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Abusos de poder silenciaron denuncias ciudadanas

En 2015 Venezuela afrontó doce meses de obstáculos para el ejercicio del periodismo dentro de un clima de hostilidad. Los ciudadanos sortearon el silencio para informarse de manera adecuada y tomar decisiones responsables

Lea también Balance primer cuatrimestre de 2016

 

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Informe Anual 2015 IPYS Venezuela

Un año de conflictos

Los principios constitucionales en materia de libertad de expresión se desdibujaron en la sociedad venezolana. Las garantías se han debilitado y se impuso la posición dominante de las autoridades estatales para restringir la libertad de expresión. Tomaron fuerza las órdenes de censura, las acciones agraviantes, las tácticas para infundir el miedo, medidas que surtieron un efecto inhibidor entre medios, periodistas, activistas de DDHH y ciudadanos.

Así fue el año 2015 en Venezuela. Doce meses conflictivos para el ejercicio del periodismo y un periodo en el que los ciudadanos tuvieron que sortear el silencio para informarse de manera adecuada y tomar decisiones responsables.

En este periodo se mantuvieron las agresiones de calle, los ataques a medios y periodistas. Se acentuaron las medidas de censura, el ocultamiento de cifras oficiales y las acciones de criminalización contra periodistas y defensores de DDHH, principalmente.

Ante este panorama, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela cree que es urgente que el Estado venezolano se aboque a ofrecer mejores condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, y garantizar que los periodistas y medios de comunicación puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones.

Es indispensable que las actuaciones de actores estatales y no estatales se enmarquen en las garantías constitucionales que establecen un proceso de comunicación libre, plural e independiente para todos los ciudadanos.

De esta realidad compleja da cuenta IPYS Venezuela en este informe, basado en todas las alertas emitidas por esta organización durante 2015, y de acuerdo a una estructura de categorías ubicadas en los estándares internacionales de libertad de expresión y acceso a la información, arraigadas a la Constitución venezolana.

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Panorama 2015

Entre enero y diciembre de 2015, IPYS Venezuela registró 391 casos que acumularon 576 violaciones a la libertad de expresión. Estos hechos comprendieron 214 agresiones físicas contra periodistas y ataques a medios de comunicación, 195 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, 84 limitaciones de acceso a la información pública, 38 agresiones con el uso de normas vigentes, 31 casos de censura interna en los medios de comunicación, 8 casos vinculados a normas que dificultan la expresión y 6 incidentes de censura previa.

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Del total de los casos registrados en 2015, 68% -es decir, 265- se vincularon a los poderes públicos. El principal victimario fue el poder ejecutivo, que sumó 187 casos de violaciones a la libertad de expresión, mientras que el poder legislativo le siguió con 57, el poder judicial con 11, y el poder electoral con 10.

Por tercer año consecutivo los ministerios y organismos gubernamentales, así como los cuerpos policiales, militares y de inteligencia protagonizaron la mayor cantidad de violaciones a la libertad de expresión. De esta manera, se mantuvo así un carácter restrictivo que dificultó a los periodistas y activistas de Derechos Humanos cumplir con sus funciones de investigación y denuncia.

Las acciones legales, las amenazas y los señalamientos discriminatorios fueron constantes desde los espacios del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), contra quienes ejercen el periodismo dentro y fuera del país. Estas acciones de criminalización televisada fueron lideradas por altas autoridades del Estado y funcionarios públicos.

El uso abusivo del poder del Estado y las constantes restricciones al acceso a la información de interés público condicionaron el ejercicio del periodismo en Venezuela a lo largo de 2015, año en el que los ciudadanos escogieron a sus representantes legislativos para la Asamblea Nacional (AN).

IPYS Venezuela registró 195 alertas sobre uso abusivo del poder estatal que vulneraron la libertad de expresión y el derecho a la información. Esta cifra comprende 61 declaraciones agraviantes, 33 limitaciones relacionadas a la compra de papel periódico y otros insumos para la impresión, 33 que involucran la acción directa de cuerpos de seguridad del Estado, 22 casos en los que hubo un uso sistemático de medios estatales para agraviar a periodistas y activistas de Derechos Humanos (DDHH), 20 detenciones arbitrarias y 13 campañas de agravio.

RESPONSABILIDAD ESTATAL Y USO ABUSIVO ESTATAL

Los ministerios y organismos gubernamentales (77) y los cuerpos de seguridad estatal (70) estuvieron involucrados en 38% de los casos registrados. Por tercer año consecutivo, estos actores mantuvieron un carácter restrictivo que obstaculizó las libertades informativas de los periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos.

En este periodo hubo 54 violaciones a la libertad de expresión cometidas por representantes de la gestión anterior de la Asamblea Nacional, dominada por diputados de la bancada oficialista. Otras restricciones provinieron de los consejos legislativos de distintos estados del país (50), de simpatizantes oficialistas (33), de gobernaciones y dependencias (21), así como de la Presidencia de la República (15), de parte de funcionarios de seguridad de instituciones públicas (12) y también de tribunales nacionales y locales (11).

Al mando de la censura

Entre los victimarios no estatales, los desconocidos mantienen el primer lugar con 41 casos. De este número, destacaron 12 alertas que vincularon la acción de grupos de delincuentes que obstaculizaron la labor de los reporteros en cobertura de calle. Otros victimarios fueron usuarios de redes sociales, trabajadores informales, presuntos empleados de empresas públicas y privadas, civiles que se encontraban en fila (cola) para comprar alimentos y productos de aseo personal, y manifestantes. En su mayoría, éstos fueron responsables de ciberagresiones, robos y ataques contra medios de comunicación.

En 2015 hubo acciones que vulneraron la libertad de expresión y que fueron ejercidas por directivos de medios de comunicación, quienes, principalmente, tomaron decisiones que derivaron en 31 casos de censura interna -dentro de los propios medios- en los que se les prohibía a los periodistas abordar temas sensibles a nivel político, económico y social del país. Según las denuncias que recibió IPYS Venezuela estas órdenes internas obedecieron, mayormente, al temor de los directivos de medios a represalias oficiales, que pudiesen afectar a la empresa.

Otras violaciones involucraron la actuación de seguridad privada (6), simpatizantes opositores (2), medios de comunicación (1), representantes de instituciones deportivas (1) y organización pro oficialista (1).

VICTIMARIOS

Los periodistas continuaron siendo los más afectados ante las violaciones a la libertad de expresión. Contra ellos, IPYS registró 196 casos, que corresponde a 50% de los incidentes que ocurrieron a lo largo de 2015. En segundo lugar se ubicaron los señalamientos y amenazas en contra de activistas de Derechos Humanos (72). Se contabilizaron restricciónes contra directivos de medios de comunicación y jefes de redacción (61 casos), mientras que los reporteros gráficos mantuvieron la misma cifra de 2014 (43 alertas). Ciudadanos también se vieron afectados por estas violaciones (16), locutores (15), corresponsales extranjeros (8), camarógrafos (7), conductores de TV (4), editores (4), articulistas (2), caricaturistas (2), transportistas (2), funcionarios públicos (1), productores (1) y líder social (1).

VICTIMAS

En estos casos se vieron afectados 197 empresas de medios e instituciones de gestión de comunicaciones y telecomunicaciones, así como 453 periodistas, activistas de DDHH y trabajadores de medios de información privados, estatales, comunitarios y extranjeros. De ellos, 282 fueron hombres y 136 mujeres.

En este contexto, se vieron afectados 392 medios privados, 41 medios extranjeros, 22 medios estatales y 14 medios independientes. Entre los independientes, los impresos, que acumularon 195, es decir la mitad del total de casos registrados en el año, fueron los más afectados. Se dirigieron también acciones en contra de medios digitales (82), televisoras (74) y radioemisoras (32).

Llamó la atención que luego de los medios impresos el sector con mayor ataques fue el de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Derechos Humanos, que acumularon 101 casos, con 25% de los incidentes. En contra de ellos se reportaron principalmente acciones de intimidación y declaraciones agraviantes por parte de autoridades públicas.

Conflictividad en el contexto electoral

Los meses en los que se registraron los índices más altos de violaciones a la libertad de expresión fueron, junio (46) y diciembre (44). Justamente, estos periodos coincidieron con las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y las elecciones parlamentarias que se celebraron el 6 de diciembre de 2015.

Al menos 64% del total de incidentes contabilizados en todo el territorio nacional se focalizó en 6 entidades que mantuvieron conflictos sociopolíticos a lo largo de 2015, la mayoría con gobiernos de tendencia oficialista. Entre las entidades de mayores registros estuvieron el Área Metropolitana de Caracas con 163 casos, Monagas y Táchira con 21 -cada uno-, Aragua con 17, Zulia con 15 y Carabobo (14).

De enero a diciembre de 2015, se reportaron, además, incidentes en: Lara (10), Apure (9), Mérida (9), Falcón (8), Bolívar (7), Miranda (7), Sucre (7), Barinas (6), Vargas (6), Anzoátegui (5), Trujillo (5), Cojedes (3), Delta Amacuro (3), Portuguesa (3), Yaracuy (2), Amazonas (1), Guárico (1) y Nueva Esparta (1).

VIOLACIONES POR ENTIDAD

Este registro indica que las violaciones a la libertad de expresión se repartieron en los 24 estados del país, a diferencia de los años 2014 y 2013, cuando se registraron violaciones en 14 y 22 estados, respectivamente, en base al seguimiento permanente y continuo que realiza esta organización.

A lo largo de 2015 también ocurrieron 32 casos en el entorno digital. Hubo 15 casos que afectaron todo el territorio nacional, de ellas 13 estuvieron vinculadas a decisiones gubernamentales y 2 al poder legislativo.

Hechos que marcaron pauta

El ocultamiento de cifras e informaciones oficiales marcaron el año 2015. Entre las restricciones al acceso a la información pública, preocuparon las omisiones ante la no publicación por parte del Ministerio de Salud (MPPS) de los boletines semanales que dan cuenta de la situación epidemiológica nacional. Asimismo, las limitaciones a la documentación pública, dado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no publicó las cifras de pobreza desde el segundo semestre de 2013.

Igualmente, se registró la deuda informativa del Banco Central de Venezuela que no rindió cuentas, a lo largo de los 12 meses de 2015, acerca del comportamiento de los indicadores económicos. Predominaron también los procedimientos y acciones administrativas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que no se correspondieron con las obligaciones constitucionales y de estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

También destacó la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI) que obligaba a firmar a los corresponsales extranjeros una carta de compromiso como requisito para cubrir las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y el hecho de que ellos debían aceptar que se les revocara la credencial si el Estado consideraba que violentaban los principios “del proceso democrático”.

En los últimos cuatro años, IPYS Venezuela ha registrado un incremento continuo en el número de casos. Se contaron 200 alertas en 2012; 284 en 2013; 341 en 2014 y 391 en 2015. Estas cifras, además, reflejan que 1016 casos de violaciones a la libertad de expresión e información han ocurrido durante la gestión presidencial de Nicolás Maduro desde que asumió la presidencia en calidad de encargado (enero-marzo de 2013) y luego desde que ganó las elecciones presidenciales (desde abril de 2013 hasta diciembre de 2015).

Según los registros históricos que mantiene IPYS Venezuela, desde 2002, se ubica al año 2015 como el de mayores conflictos en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

En los últimos cuatro años, IPYS Venezuela ha registrado un incremento continuo en el número de casos. Se contaron 200 alertas en 2012; 284 en 2013; 341 en 2014 y 391 en 2015. Estas cifras, además, reflejan que 1016 casos de violaciones a la libertad de expresión e información han ocurrido durante la gestión presidencial de Nicolás Maduro desde que asumió la presidencia en calidad de encargado (enero-marzo de 2013) y luego desde que ganó las elecciones presidenciales (desde abril de 2013 hasta diciembre de 2015).

Acceso negado

En 2015 se mantuvo una política de mutismo para silenciar las informaciones que los ciudadanos tienen derecho a saber, esta actitud ha predominado en los últimos 3 años. Con 84 violaciones de acceso a la información pública, éste fue un año marcado por limitaciones de hecho a la cobertura de asuntos de interés público, que restringieron la libertad de expresión. IPYS Venezuela registró 37 limitaciones arbitrarias de acceso al lugar, en su mayoría a medios privados (29) por parte de actores estatales, específicamente de funcionarios de seguridad de instituciones públicas (10) y de cuerpos de seguridad del Estado (19). Las entidades con mayores restricciones al acceso a la información pública fueron el Área Metropolitana de Caracas (11), y los estados Monagas (6) y Mérida (3).

Fue una constante el hecho de que altos funcionarios del poder ejecutivo negaran información a los periodistas en relación a la atención médica en los centros penitenciarios del país, los índices de criminalidad, y hechos de corrupción que pudiesen involucrar a funcionarios del Estado.

Otra de las limitantes que afectó las garantías periodísticas en 15 medios privados fue la inseguridad evidente que afecta a los periodistas para realizar cobertura en la calle. Por lo menos 18 de las violaciones ocurrierron por hostilidad del gobierno a través de los cuerpos de seguridad del Estado (16), específicamente, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), durante la cobertura de hechos noticiosos relacionados con la adquisición de alimentos y productos del hogar y aseo personal.

Estas acciones impidieron que periodistas, reporteros gráficos y reporteros ciudadanos recopilaran material periodístico. Este fue un patrón que empezó a surgir en diciembre de 2014 y se mantuvo durante los 12 meses de 2015.

Otros impedimentos recurrentes se dieron durante la cobertura informativa en marchas del sector oficial, protestas en la frontera colombo-venezolana y a lo largo del contexto electoral. También fueron una constante durante la cobertura de la fuente de sucesos, en la sede de la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses, conocida como la morgue de Bello Monte, y en diversos centros penitenciarios del país.

La hostilidad de grupos sociales -representados por simpatizantes oficialistas, funcionarios de seguridad privada y personas no identificadas- también obstaculizó la labor periodística en siete oportunidades a las afueras de establecimientos comerciales ante largas filas (colas) de personas, en rueda de prensa de personalidades de sectores políticos de oposición y en el proceso de las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estos hechos ocurrieron en distintas entidades: Área Metropolitana de Caracas (2), Falcón (1), Apure (1), Cojedes (1), Lara (1) y Carabobo (1).

Las restricciones de acceso a la documentación pública oficial (9), no pasaron desapercibidas durante 2015. Entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Salud no publicó en su portal web los boletines semanales en el que resume la situación epidemiológica nacional. De acuerdo con la información en línea, el fin de la publicación de estos informes semanales permite “la construcción de indicadores de procesos, productos y mediación inmediata de impacto social”. Para el momento de esta publicación, no se encuentran disponibles estas publicaciones en la página web de este ministerio.

Igual ocurrió con el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, que a lo largo de 2015 no publicaron los balances semanales del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que debían informar sobre la situación de inflación, escasez y diversidad de productos básicos disponibles en el mercado.  El 15 de enero de 2016, el BCV publicó los boletines correspondientes al período septiembre de 2014-septiembre de 2015, y para el 30 de abril de 2016, se encuentran publicados los boletines de las primeras siete semanas de 2016.

No solo los ministerios y sus dependencias obstruyeron el acceso a la documentación de interés público durante 2015. También los cuerpos de seguridad del Estado incurrieron en esta restricción. Así ocurrió con la Policía del Estado Monagas, que dio órdenes a sus funcionarios de prohibir a los periodistas el acceso a los libros de registros de emergencias del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar (Humnt) de Maturín, donde usualmente los reporteros de la fuente de sucesos consultan los datos acerca del número de heridos o fallecidos que ingresan al principal centro asistencial de ese estado.

El día de la jornada electoral ocurrió la mayor cantidad de incidentes relacionados con las restricciones de acceso a la información pública. Se reportaron 14 casos por obstáculos que impusieron funcionarios del Plan República (13) y la Policía Nacional Bolivariana (1) en el Área Metropolitana de Caracas, Monagas, Mérida, Zulia, Carabobo, Sucre, Lara y Aragua.  

Según el informe Mutismo en la antesala electoral, presentado por IPYS Venezuela junto al Observatorio Electoral Venezolano (OEV) de cara a las elecciones parlamentarias, preocuparon las restricciones al acceso a la información pública y la imposición de la desinformación como estrategia política, pues se hizo recurrente que las autoridades estatales, algunas de ellas el Consejo Nacional Electoral (CNE), se negaran a responder las preguntas de los trabajadores de la prensa con relación a los comicios electorales a celebrarse en esa fecha (6 de diciembre de 2015).

Los resultados preliminares del Estudio 2015 de Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela destacan que 68% de los periodistas encuestados señaló haber tenido limitaciones de diversas fuentes de información, en el periodo previo a la campaña electoral. Los candidatos a las parlamentarias y dirigentes políticos también se negaron a ofrecer información, según el 52% de los periodistas que participaron en la consulta.

Órdenes de silencio

Las órdenes de censura previa (6) dirigidas por el Estado venezolano fueron diversas. Estas decisiones de los poderes públicos implicaron la supresión de expresiones en redes sociales, la prohibición de la difusión de telenovelas sobre narcotráfico y la difusión de propagandas electorales. En este contexto, también se produjo la suspensión de las transmisiones y la confiscación de la señal de la televisora parlamentaria, Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV) y el  cierre temporal del diario La Verdad de Vargas como consecuencia de la cobertura de un caso de corrupción.

El informe de 2015, Periodismo en arenas movedizas, presentado por IPYS Venezuela, y que midió la percepción de 227 periodistas y trabajadores de medios en torno a la censura y autocensura en el país, reveló que los encuestados atribuyen al Estado la imagen de principal censor en Venezuela.

Según los resultados del estudio, los consultados percibieron que los poderes públicos emitieron órdenes expresas de censura que afectaron los derechos ciudadanos a la libre expresión y a estar informados. En él se expone que, al igual que en el 2014, el poder ejecutivo, con 24%, se ubicó como el principal “silenciador de la labor informativa”, le siguió el poder legislativo con el 15%, el poder judicial con el 12%, el poder electoral con el 6% y el poder moral con el 4%.

Hostilidad oficial

El discurso oficial estuvo caracterizado por mensajes agraviantes y desafiantes de autoridades públicas en contra de periodistas, medios de comunicación y activistas de Derechos Humanos que se encargaron de producir y difundir información que podría conducir a la crítica ciudadana.

Las declaraciones agraviantes vincularon en 14 oportunidades al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, fue responsable de 18 de estos hechos que comprendieron señalamientos, descalificaciones y amenazas contra sectores que se consideran disidentes.

declaraciones agraviantes

  Otras declaraciones vincularon a Tareck El Aissami, gobernador del estado Aragua (3), José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado Táchira (3), José Rafael Ávila, diputado del parlamento nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) (2), Earle Herrera, periodista y político venezolano (2), Delcy Rodríguez, ministra para las Relaciones Exteriores (2), Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, de la ciudad de Caracas (1), William Castillo, director de la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel) (1), Gustavo González López, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, (también director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y director del Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria) (1), Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional (1), Henry Ramos Allup, diputado por Acción Democrática para el momento y actual presidente de la Asamblea Nacional (1), Jorge Arreaza, Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (1), Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República (1), Henry Ventura, ex Ministro de Salud y actual Presidente de la Misión Barrio Adentro (1), Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional por el Psuv (1), entre otros.

Diosdado Cabello dirigió la mayoría de estas declaraciones, que mantuvieron un discurso de odio, a través del uso sistemático de los espacios de Venezolana de Televisión (VTV), principal canal del Estado, y que Ipys Venezuela y otras organizaciones de Derechos Humanos han señalado como un espacio utilizado para agraviar principalmente a periodistas y activistas de DDHH, aunque también a líderes opositores, empresarios, gremios y otras formas de organización de la sociedad civil.

A principios de 2015, esta organización mostró su preocupación ante estos constantes señalamientos y acusaciones agraviantes. Entre enero y agosto de 2015, el ex presidente del parlamento emitió acusaciones en contra de 578 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que calificó de irregulares.

En marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los funcionarios públicos venezolanos a abstenerse de hacer declaraciones que estigmatizaran a los defensores o que sugirieran que sus organizaciones actuaban de manera indebida o ilegal en el país.

Este exhorto vino acompañado de una medida cautelar que contempla medidas de protección para Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad  Social (OVCS), luego de que el 18 de marzo Diosdado Cabello mostrara una fotografía de Ponce y lo acusara -junto a otros defensores de DDHH- de “recibir órdenes” conspirativas e “instrucciones” “del Imperio” (en referencia a Estados Unidos).

La tribuna de la censura

IPYS Venezuela registró 38 alertas vinculadas a la agresión con el uso de normas de orden interno que vulneraron los principios constitucionales e internacionales de protección de la libertad de expresión. De esta cifra, 18 fueron amenazas de acciones legales, 10 acciones legales, 8 procedimientos administrativos por parte de Conatel y 2 amenazas de acciones administrativas por parte de autoridades oficiales.

Este uso de las normativas legales -con argumentos penales y civiles- tuvo un punto de inflexión ante la demanda judicial por difamación agravada que ejerció Diosdado Cabello, y que el tribunal aprobó en menos de un mes en contra de 22 directivos del diario El Nacional, el semanario Tal Cual, y el portal web La Patilla. Hecho que ocurrió luego de la reproducción de una información que publicó el diario español ABC, en la que se vinculó a Diosdado Cabello con el narcotráfico, para ese momento cumplía funciones como presidente del órgano legislativo, Asamblea Nacional (AN), y que reprodujeron los medios venezolanos demandados.

Esta demanda fue acompañda por una medida sustitutiva de libertad en contra de los demandados, y una prohibición de salida del país. IPYS Venezuela ha insistido en que este tipo de acciones le dan un aval judicial a los delitos de desacato, y a su vez trasgreden las obligaciones internacionales que ha asumido Venezuela en materia de libertad de expresión, específicamente ante Naciones Unidas.

Autocensura

En este contexto predominaron también las presiones internas en los propios medios de comunicación, lo cual influyó en la pérdida de autonomía de las líneas editoriales de algunos medios de comunicación, principalmente de Caracas, y las principales ciudades del país, entre ellas Zulia, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Barinas, Monagas y Falcón.

En estas entidades fueron recurrentes los casos de despidos arbitrarios a periodistas, luego de la cobertura de asuntos de interés público, así como también la publicación de noticias e investigaciones sobre conflictos sociopolíticos acerca de temas sensibles para el Gobierno Nacional, vinculados a hechos de violencia y criminalidad, conflictos con autoridades de gobierno, disputas con manifestantes violentos, escasez de alimentos y actividades vinculadas con el narcotráfico, según el registro de esta organización.

IPYS Venezuela registró 31 casos de censura interna, que comprendieron 12 despidos arbitrarios o cambios de rol de los periodistas -dentro de los propios medios de comunicación- vinculados a razones informativas. Por otra parte, en uno de los casos se alegó la culminación de contrato de uno de los periodistas por presiones externas que recibió el medio de comunicación desde el poder estatal.

AGRESIONES NORMATIVAS Y CENSURA INTERNA

Se registraron 11 hechos de censura por temor a represalia oficial, 4 por presión de los directivos del medio, 2 cambios de línea editorial ante nuevos propietarios de los medios, luego de ventas a empresarios, presuntamente, vinculados con el poder estatal. En esta coyuntura, IPYS Venezuela también registró 1 caso de autocensura, en el que un periodista decidió guardar silencio e inhibirse de realizar su labor informativa por presiones recibidas.

Los procedimientos judiciales registrados en 2015 respondieron a demandas por difamación contra periodistas, conductores de programas de televisión y medios de información (3), sanciones civiles contra medios impresos (1), investigaciones por presuntos casos de corrupción (1) y acciones por la difusión de mensajes que promueven la zozobra en el contexto del control cambiario (1).

Entre las alertas registradas, destacan las acciones legales emprendidas en contra de los comunicadores Sebastiana Barráez, Saúl Acevedo, Oswaldo Rivero, el dirigente político Henrique Capriles Radonski, y el impreso La Mañana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y los portales digitales La Patilla y Dólar Today.

Entre 2002 y 2015, IPYS Venezuela contabilizó 29 demandas por difamación e injuria, delitos tipificados en el Código Penal Venezolano y en el Código Orgánico Procesal Penal, pese a que éstos vulneran los estándares internacionales de libertad de expresión y la Constitución Nacional. Justamente, 28 de estas acciones fueron ejercidas por autoridades públicas y un empresario allegado al poder estatal.

Con estas acciones penales resultaron afectados 36 periodistas, dueños de medios y miembros de consejos editoriales. De este número, 22 afectados (es decir, 61%) responden a la demanda que ejerció Diosdado Cabello el 27 de enero de 2015.

En el Estudio 2015 Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación, Periodismo en arenas movedizas, justamente, IPYS Venezuela determinó, en una consulta a 225 periodistas, que 37% de ellos prefirió ser cauto y guardar silencio acerca de temas de interés público, debido a las amenazas de acciones legales, y que podría llevarlos a enfrentar procesos civiles o penales.

Los registros de 2015 de esta organización confirman este patrón. A lo largo de este año directivos de medios fueron responsables en 29 casos de censura interna. Ante estos hechos, periodistas, reporteros gráficos y coordinadores de medios denunciaron haber recibido órdenes expresas y sutiles de cambiar la redacción o términos específicos utilizados en una noticia o en algún otro trabajo periodístico para disimular o aminorar su impacto.

En el estudio de censura 2015 también se determinó que, de acuerdo a la percepción de los consultados, hubo escenarios concretos en los que se tomó la decisión de no publicar información, aun cuando los hechos eran comprobados y verificados. Estas decisiones partieron de la necesidad de proteger a sus fuentes de información (26%) y para no afectar a un inocente (25%).

La cobertura del narcotráfico se hace con cautela, un reporte que realizó IPYS Venezuela entre noviembre y diciembre de 2015, es una muestra de la situación de censura interna que prevaleció en los medios de comunicación. Esta investigación constató que al menos 35 medios tradicionales en 11 estados del país no publicaron en sus versiones impresas ninguna información en torno a la detención, por presuntos nexos con el narcotráfico, de los sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores, durante los dos primeros días posteriores al suceso.

Los registros de IPYS Venezuela a lo largo de 2015 recogieron diez despidos de periodistas que respondieron a situaciones que involucraron investigaciones de corrupción, conducción de programa de opinión, expresiones verbales y mensajes emitidos por redes sociales.

Uno de los casos que destacó, por la presunta participación de un funcionario público, fue el cierre técnico del diario La Verdad de Vargas. El despido de la periodista Génesis Arévalo, que antecedió el cierre de este rotativo por 24 horas, fue lo que determinó que el caso respondía a una violación a la libertad de expresión.

El 11 de junio, Arévalo fue despedida del diario La Verdad de Vargas luego de haber recibido presiones por la publicación de un trabajo de investigación que reveló irregularidades en la construcción de un estadio deportivo en Macuto, localidad de Vargas, al norte del país.

La periodista aseguró haber sido notificada de que el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, solicitó su despido a los directivos del impreso por la publicación del trabajo periodístico.

Salida del aire

Otra práctica que predominó en el desempeño del ejercicio periodístico fue el cierre de dos emisoras regionales, Infinita 90.9 FM y Morros 89.7 FM, en los estados Barinas y Guárico, respectivamente, por orden expresa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Se registró la participación directa de dueños y directivos, así como presiones por parte de actores externos, en la suspensión de 7 programas radiales: Actualidad informativa, El paraíso del Veguero, Arpa, joropo y contrapunteo, Mesa de análisis, Claro y sin Rodeos, Al son de la kalle y En pauta.

De acuerdo a la documentación que realizó IPYS Venezuela de cada uno de estos casos, estas acciones, en su mayoría, correspondieron a medidas administrativas de CONATEL, órgano que alegó la ilegalidad del manejo del espectro radioelétrico por parte del medio. Hubo también motivaciones propias de los medios de comunicación, en el cese de espacios informativos para evitar conflictos con el gobierno, de acuerdo a los testimonios recibidos. En el caso de algunos medios impresos (La Prensa de Monagas, El sol de Maturín, El Periódico de Monagas, El oriental y La verdad de Monagas) le dieron vacaciones colectivas a sus trabajadores por falta de insumos necesarios para la producción.

Durante 2015, la compañía Twitter, Inc. suspendió las cuentas personales de William Castillo, director de Conatel; Tareck William Saab, Defensor del Pueblo, y Mario Silva, conductor del programa televisivo La Hojilla, por presuntamente violar las políticas internas del microblogging. Para el momento de esta publicación, aún no se ha determinado la razón exacta de estas suspensiones.

Detenidos por informar

Los cuerpos policiales, militares y agentes de inteligencia participaron en 20 detenciones en contra de periodistas y reporteros gráficos durante el cumplimiento de sus funciones, 16 menos de las 36 registradas en 2014, cuando la mayoría de los casos ocurrieron durante el periodo de protestas civiles. Sin embargo, la cifra de 2015 es mayor al número de casos de 2013 durante momentos de tensión ante el fallecimiento del ex presidente venezolano, Hugo Chávez Frías y, posteriormente, durante la realización de elecciones presidenciales, se registraron 17.  

De 20 detenciones, 18 ocurrieron durante la cobertura de calle en protestas por exigencia de servicios públicos, hechos de colapso vial y detención de políticos. Uno de los casos emblemáticos fue la detención de la periodista Beatriz Lara Mendoza y del reportero gráfico Alfredo Parada, del diario El Aragueño, quienes fueron agredidos física y verbalmente por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Villa de Cura, estado Aragua.

La acción directa de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, cuerpo de seguridad estatal, se registró en 33 casos vinculados a amenazas de detención y confiscación de equipos, así como agresiones verbales y amenazas de persecución por la cobertura de calle y posterior difusión de informaciones.

En este contexto, también se vieron afectadas las fuentes de información luego de que representantes de distintos sectores productivos declararon a los medios de comunicación. En este contexto ocurrieron las detenciones arbitrarias de Luis Vásquez Corro, experto eléctrico del estado Lara, y Fray Roa, secretario general de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines (Fevelif), quienes fueron arrestados luego de hacer denuncias publicamente en torno a la crisis en el sistema eléctrico nacional y la presunta paralización de la industria cervecera.  

Vásquez Corro fue liberado 40 horas después. Roa continúa detenido y no se ha realizado el juicio por su caso.

Sin papel

Durante 2015, IPYS Venezuela recibió al menos 33 denuncias de impresos que presentaron problemas al momento de adquirir papel prensa y otros insumos para la impresión, como planchas fotográficas digitales y analógicas. Esta tendencia tuvo un comportamiento similar en el 2014, cuando se registraron 34 denuncias por esta misma situación. Desde agosto de 2013, cuando IPYS Venezuela comenzó a hacer este registro, al menos 41 empresas de medios de información han presentado fallas para imprimir sus ediciones impresas, de acuerdo a las denuncias que se han documentado.

Esta situación evidenció el uso abusivo del poder estatal a través de las funciones del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia, y único agente oficial autorizado para la compra con dólares preferenciales del Banco Central en mercados internacionales, así como la distribución nacional de papel y otros insumos que requieren los medios impresos.

Entre los impresos que presentaron fallas en el suministro durante 2015 estuvieron El Nacional, la revista Zeta, El Propio, de circulación nacional, y los regionales El Periódico de Monagas, La Verdad de Monagas y La Prensa de Monagas, del estado Monagas; El Informador y El Impulso, del estado Lara; Correo del Caroní y Notidiario, del estado Bolívar; La Opinión y Las Noticias de Cojedes, del estado Cojedes; Última Hora, de Portuguesa; El Siglo, del estado Aragua; La Nación, de Táchira, y Diario de Sucre, del estado Sucre.

De este grupo, el diario El Carabobeño fue el impreso que presentó el mayor número de denuncias, con cinco alertas en doce meses, y derivó en su cierre técnico el 18 de marzo de 2016. También se dio la suspensión definitiva de la revista Etcétera, encarte dominical de La Prensa de Monagas desde hace 14 años, y que cerró sus operaciones el 28 de febrero de 2016 de acuerdo a las denuncias que recibió IPYS Venezuela.

Los periódicos también se vieron forzados a cambiar de formato, por lo que debieron pasar de diarios a semanarios, tal es el caso de Tal Cual, con sede en Caracas, y el Correo del Caroní, que circula en el estado Bolívar. Estos dos medios denunciaron a IPYS Venezuela, en 2015, que además de la crisis con el papel periódico, el Estado les retiró la publicidad oficial.

Agresiones físicas

Las agresiones para el 2015 se mantuvieron como los principales hechos que afectan al periodismo venezolano. De enero a diciembre de 2015 se registraron 214, de las cuales 31 fueron de tipo físico, y cuyos responsables, en su mayoría, impidieron que periodistas, reporteros y reporteros gráficos ejercieran su labor. Entre los victimarios, tanto estatales como no estatales, destacaron los cuerpos de seguridad del Estado (9), los simpatizantes oficialistas (9) y personas desconocidas (7), de quienes no se pudo determinar su identidad, agregando estos casos a la impunidad que ha acompañado a este tipo de delitos.

También ocurrió que personal de seguridad de instituciones públicas, seguridad privada de establecimientos comerciales y simpatizantes opositores actuaran, en menor medida, contra la libre expresión y el ejercicio pleno del periodista.

La mayoría de estas violaciones sucedieron en la ciudad capital, seguidas de los estados Aragua, Zulia, Lara y Anzoátegui contra trabajadores de medios nacionales y extranjeros. Los ataques en casi todos los casos registrados se vincularon a intimidaciones por parte de grupos sociales, ataques contra las herramientas de trabajo por los cuerpos de seguridad del Estado (14), robo de equipos por desconocidos (11), confiscaciones (6) y detenciones arbitrarias (20).

También se registraron 89 casos de intimidación, de los cuales 47% ocurrieron en Caracas por victimarios estatales. Entre estos hechos, destacaron 11 amenazas de agresión física, que representaron un riesgo para la labor y la integridad física de los equipos reporteriles en Venezuela.

Restricciones en Internet

Durante 2015 se registraron 30 casos en los que hubo restricciones de la libertad de expresión en Internet. De estos casos, 2 correspondieron a fallas estructurales del servicio de proveedores de Internet (ISP) en Venezuela, que dificultó el proceso de comunicación entre los ciudadanos, y 28 se registraron como ciberagresiones. En relación a este último patrón, la mayoría de los hechos ocurrieron en plataformas de redes sociales.

De estos ataques en plataformas digitales, 12 tuvieron fines intimidatorios, 6 fueron mensajes de amedrentamiento, dos de amenazas de muerte por redes sociales, tres de suspensiones de cuenta en la red social Twitter, dos de ataques a portales web de noticias y dos de hackeos en Twitter. En su mayoría, los afectados fueron reporteros, directores y editores de medios digitales, así como también las empresas mediáticas. Entre los principales victimarios destacaron personas desconocidas (10). William Castillo, director de CONATEL, dirigió cinco de estas ciberagresiones, mientras que otras cinco fueron emitidas por personas identificadas como simpatizantes oficialistas.

En este año, las restricciones para que los ciudadanos accedieran a Internet se hicieron presentes, específicamente, los días previos a la jornada electoral, cuando se reportaron fallas de comunicación a través de plataformas digitales en distintos estados del país, que posteriormente fueron solventadas.

La Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela determinó que al menos en 13 estados del país se reportaron fallas y caídas en los servicios en el ABA de CANTV -principal proveedor de Internet del Estado- e Inter -ISP privado. Esto ocurrió entre el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre de 2015, dos días antes de las elecciones parlamentarias.

Entre los estados en los que se denunciaron caídas intermitentes y lentitud al momento de conectarse al servicio de Internet se encontraban: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Mérida, Miranda, Monagas, Lara, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia. Mientras que en Apure, Aragua, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia se reportó la suspensión completa del servicio de conexión digital.

CANTV, así como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), manifestaron que las denuncias sobre las fallas en el servicio de Internet eran falsas y alegaron que estaba en marcha un plan de “descrédito” y “desinformación” que intentaba ensombrecer el proceso electoral del 6 de diciembre de 2015.

Argumentaron que las fallas obedecieron a “las operaciones de desinformación practicadas a través de dispositivos mediáticos nacionales e internacionales y de las denominadas redes sociales, también empleadas en procesos electorales anteriores en Venezuela, y cuyo objetivo es generar zozobra e incertidumbre en la población, mediante la difusión de falsas informaciones, rumores, falsificación de imágenes, videos y otros recursos audiovisuales y sonoros”.

CANTV reconoció “las incidencias puntuales presentadas en algunas zonas del país” y aseguró que fueron “atendidas por personal técnico de la Empresa para solventar en el menor tiempo posible”. Aseguró, además, que “todas las redes de telecomunicaciones” estaban “siendo impactadas por el interés y uso masivo, a propósito del proceso electoral del 6 de diciembre”, por lo que se sugiería el uso racional del servicio.

CIBERAGRESIONES

Tendencias por estado

A lo largo de 2015, IPYS Venezuela registró restricciones a la libertad de expresión en todos los estados del territorio nacional. Al igual que en los últimos diez años, la entidad con mayores conflictos fue el Área Metropolitana de Caracas, donde ocurrió el 42% -de los 391 casos registrados en el año. Le siguieron Táchira y Monagas, estados que acumularon 11% de los incidentes, con 21 casos en cada entidad.

También hubo obstáculuso al ejercicio periodístico en Carabobo (14), Lara (10), Apure (9), Mérida (9), Falcón (8), Bolívar (7), Miranda (7), Sucre (7), Barinas (6), Vargas (6), Anzoátegui (5), Trujillo (5), Cojedes (3), Portuguesa (3), Delta Amacuro (3), Yaracuy (2), Amazonas (1), y en Nueva Esparta (1). A este registro se sumaron 15 decisiones restrictivas para la libertad de expresión que tuvieron incidencia a nivel nacional y 32 casos se dieron en las plataformas de Internet.

Basados en las 10 categorías de monitoreo, análisis e investigación de IPYS Venezuela, se pudo determinar diversas tendencias en 17 de los 24 estados del territorio venezolano donde está presente la Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela.

El uso abusivo del poder estatal y las agresiones físicas fueron tendencias en el Área Metropolitana de Caracas. En esta entidad los casos de abuso oficial en materia de comunicaciones representaron 28% de los registrados, con 110 casos. Estas actuaciones se han acentuado en los últimos tres años, debido a que en 2013 y 2014 ocurrieron 57 y 83 de este tipo, respectivamente. El número de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad estatal también aumentó en 54, 60 y 67 en el mismo período en el Área Metropolitana de Caracas.  

Entre tanto, en distintas regiones hubo un incremento de agresiones físicas. Así se evidenció en el estado Aragua, donde ocurrieron tres agresiones físicas en 2013, 12 en 2014 y 16 en 2015. Pasó igual en Carabobo, donde hubo 4 casos en 2013, 26 en 2014 y 15 en 2015.

El estado Bolívar fue particular. Aunque el comportamiento ha fluctuado a lo largo de los tres últimos años, IPYS Venezuela determinó que la dismimución de casos entre 2014 y 2015 no significa que hayan disminuido los conflictos en esta región. En 2013 ocurrieron 3 casos en este estado, en 2014 -en el contexto de las protestas ciudadanas y cambio de propiedad de medios- hubo 29 casos, y en 2015 se contabilizaron cuatro alertas. Este comportamiento evidencia el fenómeno de censura y autocensura que se ha impuesto en esta región.

Lara mantuvo un comportamiento similiar entre 2013 y 2015. Se reportaron 12 agresiones para 2013, en 2014 hubo ocho, mientras que en 2015 se reportaron 10.

En Falcón, para 2015, hubo un aumento en los casos de agresiones físicas (6) con respecto a 2013 (2) y 2014 (3). Al igual ocurrió en Apure, año en que se acentuaron las agresiones con 9 casos, cuando en 2014 se reportaron 5, dos más que en 2013.

INFORME IPYS 2105 INFO COMPLETA1

Lea también Balance primer cuatrimestre de 2016

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Abusos de poder silenciaron denuncias ciudadanas (0 descargas)

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Recomendaciones

Para propiciar un mejor contexto nacional en materia de libertad de expresión y derecho a la información, IPYS Venezuela sugiere a los actores estatales y no estatales entender el valor que tiene el ejercicio del periodismo para la democracia, y la posibilidad de construir una sociedad plural, libre y diversa, que se sustente en la auténtica deliberación pública.

En seis puntos planteamos los retos que tiene el país en materia de libertad de expresión:

  1. Proporcionar la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información y asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin procesos injustificados.
  2. Renovar el compromiso con la libertad de expresión y de opinión plural, garantizando la libertad de acceso a la información y medidas para combatir amenazas y ataques contra periodistas.
  3. Garantizar acceso oportuno y efectivo al acceso a la información pública.
  4. Intensificar sus esfuerzos por garantizar la libertad de expresión así como la seguridad de los periodistas en el país.
  5. Actuar para que el derecho a la vida y la integridad física sea efectivamente garantizada y todas las instancias del Estado y de los demás sectores de la sociedad respeten y protejan el derecho de toda persona a la libertad de expresión.
  6. Cumplir las obligaciones internacionales en justicia y libertad de expresión, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de Derechos Humanos.

Nuestra labor

Este informe se sustenta en el monitoreo continuo, la sistematización de los datos históricos, así como en las investigaciones a profundidad que ha realizado esta organización.

  1. Monitoreamos las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela.
  2. Nuestra guía son las categorías de monitoreo: limitaciones de acceso a la información pública, normativas y acciones legales que restringen la expresión, agresiones, ataques, uso abusivo del poder del estado, censura, autocensura e impunidad.
  3. Consultamos a fuentes oficiales y no oficiales. Cada caso se sustenta con el testimonio de los afectados.
  4. Nos apoyamos en nuestra Red Nacional de Corresponsales, que cubre 71% del territorio venezolano.
  5. Los registros se publican en el sistema de alertas que está disponible en www.ipysvenezuela.org
  6. Proponemos soluciones para prevenir violaciones de libertad de expresión.
  7. El trabajo de monitoreo se complementa con investigaciones de largo aliento.

Equipo de trabajo

Investigación y redacción

Génesis Obaya y David Matos

Dirección Ejecutiva

Marianela Balbi

Dirección de Libertades Informativas

Mariengracia Chirinos

Dirección de Comunicaciones

Maruja Dagnino

Infografías

Alimié Torres

Ilustración multimedia

Francisco Colmenares

Monitoreo y seguimiento

Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela

Anzoátegui: Andrés Astudillo

Apure: Miguel Cardoza

Aragua: Gregoria Díaz

Bolívar: Alba Perdomo y Clavel Rangel

Carabobo: Luis Alejandro Borrero

Falcón: Adriana Pérez Gilson

Lara: Keren Torres

Mérida: María Virginia Velásquez

Miranda: Dayana Rivas

Monagas: Ronny Rodríguez

Portuguesa: José Alejandro Brizuela

Sucre: Nayrobis Rodriguez

Táchira: Lorena Arráiz y Daniel Pabón

Trujillo: Raúl Segovia

Zulia: Ana Karolina Mendoza

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