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Balance IPYSve | Los 10 principales victimarios de la libertad de expresión en Venezuela

  • Los cuerpos de seguridad del Estado fueron los principales ejecutores de las limitaciones que enfrentaron los medios de comunicación y los trabajadores de la prensa en 2021

  • Entre los victimarios más recurrentes en los hechos contra los periodistas también figuraron funcionarios de las gobernaciones y ministerios, así como la Conatel y diputados a la Asamblea Nacional

  • Las acciones ejercidas por estos actores consistieron mayormente en agresiones y ataques, restricciones de acceso a la información pública, actos de censura, discurso estigmatizante y detenciones arbitrarias

Las autoridades estatales fueron los agresores que más limitaron las libertades informativas de medios y periodistas a lo largo 2021. En ese tiempo el equipo de Monitoreo de IPYS Venezuela documentó 193 casos que fueron ocasionados por los cuerpos de seguridad, los funcionarios públicos de gobernaciones y ministerios, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y diputados a la Asamblea Nacional, así como los simpatizantes oficialistas, los proveedores de internet en el país, los directivos de medios de comunicación, la delincuencia organizada, y otros actores desconocidos o difíciles de identificar por la naturaleza de las violaciones.

El proceder de estos actores estuvo principalmente vinculado a hechos de agresiones y ataques donde fueron registrados en 75 oportunidades. Asimismo en el acceso a la información pública la cual se vio impedida por estos victimarios en al menos 42 momentos. Los actos de censura (32), el discurso estigmatizante (29) y las detenciones arbitrarias (10) fueron otras de las categorías que se vieron aumentadas por las acciones de estos ejecutores.

Cuerpos de seguridad: victimarios frecuentes

Los funcionarios de las agencias de seguridad en Venezuela, conformados por los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional, las instituciones policiales organizadas desde la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las policías regionales y municipales, además de las unidades de investigación e inteligencia como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron los responsables de 69 de los casos totales de vulneraciones a la libertad de expresión durante el 2021.

Preocupa que los funcionarios de seguridad ejecutaron la mayoría de las restricciones de acceso a la información y de las detenciones arbitrarias, así como de la desaparición forzada de la que fue víctima Roland Carreño en enero de 2021, cuando fue trasladado desde la sede de la PNB en La Yaguara, hasta la sede del mismo cuerpo policial en el sector de Maripérez en Caracas sin haber notificado a sus familiares y abogados.

En ese momento, la defensa y su familia denunciaron que el comunicador estuvo desaparecido por más de 12 horas y transcurrido ese tiempo pudieron ubicarlo, además de conocer que la orden había sido emanada por el juez José Mascimino Márquez García y ejecutada por los efectivos sin la debida notificación al entorno del periodista.

Los agentes de estos organismos también ejercieron las detenciones arbitrarias de Luis López, en el estado Vargas; Edwin Prieto y Lenín Danieri, en el Zulia; Martí Hurtado Pimentel y su esposa Nelly Pulgar, en Falcón; Francisco Rafael Rattia, en Monagas; Orlando Montlouis en el estado Miranda, Milagros Mata Gil y Juan Manuel Muñoz, en el oriente del país en el estado Anzoátegui; Joan Camargo en el Distrito Capital y los periodistas Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, en Apure cuando realizaban cobertura informativa para el medio internacional NTN24 en el conflicto armado ocurrido en la frontera con Colombia en marzo de 2021.

Tres meses después de ese episodio, Luis Gonzalo Pérez declaró a través de un video que publicó en Instagram que su cuenta en dicha red social había sido hackeada posterior a que los efectivos militares le quitaron sus equipos tecnológicos y lo detuvieran por 25 horas, de las cuales 19 de ellas transcurrieron como una desaparición forzada.

El viernes 15 de octubre funcionarios del CICPC llevaron a cabo un allanamiento a la vivienda de la familia del periodista Roberto Deniz en Caracas, posterior a recibir una orden de detención del Tribunal de Primera Instancia de Control número 32, a cargo de la jueza Yoly Mariana Torres Sandoval contra el reportero, a pesar de que Deniz no vive en el país desde 2018. En ese momento, los familiares del comunicador fueron intimidados e interrogados por los agentes que al llegar a la vivienda estaban vestidos de negro y en un vehículo sin identificación.

Esta práctica de abordar a los periodistas y medios de comunicación sin estar debidamente identificados ha sido reiterada en otros episodios de intimidación contra la prensa por parte de los diferentes cuerpos de seguridad.

Los efectivos también fueron los principales actores de limitaciones contra los reporteros en escenarios de elección popular. IPYS Venezuela documentó impedimentos de coberturas y agresiones físicas en medio de las jornadas de inscripción en el Registro Electoral en junio, así como en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en agosto y en los comicios regionales y municipales celebrados el 21 de noviembre.

Históricamente los funcionarios de seguridad han sido los principales actores de las restricciones contra la prensa en Venezuela. En 2016, 2019 y 2020 superaron la cifra de los 100 registros en los casos de esta organización con 108, 145 y 154 oportunidades donde fueron señalados como victimarios, respectivamente. Solo en 2017 los cuerpos de seguridad fueron victimarios en al menos 227 momentos, mientras que en 2018, al igual que en 2021 se presentó una disminución de sus actuaciones con 74 y 71 episodios donde fueron denunciados por los periodistas.

Sin embargo, a pesar de la disminución de los actos coercitivos durante 2021, son pocas o nulas las acciones ejercidas desde el Estado para que los miembros de estas fuerzas de seguridad supriman o eliminen las restricciones contra la prensa. Esto contraviene los derechos establecidos en la Constitución venezolana y en los estándares y acuerdos internacionales suscritos por el país donde se comprometen a garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información.

Simpatizantes del silencio y la agresión

Los simpatizantes oficialistas figuraron como los segundos actores en ejercer, respaldar o continuar ataques contra los periodistas que se registraron mayormente en el espacio digital, a través de publicaciones en la red social Twitter y notas acusatorias y difamatorias en portales pro oficialistas como Lechuguinos, Misión Verdad y La Tabla.

En 2021, estos partidarios del oficialismo fueron mencionados como victimarios en un total de 38 ocasiones. Preocupa que casi todas estas restricciones fueron ejercidas por figuras relacionadas con la campaña en defensa de Alex Saab, empresario colombiano acusado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro.

Roberto Deniz, de Armando.info, fue el periodista más afectado por estos actores. Incluso las hordas digitales posicionaron en dos momentos del año etiquetas en Twitter para desacreditar el trabajo investigativo de Deniz, además de atacar y acosar a su familia. Estas acciones coordinadas, y en gran parte automatizadas, integran una serie de actos persecutorios contra el reportero posterior a que dejara en evidencia el entramado de corrupción entre Alex Saab, el gobierno venezolano y otras figuras.

Pero Deniz no fue el único señalado por estos agresores digitales. El director del portal investigativo Armando.info, Ewald Scharfenberg y su familia, así como las periodistas Amy Torres y Carla Angola se sumaron a la lista ya integrada por los medios EVTV, El Nacional, Armando.info, IPYS Venezuela y su directora Marianela Balbi.

Fuera de las persecuciones discursivas vinculadas a la campaña de Alex Saab, otros medios como Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y Transparencia Venezuela, además de las periodistas Luz Mely Reyes, Ibéyise Pacheco, Gregoria Díaz y Erika Hernández, fueron criminalizadas y víctimas de ataques, señalamientos y hasta mensajes misóginos que en muchos casos se convirtieron en campañas de agravios con la participación incluso de funcionarios públicos.

En todas las publicaciones contra los trabajadores de la prensa predominaron los mensajes con un claro señalamiento de culpabilidad por supuestos actos delictivos o merecedores de penas legales. Este proceder de los simpatizantes oficialistas articulados con otros actores del gobierno no hace más que socavar las bases democráticas y la reputación de los periodistas y los medios de comunicación.

En el contexto tradicional los seguidores oficialistas también intimidaron y agredieron a reporteros sobre todo en el Área Metropolitana de Caracas donde se vio limitada la labor de David Rodríguez, Rosalí Hernández y Rayber Alvarado en distintos momentos del año.

Agresores no identificados

En muchas oportunidades por la naturaleza de las limitaciones a las que se enfrentan los medios y los periodistas, no es sencillo identificar los victimarios que ejercen tales acciones. Sobre todo en el espacio digital es más complejo determinar qué actores específicos llevan a cabo los ataques de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés), o los hackeos a cuentas en redes sociales de comunicadores y medios.

Durante el último año la actuación de estos victimarios que no pudieron precisarse fue importante, sobre todo porque se ubicaron como los terceros más registrados en las violaciones, citados en al menos 25 oportunidades. 

El portal del medio TalCual fue la víctima con más registros ejecutados por actores desconocidos que atacaron en tres oportunidades a la página web del medio. Los primeros dos eventos sucedieron en el mes de enero de 2021 en medio de una serie de ataques contra medios de comunicación por las autoridades venezolanas y los seguidores chavistas.

El 8 de enero el portal de TalCual registró el primer incidente que impedía el ingreso de los lectores a los contenidos del sitio web. Víctor Amaya, editor en jefe del medio, contó en ese momento a periodistas de LatAm Journalism Review (LJR) que el ataque había sido registrado desde servidores en Suiza. Sin embargo, es cierto que los atacantes pueden cambiar sus ubicaciones digitales con el uso de VPNs, escenario que pone en duda el verdadero origen de las agresiones. A pesar de esto, el portal llegó a registrar más de 30 mil visitas que luego se elevaron a 100 mil y 200 mil colapsando al servidor en cuestión de minutos.

Tres días después, el 11 de enero, el medio volvió a ser objeto de un ataque pasadas las 6:40 de la tarde que impedía el acceso a los lectores y ralentizaba la carga de contenidos. Amaya señaló al LJR que ese nuevo ataque había sido registrado desde los servidores de la estatal Cantv puesto que “Cloudflare te dice de dónde están viniendo las visitas y estaban registrados como desde Caracas, como servidores de CANTV. Fueron 10 mil solicitudes en un segundo. Ralentizó el sitio, pero no nos sacó de línea” dijo el periodista.

El 13 marzo el portal fue nuevamente víctima de un ataque de DDoS que los llevó a estar sin actividad a través de su dominio y a activar los mecanismos de protección. En ese momento desde el medio notificaron que continuarían la difusión de información a través de las redes sociales.

Otros portales de noticias igualmente vivieron episodios similares de ataques de DDoS y vulneraciones a sus protocolos de seguridad. Punto de Corte, Qué pasa en Venezuela, Runrunes y el Servicio de Información Venezuela (SIV) fueron algunos.

En redes sociales los medios y periodistas fueron perjudicados por hackeos o intentos de robo de cuentas. Bajo esta modalidad IPYS Venezuela documentó episodios contra la página oficial de VPItv en Facebook, así como a la cuenta personal de la periodista Karla Salcedo Flores, directora del medio Impacto Venezuela. 

La suplantación de identidad también fue otro mecanismo aplicado contra la prensa que afectó las funciones de Impacto Venezuela en Instagram, Radio Fe y Alegría en el estado Apure y de los periodistas Roberto Deniz y Román Camacho en Twitter y Whatsapp, respectivamente. En todos estos episodios fueron evidentes las dificultades para identificar los actores intelectuales de tales limitaciones.

Proveedores de la censura

Las prestadoras del servicio de internet Cantv, Movistar, Digitel, Inter, Supercable y NetUno figuraron en 2021 como ejecutores de bloqueos a portales informativos en el país. El alcance de la mayoría de estas empresas a todo el territorio nacional las ubica como actores claves en todo el entramado de censura que se vive en Venezuela. 

A lo largo del año y de forma insistente estos victimarios que fueron señalados en al menos 23 oportunidades limitaron a medios de comunicación como NTN24, VivoPlay, VPItv, Noticia al Día, Armando.info, Efecto Cocuyo, La Patilla, Alberto News, Caraota Digital, Monitoreamos, Aporrea, 2001, EVTV, Infobae, El Tiempo de Colombia, Noti-tarde, Telesur Libre y otros dominios de portales de información de interés público, y coartaron el derecho de acceso a la información que tienen los ciudadanos en el país. 

La ejecución de estas restricciones se lleva a cabo en medio de una libertad de prensa mermada sobre todo en los medios tradicionales, los cuales viven las restricciones y amenazas de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), así como la crisis económica que ha desmejorado y asfixiado no solo el alcance sino las posibilidades de contenidos diversos en sus parrillas de programación.

Información cercada

Las gobernaciones y sus dependencias y los directivos de medios de comunicación ocuparon la quinta y sexta posición entre los victimarios de la censura en Venezuela. Mientras que los funcionarios de gobernaciones y hasta los mismos mandatarios regionales fueron mencionados al menos 15 veces por los periodistas, los directivos de medios fueron ejecutores de acciones de censura en 14 momentos.

Los funcionarios de las gobernaciones, incluyendo a mandatarios como Rafael Lacava, gobernador de Carabobo; Edwin Rojas, ex gobernador del estado Sucre y Cosme Arzolay, ex gobernador encargado de Monagas, figuran como responsables de casos donde predominaron los actos de intimidación, las amenazas de procesos legales o administrativos, la destrucción o revisión de equipos y materiales relacionados con el trabajo periodístico, las restricciones de acceso a la información y los insultos y descalificaciones contra periodistas, las cuales fueron aplicadas mientras los reporteros ejercían coberturas de calle o producto al abordaje de denuncias ciudadanas.

Por su parte los directivos de medios de comunicación predominaron por ejercer acciones de censura interna contra programas principalmente de estaciones radiales así como de televisoras regionales. Tales hechos quedaron registrados en los estados Falcón (4), Barinas (4), Vargas (1), Zulia (1), Amazonas (1), Lara (1) y el Área Metropolitana de Caracas (2).

Los espacios y periodistas afectados por estas medidas fueron Miguel Salazar y sus programas «Las Verdades de Miguel» y «Las Verdades de Miguel TV» los cuales eran transmitidos por Z 100.3 FM en Vargas y Canal i en el Área Metropolitana de Caracas.

Alexandra Torres y su programa «Entérate» en Oye 90.9 FM en Zulia, al igual «Despertó Amazonas» en Melquisedec 99.1 FM, conducido por Manuel Ramírez en Amazonas igualmente recibieron la orden de apagar sus micrófonos.

Preocupa que durante 2021 las acciones de censura contra programas de información y opinión en los estados Falcón y Barinas cobraron varios espacios aumentando de esta manera los desiertos informativos y minimizando la pluralidad de contenidos disponibles para los ciudadanos.

En cada una de estas regiones IPYS Venezuela registró el cierre de cuatro programas de información u opinión por orden de sus directores. Las medidas de silencio se ejecutaron entre los meses de septiembre y diciembre y en muchos de los casos las razones fueron por temor a represalias de Conatel o actores políticos locales en el marco de la campaña y las elecciones regionales y municipales de noviembre.

El programa «Lo de Hoy es Noticia» del periodista Edecio García Sosa que era transmitido por Barinas TV; «Magazine Play» y «Sabaneta Noticias» espacios conducidos por Lender Durán y Roger Castellanos, respectivamente, que salían al aire por Play 101.1 FM; y «La mejor Barinas» que se transmitía por Emoción 98.1 FM conducidos por Juan Carlos Lozada y el ex candidato a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano fueron sacados de las programaciones de sus medios.

Mientras tanto en Falcón otros cuatro espacios no volvieron a transmitirse en el mes de octubre. Los mismos fueron «Dígalo ahí», transmitido por Clássica 107.3 FM; «La opinión de los demás», de Fiesta 106.5 FM; y «El Magazine Mundial» que salía al aire por FM Mundial 93.7 al igual que el programa «A dos voces» conducido por Lourdes Sánchez y Néstor Landaeta.

El cierre de programas informativos ha desencadenado en muchas regiones del país que la población esté menos enterada de los hechos de interés público que acontecen a su alrededor. IPYS Venezuela en reiteradas oportunidades ha exigido al Estado venezolano que cese sus acciones censoras e intimidatorias que han desencadenado con el transcurrir del tiempo un gran ambiente de silenciamiento y autocensura.

Delincuencia contra la expresión

La delincuencia organizada continúa siendo un importante grupo de victimarios contra los medios de comunicación, principalmente los tradicionales, los cuales dependen de una gran y costosa infraestructura que puede ser muy atractiva para los antisociales sobre todo por los altos ingresos que pueden obtener revendiéndola en el mercado negro.

Constantes han sido las denuncias de las directivas de emisoras radiales y televisoras ante los cuerpos policiales y militares para que garanticen seguridad a los medios tradicionales, especialmente en las zonas en que se localizan sus antenas repetidoras y transmisoras. Sin embargo, hasta ahora no hay plena evidencia de los dispositivos de seguridad para proteger estas instalaciones, y los medios tradicionales continúan siendo un objetivo fácil para la delincuencia.

Reflejo de esta realidad fueron los robos a las diferentes emisoras del circuito Radio Fe y Alegría en al menos cinco estados, principalmente del oriente del país. En esta región se contaron al menos seis incidentes que afectados a tres emisoras, Radio Fe y Alegría 940 AM en Anzoátegui durante tres oportunidades, Radio Fe y Alegría 103.1 FM en Bolívar con dos incidentes, mientras que Radio Fe y Alegría 105.9 FM en Monagas y el dial 620 AM en Apure reportaron un hecho cada uno donde se vieron afectados equipos estratégicos de las estaciones.

En Amazonas, las emisoras y televisoras igualmente quedaron desconectadas en varias oportunidades por el hurto de cableado y equipos importantes para sus transmisiones en la región. Raudal Estéreo 92.9 FM, y los canales Amavisión Canal 7, VTV y Televen han quedado fuera de servicio de forma reiterada en la entidad por los mismos sabotajes a las antenas. Incluso Venevisión reportó un robo a su estación de transmisión en Puerto Ordaz, estado Bolívar que la llevó a perder su señal en zonas de Puerto Ordaz y San Félix.

Pero los ataques de la delincuencia organizada no fueron exclusivos para medios de comunicación, los reporteros de sucesos Daniel Quintero, Román Camacho y David Glock denunciaron amenazas de muerte por parte de antisociales de la Cota 905, en Caracas, quienes fueron a buscar a Quintero en los alrededores de su vivienda para “picarlos” junto a Camacho y a Glock.

Un escenario similar fue vivido por el locutor Magno Barros en Amazonas mientras se encontraba transmitiendo su programa «Waka Noticias», en Marawaka 103.1 FM. El también abogado tomó la decisión de sacar la conversación con el hombre que se identificó como miembro del Frente 43 del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al aire mientras este lo amenazaba con llevar a cabo “hechos de sangre” contra su familia.

Agentes ministeriales del silencio

Las instituciones dependientes de los Ministerios también tuvieron actuaciones restrictivas contra los medios de comunicación. Durante el año destacaron los casos de la confiscación de equipos del medio digital VPItv en Caracas, así como la aplicación de una sanción administrativa contra Diario Panorama en Zulia, por una comisión del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), órgano perteneciente al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio exterior.

Los directores de instituciones de salud fueron otros actores de limitaciones contra los reporteros. IPYS Venezuela documentó casos en Caracas y el estado Barinas donde los periodistas fueron intimidados y obstaculizados para ejercer su labor informativa.

En este renglón, el periodista de investigación Roberto Deniz también sufrió un ataque directamente del ex canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza luego que la organización Espacio Público denunciara la persecución discursiva digital contra el reportero. 

El poder de la censura

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) nuevamente tuvo un protagonismo durante 2021. En este tiempo la institución estatal ejecutó el cierre de nueve emisoras de radio y continuó ejerciendo presiones internas contra directivos de medios para que estos censuraran a periodistas y a espacios de información y opinión.

Genial 89.9 FM, Astro 97.7 FM y Kalor 101.9 FM en el estado Portuguesa, Aragua Mágica 88.1 FM en Aragua, Radio Vea 100.7 FM en Falcón, Selecta 102.7 FM en Zulia, Zeta 103.5 FM en el estado Miranda, Metrópolis 88.3 FM en Anzoátegui y Monumental 94.1 FM en Barinas son las emisoras que cerraron sus micrófonos por órdenes de la Comisión. Estos espacios dejaron tras de sí un incremento de los desiertos informativos en sus localidades, la eliminación de espacios con información de interés público y el desempleo de muchos trabajadores.

Los espacios informativos incómodos para el Estado también son objetivo de la Comisión, reflejo de ello fue la suspensión de los programas «Punto de Corte Radio» del medio digital Punto de Corte, que se transmitía por Radio Fe y Alegría 1390 AM y 105.7 FM en la ciudad de Caracas, al igual que «Noticiero Impacto» y el programa de opinión «La Barinas que queremos» de la emisora Impacto 107.1 FM en la ciudad de Barinas luego que la Conatel realizara una inspección al medio el 30 de noviembre, posterior a los comicios electorales.

En la última posición de los 10 victimarios de la libertad de expresión en Venezuela se ubicaron los integrantes de la Asamblea Nacional. Estas acciones fueron predominadas por los diputados Diosdado Cabello con cuatro menciones, quien además de ser el número dos del chavismo, también figura como primer vicepresidente del PSUV; con la misma cantidad de casos se ubicó el diputado por el estado Anzoátegui, José Brito; y luego le siguieron Mario Silva (2) y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional con una mención de ataque en nuestro registro.

Es preocupante que aún en medio de las recomendaciones que han realizado organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las sugerencias de los países miembros de la ONU a través del Examen Periódico Universal (EPU), las autoridades venezolanas persisten en ejercer su poderío y accionar censor contra las múltiples voces y los actores que disienten de sus políticas.

IPYS Venezuela recuerda al Estado y a todos sus funcionarios que la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos universales garantizados en la Constitución de la República y en otras normativas internas. Esta organización también recuerda que es obligación de las instituciones públicas proteger la labor informativa y promover ambientes de paz entre los actores que confluyen en el país. La libertad de expresión y el derecho a informar no son delitos.

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