Balance IPYSve | Más agravios contra la prensa durante marzo

• Las acciones de amedrentamiento, los actos de censura y las campañas de criminalización e intimidación caracterizaron las limitaciones a la labor periodística en el tercer mes de 2022

• Luego de tres años sin actualización, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones publicó las cifras del sector correspondientes al año 2020 que continúan dejando en evidencia la precarización de la conectividad en Venezuela

• Los cortes eléctricos y las fallas de internet en las distintas operadoras nacionales marcaron un aumento en la desconexión a la red en las últimas semanas

Las intimidaciones, la arbitrariedad y las negativas de aproximación a las fuentes noticiosas fueron los principales obstáculos a las garantías informativas en el transcurso de marzo. Durante ese mes, IPYS Venezuela registró 14 casos que representaron 18 vulneraciones a la prensa comprendidas en cinco restricciones de acceso a la información, cinco incidentes de discurso estigmatizante, cuatro agresiones y ataques, tres medidas de censura y un acto de uso abusivo del poder estatal.

Estas vulneraciones agraviaron a cuatro medios de comunicación, una organización defensora de derechos humanos, 32 trabajadores de la prensa y una activista por los derechos humanos, conformados por 20 hombres y 13 mujeres.

De los 14 casos de limitaciones a la prensa durante el tercer mes de 2022, 10 de ellos ocurrieron en el entorno tradicional, mientras que cuatro, en el de derechos digitales.

En marzo, la Asamblea Nacional (AN), adepta a la administración de Nicolás Maduro, inició el desarrollo del Proyecto de Ley de Redes, a cargo de la Subcomisión de Comunicación e Información de la AN. Preocupa que dicho instrumento legal sea un mecanismo más, ejercido desde el Estado, para censurar las libertades informativas en el país, como ha sucedido con la normativa contra el odio aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente creada por Maduro en 2017.

Las redes sociales se han convertido en ventanas para acceder a información en Venezuela ante la desaparición de los medios de comunicación tradicionales que han sido perseguidos sistemáticamente por el Estado. Pero incluso en el ciberespacio ha quedado reflejado cómo el poder utiliza instrumentos legales arbitrariamente para silenciar a las voces disidentes.

También, en marzo de este año, usuarios de la cablera NetUno denunciaron que en el estado Táchira la compañía sacó a la televisora alemana DW Español de su parrilla en el canal 85 y en su lugar se incluyó al canal ruso RT. Esto ocurrió en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero. NetUno no se ha pronunciado sobre la medida de remoción del canal alemán de su programación, pero se pudo constatar que en San Cristóbal, capital del estado Táchira, a través de este proveedor, no se encuentra disponible y en el canal 85 se sintoniza a RT. Aunque no fue posible verificar que esta decisión de NetUno haya sido aplicada a nivel nacional, suscriptores han denunciado a través de redes sociales la suspensión de DW Español de la parrilla de la cablera.

Información amurallada

Las restricciones de acceso a las fuentes públicas de información, los amedrentamientos y la criminalización de la labor periodística fueron mecanismos de censura frecuentes durante marzo. Esta organización constató cinco restricciones de acceso a la información, cinco hechos de discurso estigmatizante y cuatro agresiones a 21 trabajadores de la prensa, una activista por los derechos humanos, un medio de comunicación y una organización defensora de derechos humanos.

El 30 de marzo Pedro Carvajalino, comunicador adepto al oficialismo, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se criminaliza nuevamente la labor investigativa del medio Armando.Info. En la pieza audiovisual aparecen dos fotos de Ewald Sharfenberg, una de Joseph Poliszuk y una de Roberto Deniz, quienes son director, editor y periodista del portal, respectivamente.

Al ataque discursivo se sumaron otros simpatizantes del oficialismo, quienes a través de la red social tildaron al medio de extorsionadores y delincuentes, y llamaron asesino a Deniz. Este video se encuentra vinculado a nuevas acciones de desprestigio contra periodistas y políticos opositores en el marco de la defensa del gobierno venezolano al empresario colombiano Alex Saab, donde también figura como difusor Mario Silva, diputado a la AN electa el 6 de diciembre de 2020.

#AvanceIPYSve | Pedro Carvajalino publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se criminaliza nuevamente la labor investigativa de @armandoinfo, y amedrentó al periodista @robertodeniz.

Al ataque discursivo también se sumaron otros simpatizantes del oficialismo. #30mar pic.twitter.com/0bU5Ao1Mrk

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 30, 2022

En el video, se señala que el funcionamiento real de Armando.Info “está basado en la extorsión y en el terrorismo mediático, en la creación de fake news y en el apoyo a las políticas injerencistas del gobierno imperial”. También se les acusa de apoyar al “narco-periodismo”. Desde 2021, Armando.Info, Deniz y directivos del medio han sido víctimas de campañas de desprestigio y criminalización ejecutadas principalmente por figuras del chavismo, perfiles en Twitter y portales pro oficialistas vinculados a sectores que defienden a Saab.

La organización civil Transparencia Venezuela también fue objeto de persecución discursiva. Desde el 21 de marzo, luego de la participación de su directora ejecutiva, Mercedes De Freitas, en el diálogo interactivo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró el 18 de marzo en Ginebra, con motivo de la última actualización oral de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, una cuenta en Twitter llamada OperaciónTunTun ha publicado una serie de tuits en los que se señala a dicha ONG de mentirosos, ladrones y traidores, y que será objeto de la Operación TunTun, término establecido durante las protestas de 2017 en Venezuela y repetido por altos funcionarios y medios de comunicación oficialistas para hacer referencia a los allanamientos a residencias de opositores por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

En varias de las publicaciones hechas por el perfil —creado en marzo de 2022 y sin identificación alguna— se han etiquetado a simpatizantes oficialistas y a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado a la AN, quien a través de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), ha insultado y criminalizado a periodistas y medios de comunicación.

A través de ese perfil anónimo también han sido mencionados los periodistas María Fernanda Sojo, Pedro Pablo Peñaloza, Miriam Arévalo, Luz Mely Reyes, Miguelangel Caballero, Luis Carlos Díaz y Víctor Amaya, miembros y colaboradores de la organización defensora de derechos humanos.

Las restricciones durante el trabajo reporteril de calle también estuvieron presentes en marzo. El jueves 31, William Moreno Vanegas, comandante de la Base Naval Juan Crisóstomo Falcón, coartó el trabajo periodístico de los reporteros Mariangela García, de Notifalcón; Irene Revilla por Notifalcón y El Pitazo; José Vicente Rojas y Yohan Gómez por el diario Nuevo Día; Blanca Sánchez, de Falcón Informativa y Williams Blanco, de Cactus 24, quienes cubrían una protesta de pacientes renales en la estación de servicio Barboza por falta de combustible en Punto Fijo, estado Falcón.

#AvanceIPYSve | El comandante de la Base Naval Juan Crisóstomo Falcón impidió a los medios @NOTIFALCON, @ElPitazoTV, @cactus24noticia, Falcón Informativa y @nuevodiaenlinea cubrir una protesta de pacientes renales en la estación de servicios Barboza en Punto Fijo, #Falcón. #31Mar

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 31, 2022

Los medios de comunicación acudieron al llamado de los pacientes y realizaron entrevistas a las personas en la gasolinera que está a cargo de la base naval. Luego, Moreno Vanegas pidió hablar con el grupo de manifestantes y exhortó a la prensa a retirarse del sitio, además de impedirles tomar fotos y videos. Ante el rechazo de la prensa, el efectivo reiteró la orden de abandonar el lugar y los comunicadores se retiraron por temor a represalias.

En la región andina, los periodistas Zulma López, de Punto de Corte; Fabiola Niño, de Televen; y Luzfrandy Contreras y Freddy Villamizar, de la Televisora Regional del Táchira (TRT), en el estado Táchira, y Jade Delgado, de Caraota Digital, en el estado Mérida,  fueron víctimas de restricciones de acceso a la información en instituciones públicas de tales entidades el 7 y el 9 de marzo, respectivamente.

También el 9 de marzo, pero en San Carlos, Cojedes, tres desconocidos fotografiaron a los periodistas Alexander Olvera, de Notitarde, y Pilar Guerra, de VPItv cuando cubrían una protesta de pensionados. El 10 de marzo, un oficial de PoliBaruta, en Las Mercedes, en Caracas, también intimidó y limitó el trabajo informativo del reportero gráfico Juan Carlos Neira, de Noticiero Digital. De acuerdo con el testimonio de Neira, fue la jefa de prensa de la alcaldía de Baruta quien ordenó al policía que le pidiera sus credenciales.

Voces censuradas

El viernes 4 de marzo, medidas arbitrarias silenciaron a la radio en dos regiones del país. Hacia el oriente, en El Tigre, estado Anzoátegui, la emisora Activa 89.3 FM quedó fuera del aire cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) decomisó sus equipos.

Mientras tanto, en Guanare, estado Portuguesa, ese mismo día fue suspendido el programa de opinión “Unidos para Luchar” que se transmitía por la emisora Órbita 99.7 FM. En esta oportunidad fue la directiva del medio quien aplicó la medida de censura, dos días después de la entrevista realizada al opositor Freddy Superlano, el 2 de marzo, para promover el proyecto político Salvemos Venezuela. 

Como reseña el reporte anual de 2021 de IPYS Venezuela, titulado El asedio del Poder, el Estado venezolano, a través de la Conatel, fue el responsable de cerrar nueve emisoras radiales durante el año pasado en Portuguesa (3), Anzoátegui (1), Aragua (1), Barinas (1), Falcón (1), Miranda (1) y Zulia (1).

El reporte también señala que la censura por presiones internas causó la suspensión o remoción arbitraria de 15 espacios radiales informativos o de opinión en Barinas (6), Falcón (4), Zulia (2), Amazonas (1), Vargas (1) y el Área Metropolitana de Caracas (1).

Cifras de la desconexión

Durante el mes de marzo también destacó la publicación del informe de cifras del sector de telecomunicaciones de la Conatel correspondiente al año 2020. La institución reguladora no difundía esta información desde 2019, pero a pesar de su publicación la data sigue estando desactualizada.

Los números más preocupantes del reporte señalan la continuada caída de la penetración de internet en el país que bajó de 58,42 %, es decir 16.711.728 usuarios reportados en 2019, a 53,66 % o 15.557.180 usuarios en 2020, la cifra más baja declarada por el ente desde 2014, cuando se registraron 15.940.838 usuarios conectados.

Durante 2020 hubo también una caída de los suscriptores de telefonía móvil, y la penetración de suscriptores en uso del sistema de telecomunicaciones marcó un descenso de más de seis puntos, pasando de 57,08 % en 2019 a 50,40 % en 2020. Esta realidad es prueba de que los venezolanos están cada vez más desconectados.

A pesar de esto, la Conatel registró un aumento del tráfico de datos en telefonía móvil, que según el informe pasó de 66.016 terabytes en 2019 a 75.692 terabytes en 2020, situación que puede corresponder a la paralización de muchas áreas del país producto de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, este aumento en medio de las precarias condiciones de estructura del sistema de telecomunicaciones llevó a que los servicios de conexión fueran más lentos y deficientes.

También en este reporte oficial fueron publicados los números del impacto del cese de operaciones de la empresa de televisión por suscripción DirecTV, en mayo de 2020. Mientras que en el primer trimestre el ente reportó una penetración a los hogares de la difusión por suscripción de 54,51 %, esos niveles bajaron hasta 27,47 % y 27,93 % en el segundo y tercer trimestre del año, respectivamente. Incluso, para el cierre del año registraron un incremento que se ubicó en 41,14 % que responde a la llegada de SimpleTV, empresa que adquirió los activos de DirecTV en el país.

Limitados por el algoritmo

El 1 de marzo el equipo del medio digital Vargas Reporta perdió el acceso a su cuenta de Instagram, que desde agosto de 2019 brindaba noticias mayormente del litoral central. Tras nueve días sin poder ingresar, el perfil fue recuperado el 10 de marzo.

Amy Torres, jefa de prensa del medio, relató que el 1 de marzo en horas de la mañana uno de los administradores de la cuenta recibió una notificación en la aplicación de Instagram que le solicitaba ingresar su número telefónico para enviarle un código que debía introducir en ese espacio. Al ingresar el código recibido, se cerró la sesión del usuario @vargasreporta. En ese momento, se mostró un mensaje que indicaba que podrían acceder a la cuenta en 24 horas si se lograba confirmar la información proporcionada.

Luego de las 2:00 p.m. del 2 de marzo, el usuario desapareció de Instagram. Ese día el medio creó cuentas en Twitter y Facebook, con las que no contaban antes del incidente, para mantener las labores informativas.

Pese a que Redes Ayuda y la organización de internet libre Access Now brindaron apoyo a Vargas Reporta contactando a Instagram, la red social no ha enviado un reporte que explique las razones por las cuales se ejecutó la medida arbitraria que mantuvo a dicho medio fuera de la plataforma por nueve días.

De acuerdo con Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda, por las características del caso, probablemente la limitación se trató de un cierre temporal ejecutado por Instagram debido a algún incumplimiento o sobrecumplimiento de las normas o de los requerimientos de la plataforma.

Respecto al posible sobrecumplimiento de normas, Serrano señaló que posiblemente el algoritmo de Instagram entró en alerta al detectar como sospechosa una acción que no necesariamente lo era, como iniciar sesión con una VPN activa o que la cuenta estuviera abierta en más de un dispositivo al mismo tiempo.

En la página del servicio de ayuda de Instagram se establece que: “Las cuentas que no cumplen con nuestras Normas comunitarias o las Condiciones de uso pueden inhabilitarse sin previo aviso”. Al momento de su suspensión arbitraria, la cuenta de Vargas Reporta en esta red social contaba con más de 64 mil seguidores.

De manera similar, dos meses antes, Instagram limitó las labores informativas del diario El Carabobeño. Desde el 23 de enero y hasta el 25 de febrero fueron bloqueadas las transmisiones en vivo del medio a través de esta red social por una publicación hecha con motivo de los 64 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. 

Según la información reportada por la plataforma, fueron quebrantadas normas sobre violencia u organizaciones peligrosas, respecto a la imagen posteada que era un retrato del expresidente venezolano.

De acuerdo con el reporte En la mira del algoritmo: Moderación de contenidos y censura en plataformas digitales, de IPYS Venezuela, la remoción de contenidos digitales puede originarse a través de tres vías: la solicitud de remoción de contenidos por parte del Estado o actores privados a las plataformas digitales; exigir directamente a la persona u organización que publicó el contenido que lo elimine; ejecución de los términos de servicio o normas comunitarias de las plataformas digitales.

En el caso de la moderación automática de contenidos ejecutada por las plataformas, tales como Facebook e Instagram, la medida se fundamenta “bajo el argumento de que este tipo de contenido puede resultar sensible para algunos usuarios, aunque expertos opinan que también se trata de una motivación económica para no perder anunciantes”, resalta el reporte. Sin embargo, “Algunos matices en el tipo de contenido que está permitido en las plataformas también pueden llegar a ser muy complicados para los algoritmos”, lo cual puede derivar en errores que afectan publicaciones con fines informativos, educativos o satíricos.

Comunicaciones intermitentes

Las labores informativas continuaron siendo obstaculizadas por fallas de conectividad, deficiencias energéticas y actos delictivos en el tercer mes de 2022. IPYS Venezuela registró 29 casos de fallas estructurales, 11 y 15 más que en enero y febrero, respectivamente. De estos incidentes, en 16 oportunidades se desconocieron las causas; nueve eventos fueron originados por fallas eléctricas, que se han vuelto más recurrentes; tres se debieron a cortes de fibra óptica y uno, al robo de cableado de telecomunicaciones.

Las entidades más impactadas fueron Falcón, con nueve reportes, y Mérida y Carabobo, con ocho cada uno. Les siguieron Lara (7), el Área Metropolitana de Caracas (6), Táchira (6), Miranda (5), Monagas (5), Portuguesa (4), Zulia (4), Apure (3), Aragua (3), Barinas (3), Delta Amacuro (3), Guárico (3), Trujillo (2), Bolívar (2), Cojedes (2), Anzoátegui (1) y Sucre (1).

Uno de los casos masivos generados por motivos desconocidos ocurrió el 30 de marzo. El observatorio de internet Fing reportó una falla relevante del internet de la estatal Cantv que afectó a localidades de los estados Carabobo, Falcón, Miranda, Portuguesa, Lara, Sucre, Anzoátegui y el Área Metropolitana de Caracas.

La interrupción del servicio, que inició a las 11:15 p.m. del 30 de marzo, se mantuvo por nueve horas y media, hasta las 8:45 a.m. del 31 de  marzo, y presentó un pico de caída de 27.7 % a las 5:50 a.m. Cantv no emitió ninguna información que explicara las causas de este evento, misma medida que suelen tomar otras operadoras ante episodios de deficiencias en sus servicios de internet.

Sobre las constantes fallas eléctricas, una nota de prensa publicada en el portal freddybernaloficial.com, sitio web de Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, reseña que, tras un recorrido por el embalse de la Represa Hidroeléctrica Uribante Caparo, una de las principales fuentes generadoras de energía para los estados Táchira, Mérida, Trujillo y parte de Barinas, el mandatario regional constató los bajos niveles de agua del embalse, causados por la falta de precipitaciones, y que han repercutido en la generación de electricidad.

El texto explica que Bernal “llamó a los tachirenses a comprender la situación, que ante el intenso verano ha sido necesario aplicar un Plan de Administración de Carga en los 29 municipios que conforman el estado Táchira”.

Pero los cronogramas de racionamiento ofrecidos por los organismos competentes no siempre se ejecutan según lo estipulado. En el estado Lara, si bien la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) publicó un plan de “administración de cargas” para los diferentes sectores de la entidad, se pudo conocer que los horarios se incumplen, por lo cual resulta complejo planificar o tomar previsiones.

En Barquisimeto, capital larense, los constantes apagones y fluctuaciones eléctricas que ha experimentado la entidad con mayor frecuencia desde marzo han afectado la transmisión de “El Cardenal de las comunidades”, “De primera mano”, “En este país”, “Radio Fe y Alegría noticias” y “Claro y raspao”, los programas informativos de la emisora Radio Fe y Alegría 97.5 FM.

IPYS Venezuela sigue viendo con preocupación la normalización de la censura y las recurrentes limitaciones a los trabajadores de la prensa, así como las constantes restricciones al ejercicio de otros derechos ciudadanos causadas por los habituales cortes de energía eléctrica que afectan gravemente los sistemas de telecomunicaciones y el acceso a internet de la población en todas las regiones del país. El Estado venezolano sigue demostrando la falta de políticas públicas coherentes y persiste en la ejecución de acciones arbitrarias y privativas contra medios de comunicación, periodistas y ciudadanos.