BalanceIPYSve | Prevalece el estigma contra la prensa

• 68 trabajadores de la prensa y 25 medios de comunicación resultaron afectados en 77 casos de violaciones a la libertad de expresión entre mayo y agosto de 2023

• Con 39 registros, la categoría de agresiones físicas y verbales contra quienes se dedican a informar sumó el mayor número de vulneraciones

• La suplantación de identidad de periodistas o de plataformas de noticias por parte de desconocidos para cometer actos delictivos fue recurrente durante el segundo cuatrimestre del año

La estigmatización y criminalización hacia quienes se dedican al trabajo informativo marcaron las violaciones registradas entre mayo y agosto de 2023. En ese periodo, IPYS Venezuela constató 77 casos que comprendieron 117 vulneraciones en las categorías de agresiones y ataques (39), restricciones en internet (25), discurso estigmatizante (22), restricciones de acceso a la información (12), censura (10), restricciones administrativas (5), hostigamiento judicial (3), y un registro en la alerta transversal de género.

Con seis incidentes, Táchira fue la entidad con más casos contra las libertades informativas, seguida por Amazonas (3), Anzoátegui (3), Bolívar (3), Monagas (3), el Área Metropolitana de Caracas (3), Sucre (3), Barinas (2), Delta Amacuro (2), Trujillo (2), Zulia (2), Apure (1), Cojedes (1), Falcón (1) y 42 con afectación nacional. Del total de incidentes, 40 ocurrieron en el entorno tradicional y 37 corresponden al de los derechos digitales.

Mayo fue el mes con más casos registrados, con un total de 30. Los demás hechos ocurrieron en agosto (19), junio (17) y julio (11).

Las 117 vulneraciones contra la libertad de expresión documentadas estos últimos cuatro meses afectaron a 68 trabajadores de la prensa conformados por 42 reporteros, siete conductores de televisión, seis reporteros gráficos, cinco locutores, cinco camarógrafos, dos directivos de medios y un editor. También resultaron agraviados un activista por los derechos humanos, un familiar de un periodista, 25 medios de  comunicación y un observatorio de finanzas. Del total de víctimas, 41 son hombres y 29 son mujeres.

Los principales ejecutores de estos ataques fueron los desconocidos, con 20 casos (seis permanecen desconocidos, seis son números telefónicos de desconocidos, cuatro cuentas anónimas en Instagram, dos cuentas anónimas en Twitter, dos son grupos de hombres sin identificar); delincuencia organizada (10: en nueve oportunidades los responsables fueron estafadores anónimos, una mujer sin identificación); directivos de medios (8); cuerpos de seguridad del Estado (6: dos corresponden a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), dos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dos al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), uno al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), uno a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y uno a un cuerpo de policía municipal); y ministerios y dependencias (6). En ocasiones la suma de victimarios específicos es mayor que el número de casos porque un incidente puede tener más de un victimario.

Noticias bajo ataque

Las agresiones físicas y acciones intimidatorias contra la prensa totalizaron 39 violaciones durante coberturas de hechos noticiosos o como represalias por ejercer el periodismo. De esa cifra, 19 son actos de amedrentamiento, y el resto de las vulneraciones son nueve amenazas de daño físico; cinco ataques a la integridad física de trabajadores de la prensa; dos hechos de destrucción, revisión, o confiscación de equipos y materiales o registros relacionados con el trabajo periodístico; dos incidentes de acoso; un allanamiento a un medio de comunicación y un robo de herramientas de trabajo.

• Es una práctica recurrente que funcionarios públicos cometan actos intimidatorios durante pautas informativas en centros de salud para limitar el trabajo de reporteros. El 1 de agosto, la periodista Yamile Cárdenas Casique, de La Prensa del Táchira, fue abordada por tres funcionarios del hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz, en San Cristóbal, quienes la coaccionaron para que borrara el material que había registrado, anotaron sus datos y le dijeron que debía solicitar un permiso para trabajar en hospital. Dos meses antes, el 1 de junio, Yoirys Sosa, corresponsal del circuito Unión Radio en el estado andino, vivió una situación similar en el Hospital Central de San Cristóbal, donde fue intimidada y fotografiada por dos funcionarios del nosocomio, de los cuales uno no se identificó.
• El 12 de junio, efectivos militares y policiales intimidaron y criminalizaron la labor de los equipos de prensa de Crónica Uno, Los Tubazos, Nueva Prensa de Guayana, El Diario de Guayana, La Patilla, El Pitazo y VPItv durante la cobertura de una protesta de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Un funcionario de la GBN ordenó tomar fotos a los reporteros porque estaban “incitando a la alteración del orden en la siderúrgica” y una oficial de la PNB los fotografió.
• La periodista Regina Freites, corresponsal del medio digital Qué Pasa en Venezuela (QPEV) en Carúpano, estado Sucre, sufrió agresiones por parte de funcionarios de la Policía Municipal de Bermúdez mientras realizaba la cobertura de un incendio en un comercio el miércoles 14 de junio.

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Declaración de principios sobre libertad de expresión de la CIDH

• En San Fernando de Apure, capital del estado Apure, el 15 de agosto un simpatizante del oficialismo le arrebató  momentáneamente los equipos de trabajo al reportero independiente Edgar Tovar, cuando cubría un evento del precandidato presidencial Henrique Capriles en horas de la mañana. Tovar se disponía a hacer su trabajo cuando un desconocido se le acercó, le reclamó que estuviera “grabando” y le arrebató su teléfono celular, dos micrófonos inalámbricos y le dañó un cable auxiliar que el comunicador estaba usando.
• Los ataques contra la prensa también continúan ocurriendo en espacios digitales. El 4 y el 5 de mayo, en el marco de la detención de Ernesto Paraqueima, ex alcalde de El Tigre, en Anzoátegui, dos perfiles en Instagram de simpatizantes del otrora mandatario local enviaron mensajes directos y publicaron historias en la red social etiquetando al portal informativo Diario El Tigrense y amenazaron con quemar y “sacar de circulación” al medio por difundir información sobre la detención de Paraqueima.
• También a través de Instagram, el 25 de julio el usuario anónimo @el_lacreo89 atacó discursivamente por su aspecto físico a la periodista Pableysa Ostos, corresponsal de La Patilla en el estado Bolívar. El desconocido hizo un comentario en una foto que el periodista Félix Requena publicó en su perfil junto a Ostos y otros colegas.

Los agravios discursivos

La persecución discursiva a quienes se dedican a informar continúa siendo uno de los mecanismos de censura que más afecta a las personas periodistas. Estos señalamientos, con frecuencia ejecutados por altos funcionarios públicos y figuras públicas influyentes, no solo alimentan el estigma contra la libertad de expresión y la transparencia, sino que pueden devenir en otros actos hostiles que quebrantan la integridad de los comunicadores.

IPYS Venezuela constató 22 vulneraciones en la categoría de discurso estigmatizante en el segundo cuatrimestre de 2023, conformadas por 13 insultos o descalificaciones por parte de funcionarios públicos o figuras públicas influyentes, ocho actos de criminalización y una campaña sistemática de desprestigio contra periodistas o medios de comunicación.

• El 3 de agosto, durante una reunión de asuntos económicos en Caracas, transmitida por televisión nacional abierta, Nicolás Maduro desacreditó el trabajo de la red multimedia internacional de noticias Voz de América (VOA). El mandatario acusó al medio de difundir información falsa, tener una campaña contra Venezuela y ser “un medio oficial de la Casa Blanca”, luego de que el 1 de agosto VOA publicara un reportaje en el que expertos advertían que la economía venezolana entró en recesión técnica en el primer semestre del año. En horas de la tarde de ese día, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un audio con las declaraciones de Maduro contra la plataforma informativa, “por la campaña que tiene contra Venezuela”.
• Otro ejemplo de desprestigio hacia los periodistas y medios son los reiterados ataques del gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez. En mayo y en junio, el mandatario regional descalificó el trabajo informativo de Diario de Los Andes y la cuenta informativa Palpitar Trujillano,desde su programa radial “Háblame, Gerardo”, transmitido por la emisora matriz del gobierno trujillano, Paisana 92.5 FM, y otros diales de la entidad. Ataques discursivos similares por parte de Márquez ocurrieron también en el primer cuatrimestre del año, en enero, febrero, marzo y abril.
• El poder también ataca discursivamente en los espacios digitales. El 20 de julio, la Alcaldía del Municipio Jáuregui, en el estado Táchira, acusó mediante su perfil en Instagram a la cuenta informativa La Grita 7 Diario de difamar, vulnerar “la estabilidad emocional de muchos” y tener una “visión parcial política recalcitrante”, por publicar una nota sobre la paralización de las obras de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) que será una unidad de hemodiálisis en la localidad.

Impostores en la red

Las vulneraciones al trabajo informativo en espacios virtuales se han vuelto cada vez más recurrentes. IPYS Venezuela totalizó 25 violaciones en la categoría de restricciones en internet, distribuidas en: 19 suplantaciones de identidad, dos accesos ilícitos a medios o soportes digitales, una remoción o suspensión arbitraria de contenidos, un hackeo, un bloqueo selectivo a un sitio web y un ataque de denegación de servicio (DDoS).

• Destaca que entre mayo y agosto de 2023, nueve plataformas informativas fueron víctimas de suplantación de identidad por parte de estafadores anónimos que llamaron por WhatsApp a los miembros de los grupos informativos de los medios de comunicación o cuentas informativas. Usando la identidad gráfica de los medios en sus fotos de perfil y haciéndose pasar por miembros del equipo, solicitaban a los usuarios que les enviaran un código que recibirían mediante SMS para permanecer en los grupos de difusión de noticias. Este modus operandi se registró en más de una oportunidad contra El Pitazo, Radio Fe y Alegría Noticias, Noticias Apure, El Nacional, Noticia y Punto, Correo del Caroní, Qué Pasa En Venezuela, Venezuela Al Minuto y Red Digital Noticias.
• Otros actores anónimos usurparon la identidad de Laura Clisánchez, periodista de Correo del Caroní, en el estado Bolívar, en mayo y en junio, a través de correos falsos y capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp fabricadas, para acusarla de extorsionar y de ofrecer sus servicios periodísticos a cambio de pagos. También en mayo, delincuentes tomaron fotos públicas del reportero australiano Joel Dullroy, y se hicieron pasar por él para pedir dinero a personas a través de Grindr (aplicación de citas en línea para personas LGBTIQ+).
• La suplantación de identidad con la finalidad de cometer actos delictivos o desprestigiar a periodistas o medios de comunicación ha ido en aumento. Los 19 casos que corresponden a este indicador durante el segundo cuatrimestre de 2023 son 17 más que los dos registrados por IPYS Venezuela entre enero y abril de este año, o que los dos constatados durante todo 2022. Estos incidentes no solo perjudican a las víctimas de las estafas, sino que afectan la credibilidad de la prensa, elemento fundamental para el ejercicio del trabajo informativo.

Limitaciones y silencio

Los impedimentos para realizar coberturas de hechos noticiosos prevalecen. En su mayoría, estas limitaciones son ejecutadas por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado u otros actores oficiales, quienes obstruyen el trabajo periodístico bajo argumentos arbitrarios. IPYS Venezuela registró 12 restricciones de acceso a la información divididas en 10 restricciones de acceso a lugares donde sean asignadas pautas informativas y dos negativas para entrevistar o hacer preguntas a funcionarios públicos.

• Los victimarios de estas 12 limitaciones fueron efectivos de la GNB, de la PNB y de un cuerpo policial municipal; un funcionario de una gobernación y uno del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); personal de seguridad de hospitales; integrantes de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) y simpatizantes oficialistas. En total, la labor de 21 trabajadores de la prensa, entre reporteros (13), reporteros gráficos (4) y camarógrafos (4), se vio afectada por estas restricciones en coberturas sobre salud (3), protestas (2), política (2), cultura y espectáculo (2), sucesos (1) y comunidad (1).
• La Red de Corresponsales de IPYS Venezuela ha reportado las siguientes situaciones respecto al acceso a la información de interés público en estas regiones: en el estado Amazonas, los funcionarios públicos no dan entrevistas a la prensa, sino que la información oficial se difunde a través del Sistema de Información de la gobernación. En Apure y Falcón, en las rueda de prensa oficiales se les exige a los reporteros no hacer preguntas fuera de la agenda. De manera similar, están prohibidas las preguntas en eventos oficiales en Monagas, y medios críticos no son invitados a las ruedas de prensa de autoridades regionales en Carabobo y Sucre. En Portuguesa no es posible ingresar a instituciones públicas con equipos periodísticos a la vista. Limitaciones parecidas existen para que los periodistas hagan coberturas en hospitales en Nueva Esparta, mientras que en Lara y Táchira las fuentes de salud o policiales no ofrecen información pública. Por último, en Yaracuy hay negativas para brindar información pública como el presupuesto anual. 

“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”. – Declaración de principios sobre libertad de expresión de la CIDH

Transmisiones restringidas

Las órdenes que pretenden silenciar las voces informativas y la difusión de noticias, por parte de instituciones del Estado o de actores privados, se constataron en las categorías de censura (10: cinco suspensiones arbitrarias de contenido, dos despidos o cambio de rol por razones informativas, un hecho de abuso de posición dominante por parte de medios privados, un incidente por anunciantes privados dominantes que presionan la agenda informativa y un seguimiento de contenidos personales y laborales publicados en redes sociales y plataformas digitales), y restricciones administrativas (cinco: dos cierres arbitrarios de medios de comunicación, dos incautaciones de medios de comunicación y un procedimiento administrativo arbitrario).

• Dos programas radiales informativos o de opinión salieron del aire entre mayo y agosto. En Barinas, el 11 de mayo el locutor Leonaldi Meza, quien conducía “Mesa de Análisis” por la emisora Furia 89.9 FM, decidió salir del programa luego de que el director del dial le ordenara moderar el contenido que transmitía en su espacio.

“La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley”. Declaración de principios sobre libertad de expresión de la CIDH

• En el marco de la detención de Ernesto Paraqueima, ex alcalde de El Tigre, en Anzoátegui, resultaron cerrados dos medios de comunicación. El 5 de mayo la Conatel ordenó el cese de transmisiones e incautó los equipos de la emisora Mariana Radio 100.7 FM, por donde salía al aire “Paraqueima de 6:00 a 9:00 am”. Cuatro días más tarde, el 9 de mayo, funcionarios del Sebin, junto a Julio Aguilar, fiscal cuarto del Ministerio Público, allanaron la sede, decomisaron los equipos y ordenaron el cierre del medio digital Mundo Oriental, dirigido por Sandino Parequeima, hijo del ex mandatario local.
• En julio se reportó la habilitación de emisoras. De acuerdo con una nota publicada en la cuenta en Instagram de la Gobernación de Falcón (@gobierno_falcon), el 20 de julio la Conatel entregó la licencia de transmisión a los directores de las radios comunitarias Carubarigua, Paraíso, Tricolor —sacadas del aire en octubre de 2022, según registros de IPYS Venezuela—, Capital Falcón, La Rosa de San José, Occidental, Coro Radio y Televisión. Según la nota, estas emisoras se unen a Falconiana y Metrópolis, “habilitadas recientemente” —también cerradas en 2022—. La publicación de la gobernación no precisa los diales de las estaciones radiales habilitadas. 
• También el 20 de julio, recibieron la habilitación de la Conatel las radios tachirenses comunitarias Fiesta 105.5 FM, Visión 107.9 FM, Milagrosa 95.2 FM, Fiesta Revolucionaria y Bramonence, según reportó la cuenta informativa en Instagram Diario La Calle (@diario.lacalle). Si bien se indica que fueron 12 diales beneficiados, no se precisaron todos los nombres.
• El 23 de julio, mediante su cuenta en Instagram, la Secretaría de Comunicaciones, Tecnología y Telecomunicaciones de la Gobernación de Aragua (@secretariatelecomaragua), informó que las estaciones Radio Maelo, Cantar Revolucionario y Melódica fueron habilitadas por la Conatel. Ninguna de estas emisoras está registrada en los casos de IPYS Venezuela de cierres de radios de 2022. La nota indica que 43 emisoras fueron habilitadas en el país, pero no se mencionan sus nombres.
• Conatel permanece sin ofrecer un listado detallado de las emisoras sacadas del aire durante 2022, o de las habilitadas durante 2023. De acuerdo con los registros de IPYS Venezuela, el año pasado cerraron 107 radios por órdenes del ente rector de las telecomunicaciones. Con frecuencia, los directivos temen declarar sobre las medidas por temor a que no les otorguen los permisos o las autoridades incauten los equipos de transmisión.

Derechos interrumpidos

El brazo jurídico del Estado continúa acorralando e intentando silenciar a periodistas y comunicadores. Entre mayo y agosto de 2023, IPYS Venezuela registró tres vulneraciones correspondientes a la categoría de hostigamiento judicial, comprendidas en dos amenazas de procesos penales o administrativos y un proceso civil y penal. Esta organización también hizo seguimiento de los procesos judiciales del periodista Roland Carreño y del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine.

• El 5 de mayo el periodista Gustavo Azócar fue citado por la Fiscalía 18° del Ministerio Público en el estado Táchira, por una denuncia en su contra por publicaciones realizadas en abril en su cuenta de X, antes Twitter. Azócar tiene prohibido mencionar públicamente detalles del caso, pero Raquel Sánchez, abogada de Foro Penal, quien acompañó al reportero, dijo al equipo de IPYS Venezuela que los delitos que aparecen señalados apuntan a ser una causa política por las publicaciones realizadas por el comunicador.
• El 17 de agosto se interrumpió, una vez más, el juicio del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, debido a que el Ministerio Público no asistió a la audiencia de ese día y la sesión se difirió. Stefania Migliorini, abogada del comunicador, indicó que el proceso deberá iniciar desde cero y se espera que la nueva fecha de apertura sea aproximadamente en octubre. El 26 de abril, el juicio —que había empezado el 4 de julio de 2022— se interrumpió porque la jueza suplente a cargo del caso, Maribel Castro, fue sustituida por un juez titular, Shirley Páez. El proceso judicial de Medina Ezaine, a cargo del Tribunal 31° de Primera Instancia en función de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, ha estado sumido en el retardo procesal.
• El 14 de julio, se interrumpió por tercera vez el juicio contra el periodista Roland Carreño y deberá empezar desde cero cuando solo faltaban las conclusiones del caso. El motivo de paralización fue que el viernes 14 de julio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió quitarle la competencia en delitos asociados al terrorismo al juez que llevaba la causa, Aquiles Vera, y dársela a Alejandra Romero, jueza 29 de Primera Instancia en función de juicio del circuito judicial penal del Área Metropolitana de Caracas, que a su vez también estará a cargo del Tribunal Tercero de juicio en materia de Terrorismo. Por el momento no hay una fecha para la nueva audiencia de apertura del juicio contra Carreño, pues debe hacerse un inventario de los expedientes de los casos y trasladarlos a la sede física del nuevo tribunal asignado. El proceso de Roland Carreño, quien fue detenido arbitrariamente el 26 de octubre de 2020, se interrumpió también en octubre y noviembre de 2022 por motivos ajenos al comunicador.