisiones responsables y para la consolidación de una sociedad democrática en el país. 

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