Balance IPYSve | 73 casos de restricciones y agravios contra la prensa

• Los hechos registrados entre enero y abril de 2023 acumularon un total de 115 violaciones contra las garantías informativas y el trabajo periodístico 

• La categoría de discurso estigmatizante tuvo 35 incidentes y ha sido el indicador con más vulneraciones a la libertad de expresión

• Dos programas radiales fueron suspendidos por temor a retaliaciones por parte de la Conatel o gobiernos locales

En los primeros cuatro meses de 2023 se evidenciaron patrones de restricciones, persecución y agravios contra periodistas y medios de comunicación por su trabajo. Entre enero y abril, IPYS Venezuela registró 73 casos que sumaron 115 vulneraciones contra las libertades informativas en las categorías de discurso estigmatizante (35), agresiones físicas y verbales (29), censura (14), restricciones de acceso a la información (12), restricciones en internet (12), restricciones administrativas (8), hostigamiento judicial (4), y en el indicador transversal de alerta de género (1).

Con 63 registros, los reporteros fueron la profesión más afectada por los ataques contra la prensa durante el primer cuatrimestre de 2023. Durante ese periodo también resultaron agraviados 10 directivos de medios, siete locutores –dos de ellos funcionarios públicos de oposición–, cuatro camarógrafos, cuatro reporteros gráficos, tres representantes del gremio, un corresponsal extranjero, un editor, un escritor, un trabajador de un medio de comunicación, tres familiares de periodistas, 15 medios de comunicación y dos cuentas informativas en redes sociales. Del total de víctimas, 58 son hombres y 41 son mujeres.

Los principales victimarios de estos ataques y restricciones fueron los desconocidos, con 17 incidentes, seguidos por las gobernaciones y sus dependencias, responsables en nueve casos, y le siguieron los cuerpos de seguridad del estado (6), los ministerios y sus dependencias (6) y el Ministerio Público (5). Estas agresiones ocurrieron contra comunicadores principalmente por coberturas de investigación (15) y de protestas (10).

Enero fue el mes en el que se constataron más casos, con 22 en total, seguido por marzo (21), febrero (18) y abril (12). Con ocho hechos, Trujillo fue la entidad con más denuncias. En menor medida, se registraron casos en Aragua (4), el Área Metropolitana de Caracas (4), Anzoátegui (3), Bolívar (3), Falcón (3), Lara (3), Mérida (3), Portuguesa (3), Apure (2), Monagas (1), Nueva Esparta (1), Sucre (1), Táchira (1) y Yaracuy (1), y 32 incidentes de alcance nacional, ocurridos en espacios digitales y en transmisiones de programas de televisión de señal abierta. Del total de casos, 44 ocurrieron en el entorno tradicional, y 28 fueron violaciones a los derechos digitales.

Una amenaza constante

Las acciones violentas y la intimidación continúan siendo una amenaza contra quienes ejercen el trabajo informativo en el país. Funcionarios públicos, desconocidos y simpatizantes oficialistas fueron los principales responsables de este tipo de ataques contra periodistas y medios de comunicación entre enero y abril de 2023. Las vulneraciones en la categoría de agresiones físicas y verbales sumaron 28, distribuidas en: hechos de amedrentamiento o que buscan infundir miedo (14); amenazas (4); destrucción, revisión, o confiscación de equipos y materiales o registros relacionados con el trabajo periodístico (3); atentados contra la infraestructura de medios de comunicación (2); acoso (3); usurpación de profesión (2) y ataques a la integridad física (1).

• Son preocupantes las amenazas que recibieron los familiares de la periodista Ronna Rísquez luego de que la comunicadora promocionó su libro de investigación El Tren de Aragua. La megabanda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, que aborda la expansión por Latinoamérica de la banda delictiva surgida en una prisión del estado Aragua. El 31 de enero, al menos nueve parientes de Rísquez recibieron un mensaje directo en Instagram del usuario privado @jair212120, que contenía la imagen usada para la promoción del libro de la periodista de investigación, y otra imagen con la foto de un familiar y un lazo negro, tradicionalmente usado como símbolo de luto, con el mensaje “Lo siento”.

El viernes 3 de febrero Rísquez presentó una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar el inicio de una investigación y medidas de protección para ella y sus familiares.

• Los reporteros también fueron víctimas de ataques durante coberturas de hechos noticiosos en la calle. En el estado Bolívar, el 7 de marzo, mujeres integrantes de las Unidades de Batalla Hugo Chávez y del Partido Socialista Unido de Venezuela amenazaron, agredieron físicamente e intentaron robar a seis periodistas, un reportero gráfico y un camarógrafo durante una protesta ciudadana en las inmediaciones de la Alcaldía de Caroní por las tarifas del aseo urbano.

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“Es mejor que se vayan. Recuerden que tienen familia” fue una de las amenazas que recibió el reportero Carlos Suniaga de una mujer identificada con el PSUV durante una cobertura informativa en el estado Bolívar.

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• De manera similar, en el estado Anzoátegui, el equipo de Diario El Vistazo fue objeto de actos intimidatorios por parte de trabajadores de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, donde se ubica la ciudad de El Tigre, cuando se disponían a cubrir la instalación de la Cámara Municipal el 6 de enero.

• Los ataques no solo afectaron la integridad de los periodistas, sino también a la infraestructura de medios de comunicación. El 23 de enero, la sede de la cuenta informativa Palpitar Trujillano fue objeto de actos vandálicos por parte de desconocidos en dos oportunidades. Motorizados encapuchados, que portaban armas de fuego cortas, partieron cuatro ventanas del lobby, y un extremo de la fachada resultó afectado por la explosión de tres bombas molotov que impactaron contra el edificio. Horas más tarde, otros agresores desconocidos dejaron sin conectividad a esta cuenta informativa.

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Palpitar Trujillano indicó que, en horas de la madrugada del 23 de enero, aproximadamente entre ocho y 10 motorizados encapuchados, que portaban armas de fuego cortas, lanzaron piedras y bombas molotov a la fachada de su sede.

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Información criminalizada

La persecución discursiva es un mecanismo recurrente ejercido por el poder para atacar a la prensa a través de medios tradicionales o digitales, y asediar a quienes son contrarios a sus intereses. Durante el primer cuatrimestre de 2023, la categoría de discurso estigmatizante sumó 35 vulneraciones a las libertades informativas, comprendidas en insultos o descalificaciones de funcionarios públicos o figuras públicas influyentes (14), acciones de criminalización (15) y campañas sistemáticas de desprestigio (6). Seis funcionarios en altos cargos municipales, regionales y nacionales ejercieron ataques discursivos contra medios de comunicación y periodistas.

• En cuatro oportunidades, el 27 de enero, el 3 de febrero, el 31 de marzo y el 14 de abril, el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, atacó discursivamente y criminalizó el trabajo de la prensa a través de su programa radial “Háblame, Gerardo”, transmitido en ocho emisoras de la entidad andina desde la radio matriz Paisana 92.5 FM. El IPYS Venezuela y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitaron al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tomar las medidas correspondientes para el cese de estos ataques.

El 3 de febrero, en una transmisión de su programa Márquez tildó de palangrista y cuestionó la ética de la periodista Elvia Uzcátegui, secretaria general de la seccional del Colegio Nacional de Periodistas, luego de que ese día la comunicadora participara en una protesta convocada por el gremio para rechazar las ofensas contra la prensa registradas en Trujillo. Si bien el mandatario regional no identificó a Uzcátegui con su nombre, hizo referencia a un espacio radial que la representante gremial conducía con una colega, en el que se le conocía popularmente con el nombre de un ave. Durante otras alocuciones, el gobernador también insultó y desprestigió la labor informativa de Diario de Los Andes y Palpitar Trujillano y sus respectivos reporteros.

• Otros funcionarios que ejercieron ataques discursivos contra medios y periodistas durante los primeros cuatro meses de 2023 fueron Nicolás Maduro y Mario Silva, al referirse a una publicación del diario El País de España sobre el uso por parte del chavismo de presentadores falsos generados con inteligencia artificial, y Diosdado Cabello, quien en la emisión del 1 de febrero de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal VTV, llamó palangrista al periodista Alberto Rodríguez Palencia.
• De manera similar, en el otro extremo del país, la alcaldesa del municipio Piar, en el estado Bolívar, Yulisbeth García, amenazó con iniciar acciones legales y criminalizó el trabajo de periodistas en la localidad. La principal autoridad municipal señaló que hay un “terrorismo mediático” ejercido por seis personas, sin precisar sus nombres, por la cobertura del caso de presuntos falsos médicos en Upata. Estas declaraciones ocurrieron el 28 de febrero durante el programa radial “Encuentro con Carlos Alberto Ascanio”, conducido por el periodista Carlos Ascanio, en la emisora Excelente 107.9 FM.

• Los señalamientos contra la prensa también provinieron de actores no estatales. El 28 de marzo, el empresario Wilmer Ruperti descalificó un reportaje publicado ese día por la agencia de noticias Reuters, en el que se señala que presuntamente la estatal PDVSA está auditando las deudas de las navieras vinculadas a la empresa Marol Trading, cuyo dueño es el empresario. Durante la transmisión de un avance informativo de Canal i, también propiedad de Ruperti, el empresario dijo en inglés que la información publicada por Reuters es “100% incorrecta” y que era “bullshit” (término peyorativo en inglés que puede traducirse como “basura”, “estupidez”, “idiotez”, “tonterías”).

Justicia diferida

En Venezuela, las garantías informativas también son coartadas y amenazadas con aplicarles el aparato jurídico del Estado. Entre enero y abril de 2023, esta organización constató cuatro violaciones en la categoría de hostigamiento judicial, divididas en tres amenazas de procesos legales o administrativos contra periodistas y medios de comunicación, y un proceso penal o civil.

• El 25 de enero, un fiscal del Ministerio Público y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentaron en la vivienda de José Gregorio Meza, jefe de redacción de El Nacional, en Guarenas, y se lo llevaron a la sede del CICPC en la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas, a declarar en calidad de testigo. Durante el interrogatorio, que duró aproximadamente cuatro horas, preguntaron a Meza cuáles eran las funciones de su cargo y le informaron que había una investigación abierta contra el diario por los trabajos publicados sobre los hermanos Morón, Santiago José y Ricardo José, aparentemente vinculados al oficialismo.

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Varias veces durante el interrogatorio, Nicola Coppolone, fiscal auxiliar 94, dijo a Meza que había una orden de aprehensión en su contra lista y que revertirla dependía de su colaboración. “Eso lo negó [el 26 de enero] el fiscal titular, Renny Raúl Amundarain. Entiendo que sería un modo de intimidación”, contó el jefe de redacción de El Nacional.

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Un día después, el 26 de enero, Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, informó que recibió una citación fechada el 17 de enero para que se presentara a declarar el 25 de enero, en condición de imputado, ante la Fiscalía 94 Nacional. Otero también denunció, mediante un tuit, que además de Meza, él y cuatro periodistas más del diario fueron citados a declarar, pero no precisó sus nombres.

• A casi un año de haber empezado, el 9 de mayo de 2022, continúa el juicio contra el periodista y activista del partido político Voluntad Popular, Roland Carreño, quien a la fecha de publicación de este balance lleva 919 días injustamente privado de libertad desde octubre de 2020, acusado de los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El retardo procesal y las interrupciones en este proceso judicial han sido irregularidades denunciadas por los abogados del comunicador, así como por la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas en la actualización de su informe sobre Venezuela del 22 de marzo de 2023.
• Otro proceso judicial marcado por el retardo procesal es el del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine. El 26 de abril, su juicio fue interrumpido, y deberá empezar desde cero, porque la jueza suplemente a cargo del caso, Maribel Castro, fue sustituida por un juez titular cuyo nombre la defensa desconoce aún.

En agosto de 2018 Medina Ezaine fue acusado de instigación al odio y agavillamiento, y en enero de 2020 fue excarcelado con medidas cautelares que incluían un régimen de presentación ante tribunales cada ocho días. Su primera audiencia de presentación se realizó el 4 de julio de 2022, a cargo del Tribunal 31° de Primera Instancia en función de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.

Cobertura con obstáculos

El trabajo de los reporteros durante la cobertura de hechos de interés colectivo también fue obstaculizado en los primeros cuatro meses del año. El equipo de Monitoreo de IPYS Venezuela registró 12 incidentes en el indicador de restricciones de acceso a la información, en las subcategorías de restricciones de acceso a locaciones donde sean asignadas coberturas periodísticas (11) y negativas para entrevistar a funcionarios públicos (1). La naturalización de estos hechos, en su mayoría ejecutados por funcionarios de instituciones del Estado, deviene en que los comunicadores y otros actores que ejercen sus libertades informativas desconozcan o normalicen tales vulneraciones y no las denuncien.

• El 12 de enero, efectivos policiales y militares impidieron el acceso por vías oficiales a los periodistas Pableysa Ostos, de La Patilla, y Carlos Suniaga, de El Pitazo, para cubrir una protesta de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar. En Trujillo, el 24 de febrero, durante la cobertura de un suceso en el municipio Motatán, un oficial de PoliTrujillo ordenó a las reporteras Yuliana Palmar, de Qué Pasa en Venezuela, y Mayra Linares, de VPItv apartarse más del sitio y “respetar el perímetro”, aunque este no estaba claramente definido por los policías.

• Funcionarios de otras instituciones públicas también coartaron la labor informativa. El 6 de marzo, empleados del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz limitaron el trabajo de los equipos de prensa de 14 medios de comunicación privados e independientes, al indicarles que debían filmar y grabar desde lejos las declaraciones del ministro Remigio Ceballos, durante una rueda de prensa en Playa Valdez, en el estado Nueva Esparta, sobre una incautación de droga en la entidad y en otros estados. Solo pudieron grabar desde cerca una periodista del organismo y la reportera del canal estatal VTV.

• El 5 de abril, en Barquisimeto, estado Lara, durante recorridos para buscar información, las labores del equipo de La Prensa de Lara, conformado por los periodistas Víctor Andrés Rodríguez y Roberth Méndez, y el reportero gráfico Artemio Sequera, fue limitado por las coordinadoras del polideportivo Máximo Viloria y del gimnasio de boxeo Omar Catarí, quienes indicaron a los reporteros que no podían realizar entrevistas y fotos periodísticas en esos recintos deportivos sin una autorización de la gobernación, que debía solicitarse al menos 24 horas antes.

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“En cinco años que tengo haciendo las ‘rondas’ [informativas], me entero que debo pedir permiso para hacer un trabajo periodístico”, denunció el reportero Víctor Andrés Rodríguez luego de que limitaran su trabajo en instituciones deportivas del estado Lara.

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Silenciados

Las voces que se dedican a difundir noticias e información de interés colectivo fueron vulneradas por la censura y las restricciones administrativas. En lo que va de año, IPYS Venezuela constató cuatro procedimientos administrativos arbitrarios, dos incautaciones de medios de comunicación y dos interrogatorios policiales. Además se registraron cinco suspensiones arbitrarias de contenidos, cuatro incidentes de censura previa, dos de autocensura, dos seguimientos de contenidos personales y una terminación de contrato por presiones externas recibidas.

• Entre enero y abril de 2023, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire de las emisoras Kalidad 90.3 FM, en el estado Táchira; Radio Chabasquén 106.7 FM, administrada por la alcaldía opositora del municipio Monseñor José Vicente de Unda, y Biscucuy Stereo 87.7 FM, cuyo director era el concejal opositor del municipio Sucre Francisco Colina, ambas en Portuguesa. Una comisión de la Conatel, acompañada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, ordenó el cierre y decomisó los transmisores y otros equipos de estas dos emisoras comunitarias de la entidad llanera.
• En el estado Sucre, el 13 de marzo salió del aire el programa dedicado a denuncias de la comunidad “Un cafecito con Lira”, transmitido por Única 101.1 FM, por temor de los directivos a retaliaciones por parte del gobierno regional y local y de la Conatel por el contenido de ese espacio radial, según indicó su conductor, Raúl Lira. En la ciudad de Mérida, el 12 de febrero el programa radial “Gerardo Pacheco con las comunidades”, que se transmitía por Ritmo Stereo 93.5 FM, fue suspendido por el director de ese dial, Jhonny Javier Molina, por haber puesto al aire un audio de un dirigente estudiantil que hablaba sobre jóvenes asesinados o detenidos durante protestas sociales.

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Raúl Lira, conductor del espacio radial “Un cafecito con Lira”, explicó que el dueño de la emisora Única 101.1 FM, “teme por las consecuencias que pueda tener el contenido” del programa.

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Vulnerados en la red

Las violaciones contra las libertades informativas en el entorno digital afectaron a periodistas, medios de comunicación y portales informativos. Esta organización totalizó 12 vulneraciones contra la prensa en la categoría de restricciones en internet, conformadas por tres hechos de doxing (divulgación en internet de información personal de un periodista), tres hackeos, dos suplantaciones de identidad, dos hechos de abuso de solicitud de derechos de copyright, una remoción arbitraria de contenidos y un ataque de denegación de servicio (DDoS).

• Destaca el incidente en el que los equipos de El Nacional y del medio digital Qué Pasa En Venezuela perdieron el acceso a sus respectivas páginas web entre el 4 y el 6 de marzo, luego de haber recibido una falsa denuncia por robo de contenido en la que se solicitaba eliminar un reportaje republicado en esos portales sobre el negocio de exportación de gas venezolano a Colombia, publicado inicialmente el 12 de febrero en el portal de periodismo de investigación Armando.Info, y cuyo autor es el periodista Roberto Deniz.

Días antes, los administradores de los sitios web de ambos medios recibieron un correo desde la dirección [email protected], en el que se reclamaba que estaban infringiendo en derechos de autor por la publicación del reportaje “La larga tubería que conduce de unos empresarios a ellos mismos”. Ante la falsa denuncia, los respectivos alojadores de los portales limitaron el acceso para administrar la página a los equipos de los medios. A través de un tuit, Deniz denunció que han enviado un falso correo suyo para solicitar que los medios que publicaron el reportaje lo eliminaran.

Los casos registrados en el primer cuatrimestre de 2023 dejan en evidencia un proceder arbitrario por parte del Estado y otros actores contra la prensa por su labor, en espacios tradicionales y digitales. IPYS Venezuela repudia el asedio, la violencia, las limitaciones de acceso a la información y las medidas unilaterales en general que pretenden socavar las libertades informativas y mantener sumido el ejercicio del periodismo en un contexto de violencia, impunidad y opacidad. Esta organización reitera que la pluralidad de voces y la transparencia en la gestión pública son pilares de las sociedades democráticas.