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Balance IPYSve | Ataques y bloqueos contra la información en febrero

9 marzo, 2022

  • Durante las últimas semanas los portales de 10 medios de comunicación fueron afectados por restricciones de acceso y ataques en la red 

  • En el ámbito tradicional, la Conatel cerró una emisora en Portuguesa y en diferentes entidades del país el trabajo periodístico de ocho reporteros se vio coartado

  • Empresas proveedoras de internet y el Estado venezolano a través de diferentes organismos, figuran como principales victimarios de las violaciones registradas contra la prensa en este periodo

En febrero los ataques e impedimentos a las labores informativas fueron constantes y sumaron 14 casos que comprendieron en total 20 vulneraciones a la prensa. De estos incidentes, IPYS Venezuela registró ocho agresiones y ataques, siete actos de censura, dos restricciones de acceso a la información, dos hechos de discurso estigmatizante y una medida de uso abusivo del poder estatal. Entre las víctimas de estos actos se encuentran 12 medios de comunicación y nueve trabajadores de la prensa, conformados por seis mujeres y tres hombres.

Los ejecutores más frecuentes de estas vulneraciones a las libertades informativas fueron las empresas proveedoras de internet, con cinco casos, y los cuerpos de seguridad del Estado, victimarios en tres ocasiones. En cuanto al área de monitoreo, se constataron ocho sucesos correspondientes a los derechos digitales y seis del ámbito tradicional.

Preocupa que durante este mes se hizo de conocimiento público la adjudicación de la sede principal y los terrenos del diario El Nacional al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, por orden de la jueza Lisbeth Amoroso, hermana de Elvis Amoroso, a cargo del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario de Caracas, hecho que consolida un grave mecanismo de persecución contra los medios de comunicación y los periodistas por el ejercicio de sus funciones informativas.

También las autoridades judiciales ejercieron medidas hacia los periodistas Luis Carlos Díaz y Jesús Medina Ezaine. En el primer caso, el Tribunal Trigésimo Primero de Control de Caracas decretó el archivo judicial del expediente contra Díaz y en consecuencia el levantamiento de las medidas cautelares que estaban impuestas, de manera arbitraria, contra el periodista y defensor de derechos humanos desde 2019 cuando fue víctima de desaparición forzada y una detención arbitraria.

Por su parte, al periodista Jesús Medina Ezaine le fue negada la solicitud que realizara su defensa al Tribunal Trigésimo Primero de Primera Instancia en función de Juicio de Caracas para el decaimiento de la medida judicial que pesa sobre él desde 2018, acción respaldada bajo la reforma del Código Procesal Penal de septiembre de 2021, que establece el sobreseimiento de los procesos penales abiertos con más de dos años. Sin embargo, el tribunal se empeña en continuar las medidas restrictivas contra el reportero.

IPYS Venezuela ve con preocupación cómo cada vez las acciones judiciales se han consolidado como mecanismos lapidarios contra la libertad de expresión en el país. Ya autoridades y organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han denunciado la falta de independencia en el poder judicial, pero a pesar de esto, las medidas arbitrarias aún continúan.

Censura digital

Los bloqueos y ataques a portales informativos representaron un marcado patrón de censura desde el primer día de febrero. En total, 10 medios de comunicación resultaron afectados en ocho casos de limitaciones en internet perpetradas principalmente por operadoras privadas y la estatal Cantv.

El hecho más reciente registrado de un bloqueo a un sitio web informativo ocurrió el 11 de febrero, cuando el observatorio de internet VE sin Filtro reportó restricciones de acceso a los principales dominios del portal de El Nacional.

De acuerdo con VE sin Filtro, esta limitación de acceso se registró desde las 4:30 p.m. a través de Cantv y las privadas Movistar, Digitel, Inter y Supercable. IPYS Venezuela constató estos bloqueos en Digitel y Movistar a través de la metodología del Observatorio Abierto de Interferencia en la Red (OONI). Se evidenció que desde Digitel se aplicó un bloqueo de DNS a la URL elnacional.com y un bloqueo de HTTP a el-nacional.com. Aunque la herramienta mostró un error al correr la prueba, se comprobó la falta de acceso a estos dominios del diario.

Dos días antes, el 9 de febrero, el diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, había amenazado a través de su programa “Con el mazo dando”, emitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), con tomar medidas contra el sitio web de El Nacional y retomar las acciones legales contra el portal digital La Patilla, medios contra los que interpuso una demanda en abril 2015 por “daño moral”.

Esta arremetida ocurrió dos días después de que se hiciera del conocimiento público que los tribunales venezolanos le adjudicaron la sede del diario a Cabello, para completar parte de la sentencia impuesta a El Nacional por supuestos daños morales al número dos del chavismo.

Otros medios de comunicación también sufrieron bloqueos en sus portales durante los primeros días del segundo mes de 2022. El 9 de febrero, el sitio web de Primer Informe tuvo restricciones de acceso por parte de las operadoras Cantv, Digitel, Movistar, Inter, Supercable y NetUno. El jueves 3 de febrero, estos proveedores de internet, salvo NetUno, también bloquearon al dominio tvvenezuela.tv que, pese a estar en desuso, porque redirige a la URL actual del medio, pertenece al canal de televisión por suscripción TVV. Por su parte, el 1 de febrero, los portales de Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV también sufrieron estas medidas de censura digital ejecutadas por estas empresas.

Mediante la metodología de Ooni, IPYS Venezuela constató que Digitel y Supercable aplicaron bloqueos de DNS a los dominios de estos medios. Aunque la prueba con Movistar arrojó error, se comprobó que no era posible ingresar a dichos portales desde esta operadora. En cuanto a Cantv, se evidenció que aplicaba una restricción de HTTP a Efecto Cocuyo. Aunque la herramienta indicó que las direcciones de Crónica Uno y EVTV se encontraban disponibles desde la operadora estatal el 1 de febrero, y si bien se pudo acceder a ellas desde un dispositivo móvil, no fue posible hacerlo desde un ordenador.

Además de estos bloqueos en el área digital, también se registraron ataques en la web. Los portales del diario TalCual y de The Freedom Post fueron objeto de ataques de denegación de servicio (DDoS por sus siglas en inglés).

Aproximadamente a las 5:00 p.m. del 9 de febrero, el servidor del portal de TalCual empezó a recibir una cantidad elevada e inusual de solicitudes provenientes de IPs de la estatal Cantv, por lo cual el equipo del diario activó el sistema de protección CloudFlare en el sitio web. Este ataque se mantuvo hasta horas de la mañana del jueves 10 de febrero.

En el caso de The Freedom Post, la vulneración se registró desde las 9:00 a.m. del 17 de febrero. Las solicitudes de acceso a la página web, provenientes de Brasil, Polonia, Rusia e Indonesia, se mantuvieron durante todo el día y alcanzaron el máximo de 16 millones durante una hora. Este ataque generó la caída del portal durante la noche de ese día.

Por otro lado, el 14 de febrero, el medio La Verdad de Zulia anunció en sus redes sociales que su cuenta de Twitter (@laverdadweb) fue eliminada arbitrariamente por aparentemente tener menos de 13 años, edad establecida como límite mínimo por la red social para la creación de perfiles. Tras dos días suspendidos, luego de apelar dicha medida y enviar en dos oportunidades los recaudos solicitados por la plataforma para solucionar la situación, el 16 de febrero el diario logró recuperar el perfil.

Atropellos y criminalización

Los ataques y restricciones a la prensa en el ámbito tradicional también se mantuvieron en el último mes. Las limitaciones para realizar coberturas, las órdenes de eliminar material informativo, la persecución discursiva, la censura interna y el uso abusivo del poder estatal constituyeron en total nueve vulneraciones que afectaron a nueve reporteros y dos estaciones de radio en el periodo mencionado.

En el municipio Ospino del estado Portuguesa, el viernes 25 de febrero la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) apagó arbitrariamente la señal de la emisora Triunfo 99.3 FM, concesionada a dicha municipalidad, a cargo del alcalde opositor Carlos Barrios. Tres funcionarios del ente regulador se llevaron el transmisor, el procesador de audio y la computadora, y solo alegaron que cumplían con órdenes superiores.

El Estado venezolano también fue el victimario el 8 de febrero, pero a través de otro organismo. En esa oportunidad, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), bajo órdenes del Ministerio de Interior y Justicia, cerraron el acceso a la medicatura forense de Bello Monte, en Caracas, tras conocerse la muerte de Carlos Luis Revette, alias “El Koki”, líder la banda que opera en la Cota 905, asesinado en enfrentamientos con cuerpos policiales en Las Tejerías, estado Aragua, el lunes 7 de febrero.

Los oficiales pidieron a los periodistas que estaban en la medicatura forense desalojar el área. Si bien la prensa pudo hacer la cobertura desde las adyacencias del lugar, esto representa una restricción de acceso a las fuentes vivas, puesto que hay una limitación de la proximidad de los reporteros a las instalaciones de la morgue donde tiene lugar el procedimiento, lo cual dificulta conocer la información directamente de los involucrados en dicha autopsia.

Situaciones similares ocurrieron en años anteriores en los casos de José Tovar Colina, alias “El Picure”, líder de la banda homónima en Guárico y Aragua, ejecutado en mayo de 2016 durante un operativo de cuerpos de seguridad del Estado en El Sombrero, estado Guárico; Óscar Pérez, ex piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quien falleció durante un operativo policial en El Junquito, Caracas, en enero de 2018; y Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa cuyo deceso ocurrió en octubre de 2021 mientras se encontraba detenido y custodiado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la sede de El Helicoide.

Tanto en el caso de Tovar Colina como en el de Pérez, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió el acceso a la morgue de Bello Monte cuando se esperaba que los cuerpos fueran trasladados al lugar. Por otro lado, el fallecimiento de Baduel está sellado bajo el hermetismo, pues sus familiares han denunciado que no han podido tener acceso al expediente sobre las causas de su muerte.

Las autoridades intentan cerrar cada vez más el acceso a las fuentes vivas en sucesos de interés público, bajo el argumento de ser “procesos habituales”. Sin embargo, es importante la presencia de la prensa en este tipo de procedimientos, puesto que normalizar los impedimentos dificulta la obtención de información veraz.

Otros cuerpos policiales también fueron responsables de dos casos más de transgresiones a la prensa ocurridos en febrero de 2022.

El 18 de febrero, en Tucupita, estado Delta Amacuro, un efectivo del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) revisó a Frank Medina, fotógrafo del medio digital Tane Tanae, y borró gráficas de su teléfono cuando el reportero se encontraba tomando fotos de la fachada de una farmacia para un trabajo periodístico. El uniformado alegó que no podía fotografiar la motopatrulla, aun cuando Medina mostró su credencial de prensa y confirmó que el vehículo no aparecía en la toma.

También en la región oriental, en El Tigre, estado Anzoátegui, el 3 de febrero la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) limitó al reportero gráfico Nehomar Gamboa, del Diario El Tigrense y a las periodistas Susana Quijada, de Televen, y Argel Fernández, de Circuito Éxitos, cuando agentes de este organismo procedían a cerrar un local comercial perteneciente a Loimar Molletón, alias “Pichicho”, un conocido empresario de dicha ciudad.

Un funcionario de la Dgcim, con el rostro cubierto, le ordenó a Gamboa eliminar las fotos que había tomado con su teléfono y lo amenazó con llevárselo detenido si no cumplía la instrucción. Los oficiales también prohibieron a Quijada y a Fernández tomar imágenes del procedimiento.

Hacia Los Andes, actores desconocidos fueron los victimarios de la persecución discursiva contra la periodista Erika Verdi, directora del medio digital Táchira News.

El trabajo de Verdi fue criminalizado a través de una publicación hecha el 21 de febrero en la cuenta de Instagram Denuncia Táchira, de autor desconocido, donde la vinculan, sin pruebas, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la señalan de vender a los clientes de su trabajo en bienes raíces para ser extorsionados. Un día después, el 22 de febrero, la periodista presentó su denuncia ante el Ministerio Público de dicha entidad para dar con los responsables de este ataque.

Conectividad deficiente

En febrero las fallas de estructura siguieron obstaculizando el trabajo periodístico. En ese mes, IPYS Venezuela registró 14 casos que afectaron la conectividad y la transmisión de información en 12 entidades del país en diferentes oportunidades. Los estados con más hechos de esta naturaleza fueron Táchira (5), Mérida (4), Trujillo (4) y Falcón (3), seguidos por Barinas (2) y Apure, Aragua, Cojedes, Delta Amacuro, Portuguesa, Sucre y Zulia, con un reporte cada uno.

Del total de casos registrados, siete de ellos, la mayoría, fueron causados por apagones o fallas eléctricas, mientras que cinco se deben a motivos desconocidos y dos, a cortes de fibra óptica ejecutados por la delincuencia.

Según reportes del observatorio de internet VE sin Filtro, las fallas eléctricas ocurridas en febrero causaron la caída de la conectividad de forma masiva en tres oportunidades. El evento más reciente se registró el 17 de febrero. Ese día VE sin Filtro informó que un aparente apagón afectó las conexiones desde las 10:20 a.m. en los estados Trujillo, con solo 77 % de su conectividad normal, seguido por Barinas (83 %), Táchira (82 %), Portuguesa (82 %).

Ocho días antes, el 9 de febrero, el observatorio reportó que desde las 5:20 a.m., durante dos horas y 30 minutos, otro apagón bajó los niveles de conectividad en Mérida (33 %), Falcón (68 %), Aragua (75 %), Zulia (77 %), Trujillo (78 %) y Táchira (78 %).

Entidades en el occidente del país ya se habían visto afectadas el 3 de febrero. De acuerdo con el observatorio, la conectividad en la región cayó desde las 5:00 p.m. debido a fallas eléctricas. Los estados más perjudicados en esa ocasión fueron Barinas, con solo 70 % de su conectividad normal, Trujillo (74 %), Táchira (81 %), y Mérida (88 %).

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, cuya muestra abarca 12 ciudades capitales en el territorio nacional, la proporción de usuarios que experimentan interrupciones eléctricas “todos los días” para inicio de 2022 es de 29,9 %, un punto porcentual menos que en enero de 2021. Como señala IPYS Venezuela en el balance “Venezuela: territorio desconectado”, publicado en octubre de 2021, las constantes deficiencias del Sistema Eléctrico Nacional han impactado de forma indirecta el desempeño de los trabajadores de la prensa y de los medios de comunicación en el país.

IPYS Venezuela ve con preocupación que a la persecución del Estado venezolano contra los medios tradicionales se ha sumado el aumento de la censura digital, lo cual reduce las alternativas de espacios noticiosos en el país. Esta organización también rechaza la opacidad de las instituciones públicas y la normalización de procedimientos que restringen la aproximación a las fuentes de información de interés colectivo, especialmente en los casos de fallecimientos ocurridos durante operativos policiales-militares o bajo la custodia del Estado cuyas circunstancias deben ser esclarecidas.

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